Primer semestre de 2026 deja 78 líderes sociales asesinados y 68 masacres en Colombia, según la Defensoría del Pueblo.
La violencia contra quienes defienden derechos humanos y construyen paz en los territorios no da tregua. La Defensoría del Pueblo reveló este viernes que, entre enero y junio de 2026, fueron asesinados 78 líderes y lideresas sociales en el país. De ellos, 17 eran hombres y 61 mujeres.
Abril se consolidó como el mes más crítico, con 18 homicidios registrados.
El departamento del Cauca concentró la mayor cantidad de casos, con 19 asesinatos, seguido por Antioquia (11) y Norte de Santander (7).
En el mismo periodo, la entidad documentó el asesinato de cuatro firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, en hechos ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila. Estas muertes mantienen las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.
Paralelamente, la Defensoría reportó 68 masacres entre enero y junio, que dejaron un saldo de 272 personas asesinadas. Una vez más, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia (9) y Norte de Santander (
. Estos departamentos continúan concentrando buena parte de las afectaciones asociadas al conflicto armado y a la presencia de grupos ilegales.
Las cifras superan, en ritmo, las del año anterior. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas.
A mitad de 2026, el país ya acumula 68 masacres, lo que equivale al 87,2 % de las ocurridas el año pasado completo.
La Defensoría del Pueblo insistió en la urgencia de fortalecer las medidas de protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.
“Su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios”, subrayó la entidad, al reiterar el llamado a las autoridades para adoptar acciones eficaces que garanticen su vida e integridad.
Organizaciones sociales han coincidido en que estas cifras reflejan la persistencia de un panorama de riesgo en varias regiones del país, donde la presencia de actores armados ilegales sigue afectando de manera directa a las comunidades y a quienes las representan.
