La Contraloría pone bajo la lupa al sur de Córdoba: auditorías en La Apartada y San José de Uré encienden el debate por el manejo de recursos públicos
La llegada de la Contraloría General de la República al sur del departamento de Córdoba ha encendido los reflectores sobre el manejo de los fondos públicos en los municipios de La Apartada y San José de Uré, con especial atención en la gestión administrativa y contractual de la ESE CAMU La Apartada.
El organismo fiscalizador incluyó a estas entidades dentro de su nuevo ciclo de auditorías, desatando una alta expectativa ciudadana en torno a la revisión exhaustiva de cuentas, contratos y adquisiciones recientes.
El foco de mayor atención se concentra en el centro asistencial de La Apartada, administrado actualmente por la gerencia de Aura Morales Serpa, debido a denuncias públicas interpuestas por la comunidad sobre presuntas anomalías en procesos de contratación y compras de bienes.
Entre los asuntos clave que examinarán los auditores figuran la adquisición de un vehículo destinado al transporte extramural, así como diversos contratos orientados al mantenimiento y a la provisión de suministros y servicios generales. La auditoría fiscal buscará esclarecer si cada peso invertido respondió a las necesidades reales de la institución y si los elementos y servicios adquiridos ingresaron de manera efectiva conforme a la legalidad.
Paralelamente, la administración municipal de La Apartada enfrentará el escrutinio de los veedores y auditores estatales ante los crecientes cuestionamientos de los habitantes sobre presuntos convenios irregulares, señalados popularmente como contratos sin ejecución real. La labor del ente de control consistirá en cruzar los registros documentales del sistema oficial con las evidencias físicas de cumplimiento para determinar la existencia material de los servicios, la idoneidad de los supervisores y la correspondencia de los pagos efectuados con los resultados entregados a la población.
Por su parte, el municipio de San José de Uré también será objeto de esta rigurosa revisión financiera y administrativa con el fin de evaluar el presupuesto, el desarrollo de los planes contractuales y el cuidado del patrimonio público durante el periodo auditado. Desde la Contraloría se ha enfatizado que este proceso no constituye un juicio anticipado contra administradores o contratistas, sino un mecanismo institucional para transparentar el manejo de los recursos; de modo que, si las denuncias carecen de fundamento, la auditoría servirá para absolver dudas, mientras que la detección de verdaderas inconsistencias derivará en las acciones legales y disciplinarias correspondientes.
