Procuraduría abre investigación formal contra el ministro de Salud por presunta participación en política
La Procuraduría General de la Nación de Colombia ordenó la apertura de una investigación disciplinaria formal en contra del actual ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La decisión, adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción bajo la ponencia del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, se originó a raíz de una reciente publicación periodística del portal La Silla Vacía que encendió las alarmas sobre una presunta e indebida participación en política por parte del alto funcionario del gobierno.
Los hechos que motivaron la actuación del órgano de control tuvieron lugar durante un evento oficial en el municipio de Coyaima, en el departamento del Tolima. En dicho escenario, ante una comitiva de comunidades indígenas y trabajadores del sector de la salud, el ministro Jaramillo pronunció un enérgico discurso que quedó registrado en video. En la grabación, el jefe de la cartera ministerial exhortó explícitamente a los asistentes a movilizarse de cara a las urnas manifestando que hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo, añadiendo de manera vehemente que de lo contrario las consecuencias políticas serían desfavorables para su sector.
Durante su intervención en el territorio tolimense, Jaramillo estuvo acompañado por el congresista electo del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, y aprovechó el espacio para lanzar duras críticas al manejo financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asegurando que los recursos públicos debían girarse directamente a los municipios y hospitales en lugar de a intermediarios.
Ante la gravedad de las declaraciones emitidas en el marco de una actividad oficial del Estado, el Ministerio Público determinó que cuenta con la competencia legal para evaluar si la conducta del ministro vulneró las prohibiciones disciplinarias vigentes en el país respecto a la intervención de servidores públicos en contiendas electorales. En la providencia de notificación obligatoria, contra la cual no procede recurso alguno en esta instancia, la Procuraduría comisionó a una asesora adscrita a la entidad para liderar la práctica de pruebas técnicas y testimoniales conducentes al esclarecimiento del caso. Asimismo, el despacho ordenó la incorporación de los antecedentes disciplinarios del investigado y le recordó su derecho constitucional a rendir versión libre, de forma verbal o escrita, para ejercer su defensa frente a los señalamientos que hoy lo ponen en el ojo del huracán político.
