Seis magistrados de la Corte se declan impedidos para estudiar decretos de emergencia económica tras crisis invernal en Córdoba
La revisión de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para atender la emergencia económica en ocho departamentos, entre ellos Córdoba, ha entrado en una fase de incertidumbre jurídica. Este lunes, la Sala Plena de la Corte Constitucional se vio bloqueada luego de que seis de sus nueve magistrados se declararan impedidos para decidir sobre la suspensión de tres normas clave derivadas de la crisis climática de febrero.
Los magistrados Miguel Efraín Polo, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Carlos Camargo y Natalia Ángel manifestaron tener un conflicto de interés relacionado con el tercer decreto de la emergencia, el cual establece un impuesto al patrimonio para empresas.
Debido a que este impuesto también afecta a las universidades —donde la mayoría de los togados ejerce la cátedra—, consideran que su imparcialidad podría verse comprometida. Esta situación deja la decisión en manos de solo tres magistrados: Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal y Juan Carlos Cortés.
Los decretos en la lupa
La controversia no es menor, pues los decretos bajo estudio tocan temas sensibles para el país:
1. Contratación directa: Excepciones a la Ley de Garantías que permitirían agilizar recursos en plena época electoral.
2. Tierras: Facultades para la expropiación y ocupación temporal de predios para atender a los damnificados.
3. Impuesto al patrimonio: El polémico tributo que originó los impedimentos.
Mientras la Corte define este martes el nombramiento de conjueces para destrabar la votación, la Defensoría del Pueblo envió un concepto de urgencia pidiendo avalar la emergencia. Para el ente defensor, la magnitud del desastre natural en departamentos como Córdoba constituye una calamidad pública real que justifica las medidas excepcionales del presidente Petro.
Si los impedimentos son rechazados este martes, el miércoles la Corte podría dar un fallo de fondo. De lo contrario, la entrada de conjueces dilatará una decisión que miles de damnificados por las inundaciones esperan con urgencia.
