Tres años después del crimen, los padres de Edwin Arrieta no han recibido ni un euro de la indemnización fijada por la justicia tailandesa

La familia de Edwin Arrieta sigue sin cobrar la indemnización fijada por la justicia tailandesa, mientras un audio de octubre de 2025 muestra a Daniel Sancho pidiendo a su madre unos 100.000 euros para una operación que él vinculaba con su salida de prisión.

El 25 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelación de la Región 8, con sede en el ámbito del Tribunal Provincial de Samui, desestimó los recursos y confirmó la condena a cadena perpetua impuesta en primera instancia el 29 de agosto de 2024. El fallo mantiene la responsabilidad de Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, así como por la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción de su pasaporte.

La pena de muerte prevista para el asesinato premeditado ya había sido reducida en primera instancia por la colaboración del condenado con el procedimiento.

La resolución conserva también la indemnización de 4,42 millones de baht a favor de los padres de Arrieta. Según el cambio utilizado por las agencias al informar del fallo, esa cifra ronda los 117.000 euros; la representación de la familia en España la sitúa en torno a los 106.000–107.000 euros. La acusación particular había pedido elevar tanto la pena como la reparación. El tribunal no modificó ninguna de las dos.

Ese dinero, según los abogados de los Arrieta, no ha llegado. Beatriz Uriarte, representante de la familia en España, declaró a Informativos Telecinco que Sancho “no ha pagado ni 50 céntimos”. Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia, volvió a reclamar la reparación tras el fallo de apelación y recordó que el caso no está del todo cerrado: la defensa estudia acudir al Tribunal Supremo tailandés y, más adelante, podría plantearse un traslado a España al amparo del convenio entre ambos países. Ospina, señaló que Darling Arrieta, hermana de Edwin, recibió la confirmación de la cadena perpetua “más tranquila” y agradecida, con la idea de que “se ha hecho justicia”, aunque “nadie va a traer la vida de Edwin”.

En Lorica, Colombia, los padres del cirujano hablaron con la reportera Núria Leiras para Fiesta. La madre, Marciela, resumió el desgaste: “Hay que darle gracias a Dios. Ya está bueno, ya son casi cuatro años”. El padre prefirió apartarse: “Nosotros ya no queremos saber nada”. De condición humilde, la familia perdió con Edwin el principal sostén económico del hogar. El despacho Ospina Abogados insistió en que “nadie busca venganza” y preguntó si no era ya el momento de “reconocer los hechos, pedir un perdón sincero” y asumir las responsabilidades. Carmen Balfagón, abogada del entorno de Sancho, respondió que el condenado pidió perdón en el juicio “en más de siete ocasiones” y sostuvo que “quien tiene que pagar es el reo y no sus padres”.

Cinco días después de la confirmación de la pena, el 30 de septiembre, OK Diario publicó fragmentos de una conversación telefónica del 4 de octubre de 2025, grabada cuando Sancho ya cumplía condena en la prisión de Surat Thani. En ella pregunta a su madre, Silvia Bronchalo, de cuánto dinero dispone. Ella responde que tiene “ciento y algo”, en alusión a ahorros de más de 100.000 euros. Sancho le pide que mueva esa cantidad a Tailandia para comprar un terreno a través de una mujer a la que identifica como Alice. Según su propio relato, el vendedor “va a susurrar en el oído de X personas” para que el caso pase “a manos de quien tiene que pasar”, y le asegura que, si la operación se hace, podría estar fuera el 15 de noviembre de 2025. Ante las dudas de su madre —que le advierte de la dificultad fiscal de transferir 100.000 euros y le pregunta si el plan es ilegal—, Sancho insiste en fraccionar los envíos y concluye: “Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”.

Los audios documentan lo que Sancho contó a su madre. No acreditan que el dinero se transfiriera, que se comprara el terreno ni que nadie interviniera ante los tribunales. El calendario desmiente el pronóstico de la llamada: el 15 de noviembre de 2025 Sancho seguía preso, y un año después la cadena perpetua fue confirmada.

Bronchalo reaccionó el mismo día en declaraciones a Kike Calleja para Vamos a ver. Dijo sentirse “agredida” y “utilizada”, y atribuyó la difusión a un tercero: “Alguien graba, manipula y publica una conversación privada entre una madre y su hijo en prisión y desesperado”. Añadió que “quien haya filtrado esto le hace un daño enorme” a su hijo. Su abogado, Luis Ignacio Mateo, declaró a El Cierre Digital que Bronchalo no filtró los audios y que esa misma tarde iniciarían acciones penales. “Silvia jamás revelaría esos audios porque sería hacerle daño a su propio hijo”, sostuvo. No hay, en lo publicado, una admisión de que fuera ella quien grabó o quien entregó la conversación a la prensa. El origen de la grabación no ha sido establecido.

Este 5 de octubre, la abogada Carmen Balfagón añadió que Sancho también pidió esos 100.000 euros a su padre, Rodolfo Sancho, y que el actor rechazó la operación porque la consideraba una estafa.

El contraste queda así planteado. De un lado, una indemnización judicial de 4,42 millones de baht que, según los abogados de los Arrieta, no se ha abonado ni en parte, mientras los padres del cirujano dicen querer cerrar casi cuatro años de proceso.

Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»