Procuraduría pide tumbar cinco de los seis puntos clave de la emergencia económica; solo avala recursos para salud
En un concepto clave enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó que el Decreto Legislativo 1390 de diciembre de 2025 sea declarado exequible únicamente en lo que respecta al sector salud.
El Ministerio Público argumenta que el uso de facultades excepcionales bajo el estado de Emergencia Económica y Social está justificado para garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios, específicamente mediante la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el fortalecimiento financiero del sistema. Según el organismo, la crisis de sostenibilidad y el deterioro del acceso a servicios médicos requieren una respuesta estatal urgente que el andamiaje ordinario no ha logrado resolver.
No obstante, la posición del órgano de control es tajante al rechazar el resto de los componentes del decreto. El procurador Gregorio Eljach Pacheco solicitó que se declare la inexequibilidad de las partidas destinadas al sector defensa, la gestión de la Unidad Nacional de Protección, la atención de desastres naturales y el pago de sentencias judiciales u obligaciones atrasadas.
Para la Procuraduría, estos puntos no cumplen con los requisitos de conexidad y necesidad que exige la Constitución para un estado de excepción, sugiriendo que dichos gastos deben ser tramitados por las vías presupuestales ordinarias y no bajo el amparo de una emergencia que, en este caso, solo encontraría sustento legítimo en la crisis sanitaria.
