Escándalo en la Casa de Nariño: denuncian interrogatorio sin garantías y requisa desnuda a funcionaria del DAPRE.
Una grave denuncia sacude al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y pone en el centro de la polémica al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta.
El expresidente Gustavo Petro y su abogado, Alejandro Carranza, acusan al funcionario de abuso de poder, violación sistemática de derechos humanos y persecución política contra servidoras públicas identificadas como progresistas.
Según la denuncia difundida por Carranza —quien respondió directamente a un trino de Petro—, el director del DAPRE, su secretaria y otras personas que se presentaron como investigadores (posiblemente de la Dirección Nacional de Inteligencia) interrogaron durante más de cinco horas a una madre soltera inocente que trabaja en la entidad. La mujer, según el relato, quedó indefensa: no contó con representación legal ni se respetó el debido proceso. “La quebraron emocionalmente”, señaló Carranza.
El episodio más grave, según la versión, ocurrió en un baño de la Casa de Nariño. Una teniente de la Policía Nacional habría obligado a la funcionaria a desnudarse por completo para practicarle una requisa, mientras el director del DAPRE y otros se encontraban en las inmediaciones. Carranza calificó los hechos como tortura psicológica, violencia política, de género y acoso laboral. Anunció que ampliará la denuncia y pedirá a la Fiscalía que recaude de inmediato las grabaciones de las cámaras del DAPRE y de la Secretaría Jurídica antes de que puedan ser eliminadas. También exigió que la teniente responda penal y disciplinariamente.
Petro elevó el tono de la acusación. En su publicación original afirmó que Ríos Puerta ha llegado a un “abierto abuso de poder y violación sistemática de derechos humanos en el DAPRE tratando de buscar mujeres progresistas en la administración pública” y pidió que la denuncia se amplíe a tortura psicológica. En mensajes posteriores, el expresidente calificó lo ocurrido como un delito de lesa humanidad y sostuvo que se está torturando a mujeres para presionarlas a respaldar calumnias levantadas en su contra.
