ANI frena la compra del predio, pero jueces siguen empujando el desalojo de Ingrid López y su familia en Carrillo.
En un giro inesperado que aviva aún más la tensión por las tierras de la Ruta al Mar, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó este 24 de agosto de 2026 que el predio CAB-2-1-224, ocupado por Ingrid López y su familia en el corregimiento de Carrillo, no será adquirido, no será pagado y no será intervenido.
Además, la entidad ordenó dar por terminado el proceso de expropiación judicial que pesaba sobre el terreno.
La decisión está directamente ligada a la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta al Mar y a la etapa de reversión que arrancó el pasado 2 de mayo. Según la comunicación oficial suscrita por Rafael Antonio Díaz Granados Amaris, coordinador del GIT de Asesoría Jurídica Predial de la ANI, “para el predio CAB-2-1-224 no se adelantará la gestión de adquisición y se dará por terminado el proceso de expropiación judicial”.
Sin embargo, la noticia que debería representar un alivio para la familia López se topa con un muro judicial. Un juzgado de Bogotá y otro de San Pelayo mantienen abiertas actuaciones que apuntan al desalojo de Ingrid López y los suyos.
La contradicción genera una profunda incertidumbre: mientras la ANI dice que el predio ya no le interesa, los jueces siguen avanzando como si la amenaza de desalojo estuviera intacta.
El caso se convierte así en un nuevo capítulo del conflicto por las tierras vinculadas al corredor vial. La familia, que lleva años defendiendo su permanencia en el predio, ahora enfrenta un escenario absurdo: la entidad que impulsaba la expropiación se retira, pero el aparato judicial no suelta el freno.
Por ahora, la comunicación de la ANI es clara en el papel. En la práctica, el desalojo sigue siendo una posibilidad real. Y en Carrillo, Córdoba, nadie sabe todavía quién tiene la última palabra.
