La reconstrucción de Córdoba

Por: Erasmo Zuleta
Gobernador del departamento de Córdoba

Córdoba vive hoy uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Tras las inundaciones, amplias zonas del departamento siguen enfrentando las consecuencias de una emergencia que no terminó cuando bajó el agua. Por el contrario, en medio del retorno de muchas familias a sus viviendas, es cuando se revela con mayor crudeza la magnitud de las pérdidas.

Casi dos meses después de las peores inundaciones en el departamento de Córdoba en su historia, debo resaltar que la emergencia no ha pasado. Apenas estamos empezando a sentir los efectos sociales y económicos que tienden a persistir en el tiempo.

El balance de las lluvias del mes pasado es desolador: 25 de los 30 municipios del departamento resultaron afectados; 8 personas fallecieron, y más de 225 mil personas quedaron damnificadas. A esto se suman 154 mil hectáreas de cultivos bajo el agua, 134 puentes vehiculares afectados, más de 2 mil kilómetros de vías impactadas, 67 acueductos afectados, 26.168 viviendas no habitables, 2.741 viviendas destruidas y 9.784 averiadas.

Al momento de escribir esta columna, las afectaciones ocasionadas por las lluvias aún continúan en proceso de valoración. Cada día aparecen nuevos daños y nuevas necesidades en comunidades que hoy reclaman algo elemental: la posibilidad de recuperar todo lo perdido.

Paradójicamente, este desastre ocurre mientras el departamento vivía un momento económico y social excepcional: en 2024 fue el departamento con mayor crecimiento económico de la costa atlántica y los indicadores líderes como el desempleo, indican que el desempeño en el 2025 fue aún mejor. La pobreza monetaria alcanzó mínimos históricos en 2024 y la tasa de homicidios por 100 mil habitantes logró en 2025 un mínimo histórico desde que se contabiliza dicha estadística y fue el quinto departamento más seguro del país y el más seguro de la costa atlántica. Los turistas extranjeros y locales hicieron que la región de Golfo de Morrosquillo y Sabana, fuera la que jalonara el sector turismo en Colombia en el 2025.

Hoy, el reto es evitar que todo ese camino recorrido se pierda. Es momento de actuar para recuperar la senda de prosperidad por la que avanzaba nuestro territorio. Para esto, es fundamental la materialización de programas y proyectos de recuperación. La reactivación económica debe ser integral, así como fueron los daños ocasionados por la naturaleza. Debe contemplar ayudas efectivas para la actividad económica de los agricultores y ganaderos, la reconstrucción de vivienda rural y urbana de las zonas afectadas, la recuperación de acueductos y alcantarillados, así como de la red educativa, vial y de salud.

Pero, además, el país necesita adaptarse al cambio climático: fenómenos como el ocurrido probablemente sucederán de forma más recurrente. Lo he dicho y lo reitero: en términos económicos y sociales es mucho más rentable prevenir los desastres, que atenderlos y solventarlos una vez ocurridos.

Esta recuperación integral se puede materializar a través de la elaboración, aprobación y ejecución de políticas a través de documentos CONPES que se constituyen en instrumentos para la hoja de ruta de desarrollo económico del territorio, así como en su momento se expidieron CONPES para la reconstrucción de Mocoa o reconstrucción del Eje Cafetero, declarando proyectos de importancia estratégica asegurando recursos a través de vigencias futuras, así como la coordinación interinstitucional y la continuidad de ciertas políticas.

Juan Pablo II decía que proteger a los más débiles es lo que nos hacía humanos. Pues bien, este fenómeno climático recayó sobre las poblaciones más débiles de Colombia, y esperamos una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad del país.

Desde las entidades territoriales, municipios y departamentos, hemos empleado todas nuestras capacidades administrativas y financieras para solventar esta calamidad. Pero para el proceso de reactivación y restablecimiento del nivel de vida de los damnificados, es esencial el músculo financiero del gobierno nacional.