«No habrá mesas de diálogo ni estatus político»: MinJusticia
El Ministerio de Justicia tiene listo para su radicación en el Congreso el nuevo proyecto de ley de sometimiento, una iniciativa que, en palabras del titular de la cartera, Iván Cancino, marcará una línea de mano dura y convertirá la lucha contra la criminalidad en una política de Estado de largo plazo, inspirada en las banderas del presidente Abelardo De La Espriella.
En entrevista con la revista Semana, el alto funcionario fue enfático al señalar que con esta normativa “no hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político”, ni tampoco se contemplan zonas de concentración o participación de los delincuentes en la redacción del texto. La interlocución con los grupos armados se limitará exclusivamente a un abogado externo a la organización, dejando claro que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición seguirán vigentes sin suspensión alguna.
Requisitos drásticos y el poder de las víctimas
El corazón del proyecto gira en torno a una fiscalización severa y al protagonismo absoluto de las víctimas. Quienes aspiren a los beneficios judiciales deberán entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para la reparación, advirtiendo que cualquier ocultamiento acarreará la expulsión inmediata hacia la justicia ordinaria.
Asimismo, los topes de rebaja de pena contemplan un máximo de 30 % para cabecillas y hasta un 50 % para miembros rasos, condicionados a la entrega de rutas, armas, información sobre desapariciones y la liberación de secuestrados. Adicionalmente, el requisito para la libertad condicional se endurece: se exigirá cumplir cuatro quintas partes de la condena y, como condición indispensable, contar con el concepto favorable de las víctimas.
Cárceles productivas y aislamiento a cabecillas
En materia penitenciaria, el ministro Cancino descartó la creación de sitios de reclusión especiales. En su lugar, el modelo apostará por cárceles normales y «productivas» desarrolladas mediante alianzas público-privadas, enfocadas en la resocialización. Paralelamente, por instrucción presidencial, se habilitará un pabellón piloto de máxima seguridad en la cárcel de Girón para neutralizar la comunicación de los jefes criminales con el exterior.
El Ejecutivo reiteró que no habrá ceses al fuego y que la Fuerza Pública continuará su ofensiva, complementada con el reinicio de las labores de fumigación de cultivos ilícitos mediante métodos terrestres, manuales, de drones y aéreos, bajo criterios ambientales.
Finalmente, el Gobierno se refirió a la autonomía universitaria, aclarando que esta no puede convertirse en «repúblicas independientes», por lo que las autoridades intervendrán de forma excepcional para proteger la vida y los bienes públicos ante desmanes o actos violentos.
