¡Sistema de salud al borde del colapso!: Contraloría advierte riesgo inminente por deuda de $16 billones.

La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas nacionales al reiterar la advertencia emitida en 2023 sobre el deterioro crítico en el flujo de recursos hacia los hospitales públicos. Según el órgano de control, la situación ha pasado de ser una preocupación financiera a convertirse en una amenaza real para la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho fundamental a la vida de los colombianos.

Tras un análisis detallado, la entidad vinculó formalmente al Ministerio de Salud en este llamado, señalando que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Salud han sido insuficientes para frenar una crisis que hoy mantiene a la red hospitalaria en una situación de asfixia económica sin precedentes.

Las cifras presentadas son contundentes y revelan una brecha creciente entre los servicios prestados y el dinero recibido. La deuda acumulada de la red pública se disparó un 30% en apenas nueve meses, pasando de $12,5 billones en 2024 a la alarmante cifra de $16,28 billones a septiembre de 2025.

Este fenómeno se explica por la caída en la oportunidad de pago de las EPS: mientras que el año pasado los hospitales recibían el 84% de lo que facturaban, en lo corrido de este periodo la cifra cayó al 77%. Esta falta de liquidez impacta con mayor severidad a los hospitales de alta complejidad (Nivel III), cuya recuperación de cartera descendió del 87% al 76%, poniendo en riesgo procedimientos médicos críticos y de alto costo.

A pesar de que los giros directos de la ADRES aumentaron un 27,2% mensual, la Contraloría advierte que estos recursos no están llegando de manera equitativa a quienes más lo necesitan. El informe revela una concentración desproporcionada en el sector privado, que recibe el 67,7% de estos fondos, dejando a los hospitales públicos con apenas un 23,2%.

Esta distribución desigual, sumada al crecimiento del 42% en la deuda de las seis EPS más grandes, ha generado un desfinanciamiento institucional que, según el ente de control, podría derivar en un daño patrimonial para el Estado bajo los términos de la Ley 610 de 2000.

Un punto de especial preocupación para el organismo de control es la situación de la Nueva EPS, entidad que no presenta estados financieros desde el año 2023. La Contraloría denunció que existen recursos disponibles de «presupuestos máximos» que podrían aliviar la situación financiera de la red hospitalaria de baja complejidad, pero que siguen sin ser girados. Ante este panorama de ineficiencia administrativa y financiera, la Contraloría instó al Ministerio de Salud y a la Supersalud a implementar cambios estructurales e inmediatos que garanticen que el dinero de la salud llegue efectivamente a los hospitales y se evite un colapso sistémico inminente.