Revelan red de contratos con el Gobierno Petro por $869 millones que beneficia a la familia de Aida Quilcué.
El escenario de la campaña presidencial se sacude tras revelarse una serie de cuestionamientos contra la senadora Aida Quilcué, actual fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Una denuncia pública, basada en registros oficiales del Secop, señala que al menos tres familiares cercanos de la congresista habrían obtenido contratos con el Estado que suman $869 millones durante el actual Gobierno.
La denuncia, presentada por el abogado Santiago Henao, detalla un entramado de contratación directa en diversas entidades del Ejecutivo. Estos serían los nombres y montos vinculados al núcleo familiar de la senadora del Pacto Histórico:
Karen Yisel Hernández Quilcué Lidera la lista con contratos que alcanzan los $475 millones. Sus vínculos incluyen al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con acuerdos firmados incluso en enero de este 2026.
Kelly Johana Quilcué Vivas: Habría sumado $264 millones en contratos con el Dapre (Presidencia), el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Víctimas.
Mayerly Alejandra Legarda Quilcué (Hija): Registra contratos por aproximadamente $130 millones, principalmente con la Unidad de Restitución de Tierras, incluyendo un proceso vigente hasta diciembre de 2026.
Más allá de los montos, la controversia radica en el posible conflicto de interés. Según el denunciante, la senadora Quilcué no habría publicado la información completa sobre sus vínculos familiares en los registros de integridad pública exigidos por la Ley 2013 de 2019.
«Es increíble esto cuando la izquierda tanto habló del nepotismo en campaña», señaló Henao, cuestionando la coherencia entre el discurso de cambio y la realidad contractual de los allegados a la líder nasa.
Este hallazgo llega en un momento crítico para la campaña de Iván Cepeda, quien lidera las encuestas. El escrutinio sobre Quilcué se ha intensificado al ser una figura clave para el sector étnico y social del país. Hasta el momento, la senadora no ha emitido un pronunciamiento oficial desvirtuando las cifras presentadas, las cuales —según la denuncia— podrían aumentar a medida que se identifiquen más integrantes de su red familiar en el sistema de contratación estatal.
