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Investigación de la FAC revela que choque con árboles y pérdida de potencia detonaron la caída del Hércules en Putumayo

A un mes de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) presentó un informe preliminar que detalla la secuencia de eventos que condujeron al desplome del avión C-130 Hércules, matrícula FAC 1016. Según el reporte entregado por el coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional, la aeronave, que cumplía una misión de transporte de personal y carga para el Batallón de Infantería No. 49, se encontraba en condiciones óptimas de aeronavegabilidad y con sus mantenimientos al día. El análisis técnico descartó que las condiciones meteorológicas fueran un factor determinante, calificando el clima durante el despegue como estable y sin afectaciones significativas para la operación.

El informe detalla que el incidente se originó apenas cuatro segundos después del despegue por la pista 30 del aeropuerto de Caucayá. En ese momento crítico, el fuselaje y las hélices de la aeronave impactaron contra tres árboles ubicados en la trayectoria de salida. Este contacto provocó la ingestión de material vegetal en los motores No. 1 y No. 2, situados en el ala izquierda, lo que derivó en una pérdida inmediata y crítica de potencia. Los datos recuperados del Grabador de Datos de Vuelo (FDR) confirman que esta asimetría de fuerza generó un viraje descontrolado de 29 grados de inclinación hacia la izquierda y una caída acelerada de altitud. Ante la emergencia, la tripulación intentó recuperar el control reduciendo la potencia de los motores restantes, pero el avión permaneció en el aire solo 36 segundos antes de impactar contra el terreno a dos kilómetros de la pista.

​A diferencia de las versiones que circulaban inicialmente sobre un posible exceso de peso, la investigación preliminar estableció que el Hércules despegó con un peso estimado de 133.000 libras, manteniéndose por debajo del límite máximo de 139.000 libras permitido para esa terminal aérea. No obstante, el informe subraya la incidencia directa de los obstáculos naturales en la cabecera de la pista. Como medida inmediata de seguridad, la FAC ordenó restringir los despegues de aeronaves de ala fija en dicha pista hasta que se retiren los árboles que representan un riesgo para la navegación. Aunque el balance de víctimas se mantiene en una cifra dolorosa, el documento aclara que la investigación técnica continúa en desarrollo para emitir conclusiones definitivas que permitan prevenir futuros accidentes en operaciones de transporte militar.

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Montería fue escenario de diálogo interinstitucional sobre seguridad y gobernanza

Policía Nacional participó como ponente en espacio académico liderado por la UPB, Fulbright e ICETEX

 La Policía Nacional en Montería participó activamente en la conferencia “Seguridad Humana y Gobernanza Democrática”, desarrollada en el auditorio San Jerónimo del Ecocampus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), un espacio académico orientado a reflexionar sobre los retos y oportunidades en materia de seguridad y buen gobierno.

Durante el panel interinstitucional participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cereté, así como la Policía Nacional.

En este escenario, el señor coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, intervino como ponente, resaltando el trabajo articulado que se viene desarrollando con las autoridades locales y la comunidad para fortalecer la confianza ciudadana, prevenir el delito y consolidar entornos seguros.

El evento también contó con la participación de la Dra. Kimi Lynn King, Ph.D., especialista del programa Fulbright y docente de la Universidad del Norte de Texas, quien abordó temas relacionados con entornos afectados por conflictos y escenarios de transición, destacando la importancia de la legitimidad institucional basada en la coordinación, la transparencia, la oportunidad y el compromiso continuo con las comunidades.

_“La articulación entre instituciones y ciudadanía es clave para avanzar en la construcción de territorios seguros. Desde la Policía Nacional continuamos trabajando de manera cercana y comprometida con la comunidad”, manifestó el señor coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería._

Este tipo de espacios permiten el intercambio de conocimientos y fortalecen estrategias integrales que promueven la convivencia, la seguridad ciudadana y la gobernanza democrática en la región.

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Alarma en el INEM de Montería: Sujeto armado irrumpió en área de preescolar para asaltar a una docente

La tranquilidad de la jornada académica en el colegio INEM Lorenzo María Lleras de Montería se vio fracturada este jueves, luego de que un delincuente armado lograra vulnerar los filtros de seguridad e ingresara hasta el pabellón de preescolar. El sujeto, según los reportes preliminares, interceptó a una de las maestras con el objetivo de despojarla de una cadena de oro.

Aunque el forcejeo impidió que el hurto se consumara, la presencia de un hombre armado a pocos metros de los estudiantes más pequeños de la institución desató el pánico. Docentes y personal administrativo activaron protocolos de resguardo inmediatos, mientras la comunidad educativa intentaba asimilar la facilidad con la que el intruso accedió al corazón del plantel.

La docente afectada se comunicó directamente con los padres de familia para aclarar lo sucedido y desmentir rumores, pidiendo calma ante la situación de estrés vivida. Sin embargo, el hecho ha reabierto un debate urgente en la capital cordobesa: la vulnerabilidad de los perímetros escolares. Padres y directivos exigen a la administración municipal y a la Policía Metropolitana un fortalecimiento real en los controles de acceso y una mayor vigilancia en los alrededores de los colegios públicos, que hoy parecen ser blanco fácil para la delincuencia común.

Por su parte, las autoridades ya cuentan con material de las cámaras de seguridad y testimonios clave para identificar al responsable, quien huyó del lugar tras el fallido asalto.

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Política Región

Terror en el sur de Cali: Atentado con explosivos sacude el Cantón Militar Pichincha

Una mañana de pánico vivieron los habitantes de los barrios Meléndez y Nápoles, en el sur de Cali, tras la detonación de artefactos explosivos en inmediaciones de la Tercera Brigada del Ejército. El ataque, dirigido contra el Cantón Militar Pichincha, involucró un vehículo acondicionado con explosivos que generó una fuerte onda de choque, sentida en gran parte de la comuna 18 y sectores aledaños a la calle 5.

De acuerdo con el reporte oficial de la Tercera División del Ejército, el atentado se habría perpetrado mediante el lanzamiento de artefactos (presuntamente cilindros) desde el exterior de la unidad militar. Uno de los dispositivos logró detonar dentro del batallón, mientras que el vehículo utilizado quedó en las cercanías, obligando a un despliegue inmediato de unidades antiexplosivos y sobrevuelos con aeronaves no tripuladas (drones) para asegurar el área.

Pese al estruendo que provocó gritos y momentos de angustia entre los transeúntes, el Ejército confirmó que, hasta el momento, no se registran víctimas mortales ni heridos entre el personal militar o la población civil. Sin embargo, se reportan daños materiales en viviendas y edificaciones cercanas debido a la onda explosiva.

La zona permanece acordonada por la Policía y el Ejército, mientras organismos de socorro como Bomberos y ambulancias se mantienen en alerta. Las autoridades adelantan las verificaciones técnicas para establecer quiénes estarían detrás de este acto terrorista que rompe la tranquilidad en la capital del Valle.

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Capturado en flagrancia por daño en bien ajeno en Montería

 La Policía Nacional, en desarrollo de actividades de patrullaje y control, logró la captura en flagrancia de un ciudadano por el delito de daño en bien ajeno, en un sector residencial de la ciudad de Montería.

Los hechos se presentaron en horas de la madrugada, cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia observaron a un individuo causando daños a diferentes enseres desde un inmueble en el barrio la Granja. De manera inmediata, los policías atendieron el requerimiento de una ciudadana, quien manifestó que esta persona estaba destruyendo varios elementos de su propiedad, entre ellos electrodomésticos y objetos de uso cotidiano.

Gracias a la oportuna reacción policial, se logró la captura del presunto responsable en el lugar de los hechos, garantizándole sus derechos como persona capturada y siendo dejado a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.

Cabe resaltar que el delito de daño en bien ajeno contempla sanciones penales en Colombia, al afectar el patrimonio económico de las personas, incluyendo la destrucción o deterioro de bienes muebles o inmuebles .

_“Rechazamos cualquier comportamiento que atente contra los bienes y la tranquilidad de los ciudadanos. Gracias a la oportuna intervención de nuestros uniformados, se logró la captura de esta persona en flagrancia. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando estos hechos para actuar de manera rápida y efectiva.” Señaló el señor mayor Pablo Agredo, comandante de la Estación de Policía Sur._

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad, a través de la línea de emergencia 123 o la zona de atención policial más cercana.

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Política Nación

Comisión Primera inicia debate de ley para enducerecer sanciones por conducir bajo efectos del alcohol

Con la conformación de quórum deliberatorio, la Comisión Primera del Senado inició la discusión del proyecto de ley que busca reformar el Código Penal en lo referente a la responsabilidad de quienes causen homicidios o lesiones personales al conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

La iniciativa, conocida como “Ley Arles Arbeláez Morales”, cuenta con la ponencia del senador Fabio Raúl Amín (Partido Liberal).

La sesión contó con la presencia de la Representante a la Cámara Piedad Correal, autora del proyecto, quien relató ante los senadores los trágicos hechos que dieron origen a la iniciativa.

Correal recordó el caso de Arles Arbeláez, quien perdió la vida en la ciudad de Armenia tras ser embestido por una conductora en estado de embriaguez, subrayando la necesidad de que la justicia penal responda con mayor contundencia a estos casos.

El debate técnico y jurídico

A pesar de la carga simbólica del proyecto, la discusión en la comisión evidenció posturas críticas desde el punto de vista jurídico.

El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) manifestó que no acompaña la ponencia radicada, argumentando que el Código Penal ya contempla el estado de embriaguez como una circunstancia de agravación punitiva.

Según Motoa, la reforma podría invadir las competencias del operador judicial y señaló que la iniciativa no cuenta aún con el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal.

En un sentido similar, el senador Alfredo Deluque (Partido de la U) cuestionó que el simple aumento de las penas tenga un efecto disuasorio real en el delito. Deluque enfatizó la importancia de fortalecer las medidas preventivas y expresó su preocupación por el tránsito de una responsabilidad subjetiva a una objetiva:

* Autonomía Judicial: Se subrayó la necesidad de mantener la valoración que hace el juez de cada caso y sus circunstancias particulares.

* Principios Penales: Se pidió que cualquier modificación sea concordante con los principios rectores que rigen el Código Penal colombiano.

Tras las intervenciones de los legisladores y los autores, la Comisión Primera dio por iniciada la discusión formal del articulado; sin embargo, la sesión fue levantada sin que se produjera la votación del proyecto.

Se espera que en la próxima jornada legislativa se retome el debate para definir el futuro de esta reforma que busca transformar la manera en que se juzgan los siniestros viales causados por el consumo de sustancias.

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Política Región

La Defensoría del Pueblo alerta sobre 19 casos de reclutamiento infantil en el primer trimestre de 202

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alarmante alerta tras identificar 19 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes durante el primer trimestre de 2026. Según el registro oficial de la entidad, esta problemática sigue golpeando con fuerza a la juventud del país, concentrando la mayor parte de las denuncias en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá, regiones históricamente afectadas por la presencia de actores armados.

​El informe detalla una marcada disparidad de género en las víctimas, revelando que el 63% de los menores reclutados son hombres, mientras que el 37% corresponde a mujeres. En cuanto a la caracterización étnica, el 90% de los afectados no se reconoce en ningún grupo específico, pero persiste una preocupante incidencia en comunidades vulnerables, con un 5% de víctimas pertenecientes a poblaciones indígenas y otro 5% de origen afrocolombiano.

​Respecto a los responsables de estos crímenes, la Defensoría señala al Estado Mayor de los Bloques y Frentes como el principal actor, vinculado al 42.1% de los casos, seguido por el ELN con un 31.4%. Otros grupos como los Comandos de Frontera, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y diversas disidencias también figuran en el reporte, evidenciando una compleja red de actores que continúan vulnerando los derechos fundamentales de la infancia en el territorio nacional.

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Policía recupera motocicleta reportada como hurtada en Montería

La Policía Nacional en Montería, a través de labores de patrullaje preventivo y control, logró la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada en la ciudad de Montería.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Buenavista, donde el personal policial adelantaba actividades de verificación de antecedentes a personas y vehículos y observaron una motocicleta en estado de aparente abandono sobre la vía pública.

Ante esta situación, los policías procedieron a realizar la consulta a través de los dispositivos institucionales, evidenciando que el automotor presentaba requerimiento vigente por el delito de hurto. De manera inmediata, se coordinó con personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para confirmar la información, obteniendo resultado positivo.

Una vez verificada la situación jurídica del vehículo, se realizó su recuperación y fue dejado a disposición de la autoridad competente para el proceso correspondiente.

_“La identificación de este vehículo en estado de abandono y su verificación oportuna permitió confirmar que había sido hurtado. Estos resultados reflejan la importancia de los patrullajes preventivos y el uso de herramientas tecnológicas para anticiparnos al delito.” Manifestó el señor mayor Pablo Agredo, comandante Estación de Policía Sur._

La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el hurto en todas sus modalidades, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente a la línea 123 cualquier hecho sospechoso que afecte la seguridad y convivencia ciudadana.

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Corte condena al excongresista Jaime Vásquez y su hermano sacerdote por abuso sexual de un menor

En un fallo que marca un hito en la lucha contra la pederastia y el abuso de poder en Colombia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los hermanos Jaime Alonso y Carlos Fernando Vásquez Bustamante a más de dos décadas de prisión. La decisión revoca las polémicas absoluciones previas y ordena la captura inmediata de ambos sacerdotes, la cual se materializó en San José del Guaviare tras una persecución judicial que duró 13 años.

El alto tribunal determinó que Jaime Alonso Vásquez quien además de clérigo fue representante a la Cámara por el Partido de la U y su hermano Carlos Fernando, sometieron a Francisco Javier Bohórquez a un ciclo de violencia sistemática que inició cuando la víctima tenía solo 13 años. Los abusos, que comenzaron en 1997 en la casa cural de San José del Guaviare, se prolongaron por 16 años bajo un «dominio absoluto» cimentado en amenazas y control económico sobre la familia del joven.

La Corte fue contundente al criticar al Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia había declarado inocentes a los religiosos. Los magistrados señalaron que se cometieron errores graves al valorar las pruebas, como exigir marcas físicas visibles para creer el relato de la víctima o interpretar la falta de resistencia como un «consentimiento».

«El no resistirse no significa que hubiera consentimiento; no existen reglas científicas que determinen cómo debe comportarse una persona durante un abuso», sentenció la Sala Penal, reconociendo el estado de indefensión de Bohórquez frente a la autoridad eclesiástica y política de los hermanos.

Durante años, el excongresista Jaime Vásquez intentó descalificar las denuncias ante medios nacionales como Blu Radio, tildándolas de «calumnia total» con fines económicos y políticos. Sin embargo, la justicia encontró que el testimonio de la víctima era coherente y que las pruebas psicológicas presentadas por la defensa eran deficientes.

El caso solo salió a la luz en 2013, cuando Bohórquez, venciendo el miedo, denunció al ver que el excongresista comenzaba a mostrar un interés sospechoso en su propio hijo, quien para entonces tenía 12 años. Hoy, los hermanos Vásquez Bustamante enfrentan una condena por acceso carnal violento agravado, poniendo fin a una década de impunidad en el departamento del Guaviare.

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De la corrupción a la Reforma Agraria: Finca de Otto Bula pasa a manos de la comunidad Zenú en Montería

En un acto cargado de simbolismo para la Reforma Agraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) culminó con éxito la recuperación y entrega del predio “No hay como Dios” a 145 familias del pueblo Zenú. La finca, de 22 hectáreas y ubicada en zona rural de Montería, perteneció al exsenador Otto Bula, recordado por su implicación en los sobornos de Odebrecht, y ahora se convierte en el territorio de esperanza para la comunidad La Esperanza de Chuchurubí.

El operativo de entrega no estuvo exento de tensiones. Pese a la férrea oposición del excongresista condenado, la ANT, respaldada por la Policía Nacional, hizo valer la ley para integrar este terreno a las políticas de redistribución del Gobierno Nacional. Para los líderes indígenas, este hito pone fin a décadas de solicitudes fallidas y representa una victoria contra el riesgo de desaparición cultural, permitiendo a las familias retomar sus prácticas ancestrales y agrícolas.

Este procedimiento se suma a la reciente ofensiva del Ejecutivo en el departamento de Córdoba, donde predios que estuvieron bajo el control de estructuras ilegales o administraciones estatales cuestionadas están siendo devueltos a campesinos y minorías étnicas. Con la entrega de «No hay como Dios», el Gobierno envía un mensaje claro: la tierra, antes símbolo de poder y corrupción, será ahora el motor de la soberanía alimentaria en el Caribe colombiano.

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