Alcaldías de Ciénaga de Oro y Chimá se refieren al polémico contrato de la vía que las conecta con Tuchín
En una respuesta coordinada ante la creciente presión ciudadana y los hallazgos de la Contraloría General de la República, las alcaldías de Ciénaga de Oro y Chimá han emitido pronunciamientos oficiales para clarificar su postura frente al polémico contrato de mejoramiento vial que une a ambos municipios con Tuchín.
A través de comunicados de prensa, las administraciones locales han buscado desmarcarse de las irregularidades señaladas por los entes de control, enfocando su estrategia en la ejecución de cláusulas penales y demandas contra los contratistas responsables, en un intento por salvaguardar el patrimonio público que hoy se encuentra bajo un proceso de responsabilidad fiscal.
La Alcaldía de Ciénaga de Oro, bajo la administración de Alejandro Mejía Castaño, fue enfática al informar que el municipio ha agotado las acciones legales correspondientes ante el incumplimiento del contratista. Según el reporte oficial, se ha ordenado hacer efectiva la cláusula penal pactada por un monto superior a los 11 mil millones de pesos. Además, la administración municipal ha escalado el conflicto al ámbito judicial, radicando una demanda para obtener el reconocimiento de perjuicios que, según estimaciones de la alcaldía, superan los 30 mil millones de pesos. Con el fin de socializar estos soportes documentales, el gobierno local ha convocado a la comunidad a una audiencia pública de rendición de cuentas, reafirmando su compromiso de transparencia frente a los cuestionamientos por la mala planeación de la obra.
Por su parte, la Alcaldía de Chimá, liderada por Felipe Rafael Coronado Guerra, confirmó que recibió una respuesta formal de su homóloga en Ciénaga de Oro sobre el estado del contrato LP-003-2018, ratificando que la obra no fue recibida a satisfacción. El comunicado oficial de Chimá detalla que el proceso administrativo sancionatorio culminó en junio de 2025, estableciendo una multa de 11.046 millones de pesos contra el Consorcio CDO. No obstante, la administración advirtió que la ejecución de este cobro se encuentra actualmente frenada debido a una solicitud de suspensión presentada por el contratista ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. Mientras el tribunal no emita un fallo definitivo, los recursos permanecen bloqueados, dejando la situación en un limbo jurídico que impide la reanudación inmediata de los trabajos o la recuperación efectiva del dinero.
