Apelación por medida del triple homicidio en Chimá, pasará a manos de otro Juez del Circuito
Tras la sustentación de la apelación de los defensores de Cristian Petro y Juan Fernando Soto, imputados por la muerte de tres personas en el municipio de Chimá; se decidió que la misma apelación será resuelta por otro juez del Circuito. En ese caso, puede ser el juez de Chinú, por estar bastante cerca de donde ocurrieron los hechos.
Así está establecido en las normas judiciales como el Código de Procedimiento Penal, .de acuerdo con consultas llevadas a cabo por este medio con diferentes especialistas en la materia
La audiencia se realizó en la mañana de este lunes 25 de noviembre, donde los abogados Antonio González, de Cristian Mauricio Petro Almanza; y Lesmer Quintero Argel, de Juan Fernando Soto Garcés; expusieron, durante hora y media cada uno, los motivos por los cuales no estaban de acuerdo con la medida de aseguramiento intramural dictada por la juez encargada de Chimá Irma Eufemia Padilla Herrera.
En ese caso, el juez que asuma la resolución de la apelación, tendrá, desde el punto de vista legal, cinco días hábiles para resolver la misma. De igual manera, citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura del auto dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Sin embargo, ese proceso puede demorarse más de lo previsto. Por ejemplo: una fuente judicial dijo que, debido a las congestiones judiciales, esos términos no se cumplen, por lo regular, en ningún Juzgado del país. “Algunas de estas entidades tienen en sus estantes, apelaciones que datan de hace más de dos años”, precisó la fuente.
En cuanto a los dos indiciados Petro Almanza y Soto Garcés, siguen en el Centro de Detención Transitoria de la Alcaldía de Montería. Pero por decisión de la jueza de Chimá Padilla Herrera, tendrán que ser trasladados a la Cárcel Nacional Las Mercedes de la capital cordobesa.
No obstante, hay una solicitud de los defensores de los imputados para que sean recluidos en un centro penitenciario de máxima seguridad como La Tramacúa en la ciudad de Valledupar. Lo anterior se haría por seguridad de los indiciados, de acuerdo con los abogados defensores.
Pero todo depende del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Aunque la jueza dijo, en una de las audiencias, que sugería a dicha entidad que estudiara el caso si trasladaba a los imputados a La Tramacúa, o donde la entidad lo considere conveniente.
