La violencia jurídica contra el gobernador Benítez.

¿Quiénes están detrás de la locomotora jurídica que quiere sacar a Benítez de la Gobernación?, a mí no me cabe la menor duda que en esa tarea andan quienes se han robado a Córdoba, los mismos que se enriquecieron con la educación contratada (esa que no va más en el actual gobierno departamental), y que en el pasado convivieron con los carteles de la salud.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, conoce el horror y el dolor que produce la violencia. En abril del año 2005 sufrió las consecuencias de un conflicto sórdido cuando tuvo que soportar el asesinato de su padre Orlando Benítez Palencia. Desde entonces, y con una resiliencia extraordinaria, inició una ascendente carrera política que lo llevó a la Asamblea de Córdoba, desde donde empezó a señalar el camino para la transformación del departamento.

En esa tarea de sanar las heridas, ganó las elecciones a la Gobernación de Córdoba con un discurso de paz y reconciliación. En su campaña estuvieron además de grupos políticos, organizaciones ciudadanas, campesinos, comunales, comunidades indígenas, afros y víctimas de la violencia, entre otros.  

Aún no había llegado el día de las elecciones cuando Benítez Mora empezó a sentir un nuevo tipo de violencia; la jurídica. Del lado opuesto a las políticas sociales que Benítez Mora exponía en sus discursos de campaña, enfilaron las baterías jurídicas para tratar de frenar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral, bajo el entendido que sería imposible derrotarlo en las urnas.

En aquella oportunidad, el señor Jairo José Medina, solicitó la revocatoria de la inscripción del candidato Orlando Benítez, porque le atribuía inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa del departamento, debido a que su hermano, Juan Carlos Benítez Mora ejercía como funcionario público en el cargo de subdirector de Planeación Ambiental en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS.

En el proceso que se tramitó en el CNE se lee, “En el caso particular del subdirector de Planeación Ambiental de la CVS, esta Sala no advierte funciones que supongan el ejercicio de autoridad administrativa, a pesar del nivel directivo del cargo. En efecto, de sus funciones se observa que no es el nominador directo de sus subalternos, ni es su autoridad disciplinaria, sin perjuicio, claro está, del control del cumplimiento de sus funciones como jefe inmediato”.

El 22 de octubre del 2019, el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución número 6385 de 2019, “Por la cual se NIEGA la revocatoria de inscripción del candidato Orlando David Benítez Mora, a la Gobernación de Córdoba, por el partido Liberal”.

A pesar de esa jurisprudencia la andanada jurídica en su contra se trasladó al Tribunal Administrativo de Córdoba, porque el propósito de apagar la revolución social de su proyecto político se mantuvo incólume. El 2 de septiembre de 2019, pocos días después del arrollador triunfo de Benítez en las urnas, los perdedores tocaron la puerta del Tribunal Administrativo de Córdoba, y presentaron una demanda de pérdida de investidura contra Orlando Benítez Mora, en su calidad de diputado del departamento.

La demanda relacionó de nuevo una presunta inhabilidad de Orlando Benítez, porque su hermano, Juan Carlos Benítez (pariente en segundo grado de consanguineidad), se desempeñaba entonces como Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS.

El 12 de diciembre del 2019, el citado Tribunal denegó la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Edwin Antonio González Calle.  A pocos días de terminar su periodo, la Procuraduría de Fernando Carrillo, radicó en el Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad electoral, un concepto que pide la nulidad de la elección de Orlando Benítez como Gobernador de Córdoba, por la presunta inhabilidad que ya fue abordada por otras instancias.

Tras conocer el referido concepto, el gobernador señaló en su cuenta de twitter, “Toda mi vida he actuado con respeto y apego a la ley. Mis actuaciones como dirigente político siempre han sido transparentes y de cara a la opinión pública. Los asuntos jurídico-legales, los dejo en manos del equipo asesor en quienes deposito mi confianza y la confianza del pueblo que representamos. Sigo enfocado en gobernar a Córdoba de forma transparente, decente, incluyente, y justa; trabajando sin distracciones, de la mano de Dios y por el pueblo, generando oportunidades, bienestar y seguridad para el departamento”.

¿Quiénes están detrás de la locomotora jurídica que quiere sacar a Benítez de la Gobernación?, a mí no me cabe la menor duda que en esa tarea andan quienes se han robado a Córdoba, los mismos que se enriquecieron con la educación contratada (esa que no va más en el actual gobierno departamental), y que convivieron con los carteles de la salud.

Educación superior para los pobres.

¿Por qué salió la gente a la calle a defender el mandato de Orlando Benítez? Hay varios motivos, pero solo me voy a referir a uno que creo, constituye el meridiano de su gestión social, y es la cuota inicial de algo que Benítez llama “comenzar a pagar la deuda social”.

El Fondo de Educación Superior para el Pueblo, FESPU, es una política pública que este gobierno instaló en el departamento a través de una Ordenanza, que destina una renta específica para financiar matriculas nuevas a estudiantes de Córdoba. Son alrededor de unos 4 mil millones de pesos que salen de los impuestos. Este año se publica la convocatoria para que en el primer semestre del año entrante 2 mil bachilleres humildes ingresen a la educación superior.

Son dos mil jóvenes que quedarán blindados contra las garras de los grupos ilegales, y que gracias al proyecto del gobernador Orlando Benítez, tendrán la oportunidad de terminar una carrera profesional, ascender en el mundo laboral, y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.