La Justicia de Argentina ordena la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina ordenó a un juzgado federal de ese país la inmediata detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y del ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, para ser interrogados por «graves violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano, pues ambos han sido hallados responsables de un plan sistemático que incluye la detención, secuestro y tortura de ciudadanos en Venezuela, violaciones que, según los jueces, continúan hasta el día de hoy.
La resolución judicial también incluye a más de treinta militares y jerarcas venezolanos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia del régimen chavista.
La denuncia fue presentada en 2023 por familiares de víctimas venezolanas y Clooney Foundation for Justice y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Además, contó con el respaldo de Amnistía Internacional y es la primera medida de este tipo acordada contra Maduro y miembros de su gobierno, que está siendo investigado desde noviembre de 2021 por un fiscal de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas ocurridas en 2017.
Sin embargo, la medida tiene un alcance muy limitado y no supone que Maduro, quien gobierna a Venezuela desde principios de 2013, y está seriamente cuestionado por la comunidad internacional tras las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, vaya a ser detenido de forma inmediata.
El alcance de esta decisión es internacional, ya que pone en riesgo los movimientos diplomáticos y personales de Maduro y Cabello fuera de Venezuela.
Los jueces de la Cámara Federal actuaron basándose en el principio de jurisdicción universal, un concepto que permite a los países procesar graves violaciones a los derechos humanos, independientemente del lugar donde se hayan cometido, de la nacionalidad de los autores o de las víctimas.
Según el abogado Tomás Farini Duggan, uno de los impulsores de las denuncias en Argentina contra el régimen chavista, «Las órdenes de captura, con multas de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder».
