Penagos lleva a Petro ante el Consejo de Estado: pide que se retracte del fraude que le imputó sin pruebas

El Consejo de Estado admitió la tutela con la que el registrador nacional, Hernán Penagos, pide que el expresidente Gustavo Petro se retracte de los señalamientos de fraude electoral lanzados contra él y contra la Registraduría durante la campaña de 2026.

La decisión es un auto admisorio del 30 de septiembre, de la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Yepes Corrales. El expediente es el 11001-03-15-000-2026-07952-00. Penagos actúa en nombre propio y como registrador nacional del Estado Civil. El accionado es Gustavo Francisco Petro Urrego.

La admisión no resuelve el fondo. Solo abre el trámite para estudiar si se vulneraron el buen nombre, la honra y el derecho a la rectificación de Penagos, y el buen nombre de la entidad que dirige.

Según el auto, las afirmaciones cuestionadas se difundieron entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, mientras Petro aún era presidente: 14 publicaciones en la cuenta @petrogustavo y un consejo de ministros transmitido el 14 de julio. Penagos sostiene que en esos mensajes se le imputó, a él y a la Registraduría, la comisión de un fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

El escrito enumera los cargos que, a su juicio, se lanzaron sin prueba y sin que Petro fuera la autoridad competente para formularlos: modificación del censo electoral y del número de puestos y mesas; supresión de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14; alteración de las direcciones IP de los servidores de la entidad; existencia de bloques matemáticos que darían cuenta de una manipulación de resultados, y negativa a permitir la auditoría del código fuente.

Penagos afirma que pidió la rectificación y que, vencidos 15 días hábiles, no obtuvo respuesta ni corrección. Las publicaciones, dice, siguen accesibles. En la tutela habla de un “desprecio temerario por la verdad” y pide que una eventual rectificación no se convierta en una nueva ocasión para repetir los señalamientos.

Aunque Petro ya no ocupa la Presidencia, el Consejo de Estado precisó que las afirmaciones se hicieron en ejercicio del cargo y que su salida no cambia el objeto del debate. La corporación le atribuyó al caso “importancia jurídica y trascendencia social”: debe fijar el límite entre la libertad de expresión y el poder de comunicación de quien ejerce la Presidencia, y está en juego el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre el proceso electoral. Tras la notificación, Petro tiene tres días para defenderse y rendir un informe sobre los hechos.