¿Silla Vacía? : El incierto futuro de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique tras sus capturas
La reciente orden de captura y medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia contra el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique no solo sacude el panorama judicial, sino que amenaza con alterar la aritmética del Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio.
Ambos legisladores, vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD, resultaron reelectos en los comicios del pasado 8 de marzo. Sin embargo, su situación jurídica actual plantea un escenario de incertidumbre institucional, pues el delito por el que se les investiga —cohecho impropio— activa mecanismos constitucionales que podrían dejar sus escaños desiertos.
El fantasma de la «Silla Vacía»
Expertos constitucionalistas advierten que, si Manzur y Manrique continúan privados de la libertad al momento de la instalación del nuevo Legislativo, sus partidos no podrían reemplazarlos. Al tratarse de delitos contra la administración pública, se aplicaría la figura de la silla vacía, una sanción política creada para que las colectividades asuman la responsabilidad por las conductas de sus integrantes.
Caso Manzur: El Partido Conservador perdería una de sus curules más votadas en el Senado, reduciendo su peso en las votaciones definitivas.
Caso Manrique: El impacto sería aún más simbólico, pues afectaría una de las Curules de Paz, diseñadas precisamente para representar a las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes.
El debate jurídico se centra en si un congresista electo puede tomar posesión de su cargo estando en prisión. La normativa vigente sugiere que, ante la imposibilidad física de asistir al acto oficial por estar bajo medida de aseguramiento, no se configura una falta temporal reemplazable, sino una vacante que, por la naturaleza del delito, quedaría congelada.
La acusación de la Corte apunta a que los congresistas habrían «negociado» sus funciones legislativas en la Comisión de Crédito Público a cambio de contratos en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar. Mientras el proceso avanza hacia el juicio, el Congreso se prepara para una legislatura donde la ausencia de estos dos votos podría ser determinante en la aprobación de las reformas del Gobierno.
