Burbuja Política
Héctor Carmelo Mendoza Rangel fue identificado como el adulto mayor que falleció en las últimas horas tras un siniestro vial ocurrido en inmediaciones del barrio San Gabriel, en el municipio de Lorica, Córdoba.
Hasta el momento es poca la información disponible sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos.
El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Montería, debido a que Lorica no cuenta con este servicio.
Las adquisiciones de bienes a través de plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu, Shein o Amazon enfrentan una eventual alza en sus costos finales debido a las medidas contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Fiscal radicado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa busca modificar las exenciones actuales para los envíos de bajo valor procedentes del exterior, aplicando la tarifa general del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a las importaciones que ingresen bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
La medida gubernamental apunta a incrementar el recaudo tributario y corregir las asimetrías de competencia que alega el comercio formal colombiano frente al crecimiento del consumo digital transfronterizo. Sin embargo, analistas económicos y gremios del sector advierten que la eliminación del beneficio arancelario y la aplicación directa del gravamen impactarán el bolsillo de miles de consumidores de clase media que recurren habitualmente a estas aplicaciones para la compra de vestuario, tecnología y artículos del hogar.
Una grave denuncia sacude al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y pone en el centro de la polémica al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta.
El expresidente Gustavo Petro y su abogado, Alejandro Carranza, acusan al funcionario de abuso de poder, violación sistemática de derechos humanos y persecución política contra servidoras públicas identificadas como progresistas.
Según la denuncia difundida por Carranza —quien respondió directamente a un trino de Petro—, el director del DAPRE, su secretaria y otras personas que se presentaron como investigadores (posiblemente de la Dirección Nacional de Inteligencia) interrogaron durante más de cinco horas a una madre soltera inocente que trabaja en la entidad. La mujer, según el relato, quedó indefensa: no contó con representación legal ni se respetó el debido proceso. “La quebraron emocionalmente”, señaló Carranza.
El episodio más grave, según la versión, ocurrió en un baño de la Casa de Nariño. Una teniente de la Policía Nacional habría obligado a la funcionaria a desnudarse por completo para practicarle una requisa, mientras el director del DAPRE y otros se encontraban en las inmediaciones. Carranza calificó los hechos como tortura psicológica, violencia política, de género y acoso laboral. Anunció que ampliará la denuncia y pedirá a la Fiscalía que recaude de inmediato las grabaciones de las cámaras del DAPRE y de la Secretaría Jurídica antes de que puedan ser eliminadas. También exigió que la teniente responda penal y disciplinariamente.
Petro elevó el tono de la acusación. En su publicación original afirmó que Ríos Puerta ha llegado a un “abierto abuso de poder y violación sistemática de derechos humanos en el DAPRE tratando de buscar mujeres progresistas en la administración pública” y pidió que la denuncia se amplíe a tortura psicológica. En mensajes posteriores, el expresidente calificó lo ocurrido como un delito de lesa humanidad y sostuvo que se está torturando a mujeres para presionarlas a respaldar calumnias levantadas en su contra.
La madrugada de este domingo 1 de noviembre terminó en tragedia para una familia de Montería. Como Sandy Borja fue identificada la joven que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en la vía que comunica a Garzones con Mocarí, en el municipio de Montería, Córdoba.
De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró aproximadamente a 500 metros antes de llegar al conjunto residencial Malibú.
Sandy se desplazaba en una motocicleta Yamaha BWS de color blanco, con placas MGT61E. Tanto la joven como la motocicleta fueron halladas fuera de la carretera, en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.
Por ahora se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió en este tramo vial.
Un equipo de científicos e investigadores en China logra un avance en la medicina regenerativa al aplicar con éxito una terapia celular que permite a un paciente de 59 años suspender de manera definitiva las inyecciones de insulina y los medicamentos orales para la diabetes. El procedimiento consiste en la reprogramación de células sanguíneas del propio paciente para transformarlas en células madre y, posteriormente, en islotes pancreáticos funcionales capaces de sintetizar la hormona de forma autónoma tras ser reimplantados en el organismo.
A pesar de que el resultado constituye uno de los antecedentes más significativos hacia la remisión funcional de la enfermedad —con potencial aplicación futura en la diabetes tipo 1—, la comunidad médica internacional enfatiza que el tratamiento se encuentra en fase experimental. Los especialistas señalan que se requieren ensayos clínicos a mayor escala y un seguimiento prolongado en el tiempo para determinar la seguridad, sostenibilidad y eventual aprobación generalizada de esta tecnología médica.
El Ministerio de Salud y Protección Social mantiene un cerco epidemiológico sobre cuatro ciudadanos que ingresaron al país con antecedentes de estancia en la República Democrática del Congo. Los reportes oficiales confirman el diagnóstico de malaria en dos de los viajeros, contingencia que deja como saldo el deceso de una persona en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, mientras otro paciente permanece bajo estricta observación médica e aislamiento preventivo en un centro asistencial.
En el marco de los protocolos de bioseguridad, el Instituto Nacional de Salud adelanta exámenes complementarios para descartar la presencia de otras patologías transmisibles de alto impacto, entre las que se evalúa el virus del ébola. La cartera de salud enfatiza que a la fecha no existe ningún diagnóstico confirmado de ébola en el territorio nacional y hace un llamado a la calma a la opinión pública mientras se completan las verificaciones científicas correspondientes.
La aplicación de ataques aéreos estratégicos contra campamentos de grupos armados ilegales refleja profundas divergencias conceptuales y doctrinarias entre las recientes administraciones del país. Durante el periodo del expresidente Juan Manuel Santos, estas maniobras funcionaron como eje de presión militar sobre las Farc y el ELN, registrando un uso intensivo que disminuyó tras la firma del Acuerdo de Paz. Posteriormente, la administración del expresidente Iván Duque mantuvo los bombardeos como herramienta táctica contra disidencias y estructuras del narcotráfico, aunque la estrategia generó fuertes cuestionamientos institucionales por el deceso de menores de edad reclutados forzosamente en las zonas de impacto.
En contraste, el gobierno del expresidente Gustavo Petro implementó una directriz de restricción y suspensión de bombardeos sobre campamentos donde se determinara la presencia de menores, priorizando el enfoque de «Paz Total» y la prevención de afectaciones a la población infantil. Sin embargo, el actual Ejecutivo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella reanuda de manera frontal el despliegue del poder aéreo como mecanismo de ofensiva contra estructuras del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias armadas. La reactivación de estas operaciones reabre el debate nacional en torno a la ponderación del Derecho Internacional Humanitario, la protección frente al reclutamiento forzado y la efectividad operativa de la Fuerza Pública en las regiones.
El expresidente Gustavo Petro genera una intensa discusión en la red social X al emitir fuertes descalificaciones y críticas frontales contra las decisiones económicas de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. En su pronunciamiento, el exmandatario cuestiona la estructura tributaria del actual Gobierno, asegurando que las medidas impositivas benefician a las clases adineradas mientras trasladan una carga desproporcionada sobre los sectores populares y la clase trabajadora.
Las declaraciones del ex jefe de Estado intensifican el enfrentamiento político al señalar directamente al actual mandatario de procurar prebendas para grandes capitales a expensas de la ciudadanía. Asimismo, Petro cierra su mensaje con llamados simbólicos a la movilización y a la confrontación ideológica, en medio del debate legislativo que afrontan las iniciativas económicas del Ejecutivo en el Congreso de la República.
Iniciar y sostener un emprendimiento en Colombia representa una travesía compleja debido al entorno regulatorio y a la estructura fiscal del país. Los pequeños y medianos empresarios enfrentan múltiples barreras operativas, entre las que destacan el costoso trámite de formalización, la dificultad para acceder a líneas de crédito productivo y la elevada carga prestacional. A este panorama se suma una matriz impositiva donde confluyen impuestos del orden nacional y local —como el impuesto de renta, el Registro Único Tributario (RUT), las contribuciones parafiscales y el impuesto de industria y comercio (ICA)—, los cuales restan liquidez a los negocios emergentes en sus etapas iniciales de consolidación.
La situación del sector privado se torna más crítica ante el proyecto del Gobierno nacional de incrementar la tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) dentro de la propuesta de ajuste fiscal. Gremios de comerciantes y emprendedores advierten que encarecer este tributo indirecto contres el consumo de los hogares, eleva los costos finales al consumidor y reduce el margen de rentabilidad de los comercios. En este escenario, la eventual alza del IVA amenaza con desincentivar la creación de nuevas empresas, impulsar la informalidad laboral y debilitar la capacidad de supervivencia de los negocios en las regiones.
El Gobierno nacional implementa una nueva normatividad orientada a regular la circulación de bicicletas y patinetas eléctricas en los entornos urbanos del país. La disposición establece exigencias de seguridad vial que incluyen el uso obligatorio de casco homologado, el respeto a límites máximos de velocidad y la incorporación de un sistema de identificación mediante placa para estos vehículos de micromovilidad.
Con esta reglamentación, las autoridades buscan mitigar la accidentalidad vial y ordenar el tránsito de estos medios de transporte alternativos que comparten espacio con peatones y automotores en las ciudades. Las alcaldías locales y los organismos de tránsito asumirán la vigilancia para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y sancionar el desacato a las nuevas disposiciones operativas.