ODV lanza batalla jurídica para eliminar el método que frena la reparación a millones de víctimas.
La Organización Defensora de Víctimas (ODV), adscrita a la Fundación Sociojurídica, presentó una acción jurídica ante las autoridades competentes para eliminar el Método Técnico de Priorización (MTP) de la indemnización administrativa, un mecanismo que, según la entidad, ha retrasado durante años la reparación a millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.
El MTP, establecido en la Resolución 1049 de 2019 de la Unidad para las Víctimas (UARIV), asigna un orden de pago basado en variables demográficas, socioeconómicas, del hecho victimizante y de avance en la ruta de reparación. Aunque busca priorizar a los más vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad o en extrema urgencia, organizaciones defensoras denuncian que genera largas listas de espera, falta de transparencia y demoras indefinidas para la gran mayoría de los beneficiarios.
“Este método ha convertido el derecho a la reparación en una promesa eterna para millones de víctimas que llevan más de una década esperando”, afirmó un vocero de ODV. La acción busca que se declare inconstitucional o se reforme el sistema actual, para garantizar un acceso más equitativo y ágil a las indemnizaciones administrativas, sin que criterios técnicos adicionales posterguen indefinidamente el pago.
La iniciativa surge en medio de reiteradas críticas de la Corte Constitucional y la Contraloría por las demoras en la reparación integral. De prosperar, podría beneficiar a millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas que aún no han recibido su indemnización.
La UARIV no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva acción, pero fuentes cercanas indican que la entidad defiende el MTP como herramienta necesaria para distribuir recursos limitados de forma focalizada. La Fundación Sociojurídica y ODV anunciaron que continuarán acompañando casos individuales mientras avanza el proceso colectivo. Esta batalla jurídica pone nuevamente en el centro del debate la efectividad real de la Ley 1448 de 2011, a más de 15 años de su promulgación.
