Órganos de control exigen claridad al CNE: ¿Quiénes pueden competir en las consultas de marzo?

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En una acción conjunta sin precedentes, los jefes de los tres principales organismos de control y organización del país: el Procurador Gregorio Eljach, el Registrador Nacional Hernán Penagos y el Contralor Carlos Hernán Rodríguez, enviaron una comunicación urgente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El objetivo: definir las reglas de juego antes de que venza el plazo para la inscripción de candidatos a las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

La solicitud busca resolver un vacío jurídico crítico: determinar si las organizaciones políticas y los ciudadanos que ya midieron fuerzas en las consultas del pasado 26 de octubre de 2025 están legalmente habilitados para participar nuevamente en la jornada electoral de marzo.

En el documento, la Registraduría advierte que la logística electoral está en un punto de no retorno. Para garantizar que las tarjetas electorales lleguen a todas las mesas de votación, incluidas las del exterior, el proceso de inscripción y el sorteo de posiciones en el tarjetón deben quedar definidos a más tardar el 6 de febrero.

“Es necesario tener certeza jurídica… cualquier decisión que pueda adoptar esa corporación debe quedar en firme con antelación al cierre de inscripción de los precandidatos”, señala la misiva, subrayando que de no haber claridad, se pondría en riesgo la impresión y distribución del material electoral que debe ser enviado a los consulados para iniciar votaciones el lunes 2 de marzo.

La petición de este » bloque institucional» (Procuraduría, Contraloría y Registraduría) surge tras las mesas técnicas realizadas el pasado 14 de enero, donde se evidenció la incertidumbre entre los partidos políticos. Los funcionarios resaltan que el país necesita saber si un candidato que no logró su objetivo en octubre puede volver a intentarlo en marzo, o si existe alguna inhabilidad que lo impida.

El CNE, bajo la presidencia de Cristian Ricardo Quiroz, tiene ahora pocos días para emitir un pronunciamiento que brinde estabilidad al proceso democrático y evite posibles demandas o nulidades que empañen la elección de los candidatos que buscarán la Presidencia de la República.