Procuraduría investiga a diputados de Antioquia por declarar a Iván Cepeda como persona no grata

​La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa el actuar de un grupo significativo de diputados de la Asamblea de Antioquia, tras abrir una investigación disciplinaria que busca determinar si estos servidores públicos incurrieron en faltas al utilizar su investidura para declarar al senador Iván Cepeda como “persona non grata”.

​El proceso, radicado bajo el expediente IUS E-2026-149423, surge en medio de cuestionamientos sobre los límites éticos y legales del ejercicio del poder político en las corporaciones regionales. La apertura de esta indagación subraya la tensión entre la libertad política de los diputados y el cumplimiento de sus deberes funcionales, que, según el ente de control, podrían haber sido extralimitados al instrumentalizar la institución para fines que trascienden el debate administrativo o legislativo.

​Para diversos analistas políticos, este caso representa una advertencia sobre la importancia de la imparcialidad y el respeto a las instituciones democráticas. La crítica central apunta a que la Asamblea debe ser un escenario para la construcción de políticas públicas y el desarrollo del departamento de Antioquia, y no un espacio dedicado a la confrontación personal o ideológica mediante mecanismos de exclusión política.

​La investigación de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, notificada el pasado 10 de agosto de 2026, involucra a una lista extensa de diputados de diversos partidos políticos, incluyendo miembros de Creemos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el movimiento Mira. Este alcance masivo de la indagación sugiere que el organismo disciplinario revisará no solo la decisión política adoptada, sino el procedimiento y las competencias institucionales ejercidas para tal fin.

​De confirmarse una actuación irregular, los implicados se enfrentan a consecuencias legales que podrían marcar un precedente relevante sobre cómo las asambleas departamentales deben gestionar sus pronunciamientos en el futuro. Por ahora, el proceso disciplinario se encuentra en una fase preliminar, donde la defensa de los diputados deberá argumentar la validez de sus acciones frente a las facultades que la ley les confiere, mientras que el ente investigador evaluará si, en efecto, se cruzó una línea roja que afectó el equilibrio democrático.