¿Por qué votan por sus verdugos?»: El dardo de Petro al senador Alirio Barrera por caso de abuso sexual
Un fuerte sismo político sacude al Congreso tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación formal contra el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, por el presunto delito de acto sexual violento. El proceso se origina en una denuncia por hechos ocurridos en 2016, cuando Barrera, entonces gobernador de Casanare, habría agredido a una joven que acudió a su despacho en busca de apoyo para un evento de juventudes cristianas.
La noticia provocó una reacción inmediata y punzante del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X lanzó una dura radiografía del senador y cuestionó a su electorado. El mandatario calificó a Barrera como un «ocupador ilegítimo de tierras baldías» y un opositor radical que ha trabajado para frenar los cambios sociales del Ejecutivo. «¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?», sentenció Petro, vinculando el perfil ético del congresista con su labor legislativa
El señalamiento del presidente no es aislado. Alirio Barrera ha sido una de las voces más visibles en la estrategia de oposición que logró el hundimiento de la reforma a la salud, un proyecto que el Gobierno defendía como vital para las comunidades más pobres. Para el oficialismo, la figura de Barrera representa el bloqueo sistemático a las políticas de equidad, ahora agravado por un expediente judicial que incluye:
Presunto acto sexual violento: Una agresión que habría ocurrido bajo el amparo de su poder institucional en la Gobernación.
Oposición legislativa: Líder en la caída de reformas que buscaban transformar el sistema sanitario y pensional.
Cuestionamientos territoriales: Críticas sobre la tenencia de tierras que el presidente Petro ha vuelto a poner sobre la mesa.
Mientras la Sala de Instrucción de la Corte avanza en la etapa de pruebas, el debate se traslada a la ética del poder. El caso de Barrera no solo será una batalla jurídica por su libertad, sino un nuevo campo de batalla política donde el Gobierno busca demostrar que quienes frenan sus reformas carecen de la autoridad moral para representar al pueblo.
