Tras dos años de silencio, la fiscal general Luz Adriana Camargo responde por UNGRD, Ecopetrol, ‘Papá Pitufo’, Calarcá y el magnicidio de Miguel Uribe.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, rompió este fin de semana un silencio de casi dos años y respondió, caso por caso, las dudas que rodean los principales expedientes de corrupción, paz y crimen organizado de su gestión.

Lo hizo en una entrevista exclusiva con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, difundida el 27 de septiembre de 2026.

Camargo, designada en marzo de 2024 para el periodo 2024-2028, insistió en que su despacho “es una Fiscalía sin agenda” y que esa independencia le ha valido “ataques de lado y lado”. “Nosotros no venimos acá a hacer amigos. Es una labor donde hay que perseguir un lado y otro allí donde haya delitos”, dijo.

La conversación llega en un momento político distinto al de su llegada al cargo. Gustavo Petro dejó la presidencia el 7 de agosto de 2026 y Abelardo de la Espriella asumió para el periodo 2026-2030. La fiscal reconoció que el diálogo con el gobierno saliente fue difícil y que, con el actual, ya ha sostenido al menos ocho reuniones de trabajo. “Es un buen relacionamiento”, afirmó.

UNGRD: red criminal, ministros y 33 congresistas.

El expediente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —el de los 40 carrotanques abandonados en Uribia— fue presentado por Camargo como uno de los que más rápido ha avanzado. Según ella, no se trata de un contrato aislado, sino de “una red criminal” integrada por el director, el subdirector y particulares. Ya hay imputación y acusación contra dos ministros de Estado y el director del DAPRE. Además, la Fiscalía compulsó copias contra 33 congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, porque no puede investigar senadores ni representantes.

El caso, sin embargo, no está cerrado en el terreno político. El 23 de septiembre, los representantes David Cote y Daniel Briceño radicaron una recusación contra Camargo ante la Sala Plena de la Corte Suprema. El escrito pregunta si la Fiscalía tenía información que involucraría al magistrado de la Corte Constitucional Vladímir Fernández —a partir de chats extraídos del celular de Sneyder Pinilla— y por qué no se habrían compulsado copias. Cambio ha sostenido que esas conversaciones estaban en poder de la entidad desde hace dos años; Camargo, en otra entrevista reciente, restó relevancia a esa línea y la consideró “descontextualizada”.

Ecopetrol: tres frentes contra Ricardo Roa.

Sobre la petrolera estatal, la fiscal dijo que ya hay acusación contra el exdirector Ricardo Roa por tráfico de influencias, ligado a un contrato en Hocol —“el apartamento es la anécdota”—. Hay una segunda línea por presunta violación de topes electorales cuando Roa fue gerente de campaña, y una tercera, que describió como “muy compleja”, por los 40 millones de dólares pagados al terminar el contrato de Termomorichal.

‘Papá Pitufo’: extradición concedida, asilo pendiente.

Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, tiene extradición concedida por España (2024) y Portugal (2025). El obstáculo, según Camargo, no está en Bogotá sino en Lisboa: desde mayo de 2025 los tribunales portugueses no resuelven su solicitud de asilo. Desmintió que Isaac Beltrán hubiera actuado como emisario ofreciendo beneficios y calificó esa versión de “mentira” y de presunto abuso de autoridad.

Calarcá: el informe de Caracol reactivó la captura.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue el de alias Calarcá. Camargo reconoció que las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol fueron la base para recuperar información de una extracción forense que no se había analizado, imputar delitos cometidos durante las mesas de diálogo y reactivar la orden de captura. Entre los hechos atribuidos al Frente 36 de las disidencias de las FARC mencionó el atentado contra policías en un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

Ya en marzo había confirmado “información grave” en computadores y celulares del disidente, incluida la relación con un general y una persona de la DNI, y había pedido al entonces gobierno Petro sacarlo de la mesa de negociación. Dijo que no obtuvo respuesta.

Nicolás Petro: niega presiones a la fiscal Laborde.

El caso del hijo del expresidente Gustavo Petro sigue en segunda instancia ante el Tribunal de Barranquilla. Camargo sostuvo que lo recibió ya en juicio, que la fiscal Lucy Laborde “obró con tanta libertad” y que no recuerda haber cruzado “más de dos correos” con ella. Negó interferencia y dijo que no se aceptó el preacuerdo pedido por la defensa.

Esa versión choca con la denuncia pública de Laborde, publicada en agosto por Semana: la exfiscal afirma que Camargo le pidió retirar el delito de lavado de activos y dejar solo enriquecimiento ilícito, con una pena que se cumpliría en una guarnición militar. La Fiscalía General respondió entonces que “no hubo órdenes para eliminar delitos, ni presiones o coacciones”. El choque de relatos no quedó zanjado en la entrevista.

Miguel Uribe: indicios hacia las disidencias.

Sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, Camargo afirmó que hay indicios de que el crimen “pudo salir de las disidencias”, pero aclaró que la información sigue siendo genérica y debe aterrizarse. No hay detenciones en esa línea. Aun así, calificó el expediente de “bastante exitoso” en términos de tiempo.

Paz Total: “no lo fue”.

Consultada de frente sobre si la Paz Total del gobierno Petro fue un fracaso, respondió que “tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa y no lo fue”. Atribuyó el resultado a falta de planeación y a “falta de voluntad real de los actores criminales”. Recordó que la Ley 2272 de 2022 amparó conversaciones —como las del excomisionado Danilo Rueda con un vocero del Clan del Golfo— que, por ese marco, no derivan en investigación penal, aunque las consideró “escandalosas”.

En materia de resultados operativos, reportó 1.375 órdenes de captura ejecutadas contra crimen organizado y 4.900 en seguridad territorial en lo corrido de 2026. “Queríamos investigar para capturar y no capturar para investigar”, resumió. Sobre Santa Marta y La Guajira, dijo que hay dos actores: los Conquistadores de la Sierra y una ofensiva del Clan del Golfo que, precisó, “coincide con el gobierno del nuevo presidente” pero es, ante todo, “una ofensiva judicial”.

«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»