Petro anuncia acciones penales ante la falta de pruebas por acusaciones de Angie Rodríguez y Eva Ferrer: «Debo llevarlas a procesos penales»
El expresidente Gustavo Petro salió al paso de los recientes señalamientos que pesan en contra de su administración y anunció que acudirá a los estrados judiciales para defender su honorabilidad frente a lo que calificó como una estrategia mediática sin sustento legal. A través de una publicación en sus redes sociales, el exmandatario cuestionó con dureza la veracidad de las acusaciones vertidas recientemente por dos excolaboradoras de su Gobierno, asegurando que hasta la fecha no existe sustento probatorio ante los organismos de control.
En su pronunciamiento, el exjefe de Estado aseveró que se ha desplegado «ni una sola prueba de toda la jauría de infamias desplegadas por dos ex empleadas» y que la estrategia empleada solo ha buscado generar un impacto negativo ante la opinión pública. Ante este panorama, Petro confirmó su intención de llevar el caso ante los tribunales correspondientes, señalando que «debo llevarlas a procesos penales para que señalen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina».
El exmandatario también fue enfático en desmarcarse de cualquier presunta presión sobre actores al margen de la ley para obtener testimonios a conveniencia. «Jamás pedí a ningún paramilitar que acuse a una persona en particular», sostuvo Petro, al tiempo que recordó que sus señalamientos en el plano político siempre se dieron en el marco de sus funciones en el Congreso de la República «sobre pruebas judiciales reales».
En ese mismo sentido, Petro se refirió al rol del penalista Abelardo De La Espriella, enfatizando que sus supuestos vínculos pasados fueron expuestos de manera pública y documental años atrás en el parlamento. Según el expresidente, «que Abelardo fue asesor del paramilitarismo esta dicho y fotografiado en mis debates», por lo que no requirió del testimonio de terceros para sustentarlo. Finalmente, al abordar el marco de los acuerdos de Ralito y los beneficios judiciales para los desmovilizados, argumentó que las directrices de su administración respondieron a los mandatos de la Corte Constitucional, concluyendo que su gestión se limitó a hacer la advertencia de «cerrar el proceso con la verdad, la justicia restaurativa y las garantías de no repetición».
