Familia Zapa Pérez pide al Consejo de Judicatura ordenar al Tribunal de Montería tomar decisión urgente sobre apelaciones
Un vehemente llamado hizo la familia del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez en una carta dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, para que ordene, de manera urgente, al Tribunal Superior de Montería, la decisión sobre dos apelaciones de segunda instancia que cursan en esa institución, a raíz del crimen cometido contra el exfuncionario.
La comunicación está dirigida a la directora del Consejo Seccional de la Judicatura seccional Córdoba, Isamary Marrugo Díaz. Fue fechada el 23 de abril de 2024 y está respaldada por la familia Zapa Pérez que vive en el exilio después de la muerte de Jairo Zapa Pérez hace diez años.
“Esta situación -dice la petición de la familia Zapa- amenaza gravemente nuestro derecho a la Justicia y a la Verdad como víctimas, y también como ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ordene al Tribunal Superior de Justicia de Montería adoptar de manera urgente una decisión antes del 29 de abril de 2024, con el fin de impedir la posible prescripción del caso y garantizar nuestro derecho a la Justicia, a la Verdad y a la Reparación”.
La familia Zapa Pérez expresa, además, que ha habido múltiples dilaciones injustificadas, algunas de ellas superiores a un año, que han caracterizado los fallos del proceso judicial en cuestión, a lo largo de casi una década de tramitación en el Tribunal de Montería.
“De esta manera, desde noviembre de 2023 nos encontramos a la espera de una decisión por parte del conjuez Rafael Calixto Medivil, de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería, quien debía resolver con eficacia, dadas las condiciones del caso, dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Jesús Henao Sarmiento, condenado a más de 40 años de prisión por la desaparición y posterior muerte de nuestro familiar Jairo Alberto Zapa Pérez”, reiteran.
Así mismo, hablan de la profunda preocupación frente a la inminente posibilidad de prescripción de la acción penal por el delito de desaparición forzada agravada, adelantada en la ciudad de Montería. En caso de que el conjuez en mención, no emita una decisión antes del próximo 29 de abril de 2024, existiría el riesgo de configurarse dicha prescripción.
“Esto sería un registro muy desfavorable para la transparencia de la administración de justicia colombiana, dado que representaría la impunidad de un delito de lesa humanidad; y, además, revelaría la posible influencia de intereses particulares por encima de una justicia transparente, imparcial y equitativa, pues no hay razones que justifique una justicia tan defectuosa en los procedimientos y tiempos de fallos en el caso Zapa Pérez”, finaliza la misiva.
