Un Paso Decisivo hacia la Seguridad Vial en Colombia
Por: Antonio José Correa Jiménez
En Colombia, los siniestros viales se han convertido en una problemática de gran magnitud, con cifras alarmantes que demandan una intervención estatal más efectiva y oportuna.
Es por ello que, como Autor y ponente del Proyecto de Ley 205 de 2023 del Senado, me complace presentar a la opinión pública los beneficios y la importancia crucial de esta iniciativa legislativa, que tiene como objetivo central fortalecer las medidas de control y ejecución de políticas públicas para la reducción de los siniestros viales en nuestro país.
El Proyecto de Ley 205 de 2023 no es solo una respuesta a las estadísticas preocupantes que enfrentamos, sino un compromiso con la vida y la seguridad de todos los colombianos.
Según el último informe de seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), la mortalidad por siniestros viales en Colombia sigue siendo una de las más altas de la región, con incrementos preocupantes en el número de fallecidos, especialmente entre los usuarios de motocicletas y vehículos de cuatro o más ruedas.
El proyecto propone una serie de medidas innovadoras y estrictas que buscan no solo reducir las cifras de mortalidad y lesiones graves en accidentes de tránsito, sino también crear un marco normativo más robusto que garantice la efectiva implementación de políticas públicas, con una clara coordinación entre las diversas autoridades de tránsito, incluyendo al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y las entidades territoriales.
Otro aspecto relevante en el articulado es la creación de un banco de proyectos enfocado exclusivamente en la prevención de siniestros viales.
Este banco permitirá a gobernadores y alcaldes postular proyectos que serán evaluados y viabilizados por un comité especializado de la ANSV, asegurando que las inversiones se destinen a intervenciones que realmente contribuyan a la seguridad vial, como la construcción de glorietas, pasos seguros, puentes peatonales y mejor iluminación pública.
Por último, este proyecto actualiza disposiciones de la Ley 769 de 2002, adaptando la normativa existente a las necesidades actuales de la seguridad vial en Colombia, y es una herramienta esencial para transformar el panorama de la seguridad vial en nuestro País. Su aprobación no solo salvará vidas, sino que también fortalecerá la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.
Es un paso firme hacia un país más seguro, donde la movilidad no sea sinónimo de peligro, sino de progreso y desarrollo.
Invito a mis colegas del Senado y a todos los colombianos a apoyar esta iniciativa, porque la vida de cada uno de nosotros merece todas las garantías que el Estado pueda ofrecer.
