Reacciones divididas: senadores chocan por el decreto que elimina la millonaria prima de $17 millones

La expedición del Decreto 0030, que elimina la prima especial de servicios para los próximos congresistas, ha provocado un terremoto político en el Capitolio. Mientras las bancadas de Gobierno celebran la medida como una victoria histórica contra la desigualdad, los sectores independientes y de oposición cuestionan la coherencia del presidente Gustavo Petro y advierten sobre posibles represalias políticas contra el Legislativo.

Para la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, este decreto representa el cumplimiento de una promesa al pueblo colombiano. Zuleta arremetió contra el legado del gobierno de Juan Manuel Santos, señalando que la prima ahora derogada profundizó la brecha entre los legisladores y la clase trabajadora. “Se empiezan a cerrar las brechas reduciendo privilegios que inflaban el salario. Seguiremos luchando por la justicia salarial y por dignificar el trabajo”, afirmó la congresista, quien además propuso avanzar en la desindexación de rubros como la vivienda de interés social.

En una línea similar, la senadora Angélica Lozano calificó el hecho como la culminación de un esfuerzo ciudadano de largo aliento. Lozano recordó que este resultado es fruto de 18 proyectos de ley fallidos y el mandato de 11,6 millones de colombianos que votaron la Consulta Anticorrupción. “Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”, puntualizó, destacando que por fin se rompe la inercia de años de lucha por la reducción de ingresos en el Congreso.

Sin embargo, el tono fue radicalmente opuesto por parte del presidente del Senado, Lidio García, quien lanzó un fuerte cuestionamiento a la “moralidad” de la medida. García recordó que el propio Gustavo Petro percibió dicha prima durante sus casi dos décadas como congresista sin expresar inconformidad alguna. “La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, sentenció el jefe de la corporación.

Para García, más que una política de austeridad, el decreto es un «mensaje de castigo político» contra un Congreso que ha decidido mantener su independencia frente a las reformas del Ejecutivo. Aunque aseguró que acatarán la decisión en respeto al Estado de derecho, envió una advertencia clara a la Casa de Nariño: “La independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos ejerciendo control; eso es democracia”.

Este cruce de declaraciones anticipa un ambiente de tensión para la próxima legislatura, donde el debate ya no solo será por las leyes, sino por la legitimidad y la autonomía de un poder que, a partir del próximo 20 de julio, verá reducidos sus ingresos mensuales en cerca de 17 millones de pesos.