La Corte Constitucional falla a favor de empleada doméstica que pasó 20 años sin recibir afiliación a salud y pensión.

La Corte Constitucional falló a favor de Aura María Urrea, una empleada doméstica de Popayán, tras determinar que su antigua empleadora violó sus derechos al no afiliarla a salud y pensión durante los 20 años que trabajó para ella. La decisión de la Corte ordena a la exempleadora pagar el 50% de un salario mínimo para garantizar la subsistencia de Urrea y su esposo, quien está enfermo.

Aura María Urrea trabajó desde 2002 hasta 2021, de lunes a viernes, y fue despedida de manera injustificada. Según la versión de la mujer, fue enviada a casa como medida de protección por el COVID-19, pero nunca la volvieron a llamar. La mujer, que tiene dificultades para leer y escribir, también fue coaccionada a firmar documentos sin conocer su propósito, lo que posteriormente la empleadora utilizó para justificar la finalización del contrato por mutuo acuerdo.

Aunque la tutela de Urrea había sido negada en dos instancias previas, la Corte Constitucional decidió amparar sus derechos tras encontrar inconsistencias en las pruebas presentadas por la empleadora. La Corte determinó que la carga de la prueba recae sobre el empleador y no se encontró evidencia de que el contrato se haya terminado de forma legítima.

Adicionalmente, la Corte hizo un llamado de atención al consultorio jurídico de la Universidad de Popayán por la deficiente asesoría brindada a la mujer, y lo instó a mejorar la atención a personas vulnerables. Con este fallo, la Corte reitera la importancia de proteger los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, un sector históricamente afectado por la informalidad.

Este caso cobra mayor relevancia a la luz de la reforma laboral de 2025, que establece la obligatoriedad de un contrato escrito para los empleados domésticos y garantiza que, incluso si son internos, su jornada no exceda las ocho horas diarias y que tengan acceso a la seguridad social.