Urge redoblar esfuerzos para el regreso de indígenas a Tierralta
Por: Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
Desde el pasado mes de abril, los habitantes de Montería han observado una imagen lamentable y preocupante: cerca de 1500 campesinos e indígenas de la comunidad Embera Katio ocupando – y pernoctando – en el parque Simón Bolívar.
La imagen es lamentable pues no es en condiciones precarias en el espacio público que deben vivir estas comunidades, sino en sus territorios, bajo las garantías de paz y vida digna. Y es preocupante porque esta situación se ha sumado a la crisis de salud pública y económica que deja la pandemia. En Montería no podemos seguir así.
Acá todos perdemos. Y perdemos por una protesta de una comunidad cuyas soluciones a las peticiones no están en nuestras manos. Desde la Alcaldía hemos hecho enormes esfuerzos por atender los problemas sociales de Montería, por equilibrar la cancha de las oportunidades, por enfrentar los retos de la pandemia, por disminuir el desempleo. Pero esta situación, que es realmente un problema ajeno, pone en riesgo los avances que con tanto trabajo hemos logrado consolidar.
Es urgente e inaplazable que el Gobierno nacional y el departamental, así como la alcaldía de Tierralta, que son quienes tienen en sus manos las soluciones de fondo para esta crisis, redoblen sus esfuerzos y actúen con mayor celeridad. El paso siguiente es presentar a la mayor brevedad la matriz del plan de acción de retorno donde quedarán consignados los compromisos establecidos con las comunidades para el regreso a su territorio.
Como primer respondiente, hemos asumido gran parte de las tareas en esta crisis. A partir del primer día, garantizamos la atención en salud y alimentación de los indígenas y demás necesidades que hemos logrado solucionar desde nuestra competencia. No podemos emprender acciones en contra de su voluntad y no somos la autoridad que le corresponde satisfacer y dar solución a las demandas de los indígenas y campesinos expuestas desde su llegada a Montería.
Por eso, como primera autoridad del municipio, afectado enormemente, exijo que se busquen soluciones reales y efectivas en el menor tiempo posible. Mi deber como alcalde es proteger los derechos de los habitantes de Montería, quienes se han visto injustamente perjudicados por esta situación. Nos duele la situación de los comerciantes aledaños al parque Simón Bolívar, algunos han tenido que cerrar sus puertas, y la tranquilidad de los ciudadanos alrededor de la zona se ha perdido, incluso para quienes asisten a la Santa Misa en la Catedral.
Una situación similar ocurre con los indígenas asentados desde el mes de diciembre cerca de la sede de la empresa Urrá, ante el silencio de la mesa de concertación que se conformó para resolver la situación.
Agradecemos a Defensoría del Pueblo por la mediación entre el gobierno nacional, departamental y comunidad. Necesitamos recuperar este espacio público de la ciudad para garantizarles a los monterianos la protección de sus derechos, que son tan fundamentales como los de las comunidades indígenas y campesinas que hoy requieren apoyo y acompañamiento de parte del Estado. Esta situación no da espera.
