Universidad de Córdoba somete a cobro coactivo a la Gobernación por deudas de impuestos.
La relación entre la Universidad de Córdoba y la Gobernación del departamento atraviesa su momento más crítico. El rector del alma mater, Jairo Torres Oviedo, denunció públicamente que la administración departamental, liderada por Erasmo Zuleta Bechara, ha incurrido en lo que calificó como una «captación indebida» de recursos provenientes del impuesto de registro, los cuales no han sido transferidos a la institución en los últimos dos años.
Esta disputa financiera ha escalado a terrenos jurídicos sin precedentes: la Universidad se vio obligada a iniciar un proceso de cobro coactivo contra el Departamento. Según las cifras entregadas por el Rector, solo en el año 2025 la deuda superaba los $2.600 millones de pesos , recursos que están destinados por ordenanza al sostenimiento, mantenimiento y pago de servicios de la sede de la universidad en Sahagún.
Torres Oviedo no solo cuestionó el retraso en los giros, sino que lanzó duras críticas a la actual política de regionalización universitaria que promueve la Gobernación. Según el directivo, se está planeando la expansión de la educación superior en los municipios sin consultar a la Universidad de Córdoba, institución que estructuró originalmente dicha política en el departamento.
«Si se quiere hablar de regionalización, hay que pensar en la creación de impuestos territoriales sólidos. Así como se crean tributos para la guerra, deben crearse para la educación», enfatizó Torres, advirtiendo que cualquier crecimiento académico fuera de Montería requiere una base financiera que no vulnere la autonomía universitaria.
El conflicto económico parece ser el reflejo de una ruptura política profunda. El distanciamiento se hizo oficial durante la reciente elección de Torres Oviedo como rector, sesión del Consejo Superior a la que no asistió el gobernador Zuleta ni ningún delegado de su gabinete.
Mientras la Gobernación impulsa proyectos educativos en zonas como Montelíbano, la Universidad de Córdoba reclama el respaldo institucional para fortalecer sus sedes actuales y exige que el dinero recaudado por impuestos con destino específico llegue finalmente a las aulas y no se quede en las arcas del Palacio de Naín.
