SIC sanciona a Bayer y Comfenalco Quindío por sobrecostos excesivos en medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso este 20 de abril de 2026 sanciones que superan los $1.379 millones contra el laboratorio farmacéutico Bayer S.A. y la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío. La medida responde a la violación sistemática del régimen de control de precios de medicamentos en el país, lo que derivó en la venta de insumos médicos muy por encima de los topes permitidos por el Gobierno Nacional a través de los canales institucionales de salud.

​Las investigaciones, formalizadas mediante las Resoluciones No. 18856 y No. 16791 de 2026, revelaron irregularidades críticas en la comercialización de fármacos esenciales. En el caso de Comfenalco Quindío, la autoridad detectó que durante el año 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron un alarmante 400%. Un ejemplo de esta práctica fue el fármaco Ferinject, cuyo precio máximo regulado es de $82.752, pero fue comercializado por $413.760; asimismo, el Depo-Medrol se vendió a $23.425, superando ampliamente su límite legal de $5.029.

​Por su parte, el laboratorio Bayer S.A. fue sancionado tras comprobarse que el anticonceptivo Neogynon, utilizado también para tratamientos hormonales y de fertilidad, se vendió con sobreprecios de entre el 26,52% y el 46,81%. Esta falta afectó al menos 83.525 unidades del producto entre octubre de 2022 y junio de 2023, impactando directamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso de miles de pacientes a sus respectivos tratamientos.

​La Superintendencia enfatizó que exceder los precios regulados no es una falta menor, ya que compromete los recursos públicos y la salud de los ciudadanos, especialmente en tratamientos para enfermedades crónicas. Aunque estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia y admiten recursos de reposición y apelación, la entidad aseguró que continuará fortaleciendo la vigilancia en toda la cadena de comercialización para evitar que los laboratorios y distribuidores vulneren los derechos de los usuarios en el territorio nacional.