Categoría: Opinión

 

¿Por qué no se ha reglamentado la ley de seguridad vial en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas?

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob.

Mientras las vías del país se volvieron un campo santo por la cantidad de muertos que a diario dejan los siniestros viales, la ley de seguridad vial que da herramientas para frenar esa mortandad en las carreteras del país sigue en las oficinas del Ministerio de Transporte esperando su reglamentación.

Es algo parecido al paciente que el médico le recetó un medicamento para superar su enfermedad, pero no tiene acceso al mismo debido a los tramites que se deben surtir entre la EPS y la IPS que entrega la medicina (mientras eso sucede la salud del paciente se sigue deteriorando).

Los expertos consideran que todas las muertes en siniestros viales se pueden evitar, y que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo. Debido a ello, la academia, algunas ONG, organizaciones internacionales y sectores políticos lograron que en el Congreso de la República se aprobara en junio de 2022 la Ley 2251 “Julián Esteban”, en homenaje al niño ciclista que murió arrollado por un vehículo en una vía de Zipaquirá (Cundinamarca), cuando practicaba ese deporte.

La Ley Julián Esteban que busca reducir los siniestros viales señala en el eje central de su contenido que en Colombia la velocidad máxima permitida en vías urbanas será de 50 km/h, excepto zonas escolares y residenciales que tendrán un límite de 30 km/h. En carreteras intermunicipales (en algunos corredores estaba permitido hasta 100 km/h, ahora será de 90km/h.)

¿Qué hace falta para implementar en Colombia la Ley de seguridad vial o Ley Julián Esteban?

Le hice la pregunta a la experta en estos temas, Mari Bottagissio, directora de la Fundación Liga Contra la Violencia Vial, y esto me respondió, “Yo formularía mejor la pregunta: ¿Por qué no se ha reglamentado la ley Julián Esteban en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas? Como bien lo dijo el señor presidente, Gustavo Petro, hay políticas públicas que matan y otras que hacen vivir y al tenor de los resultados esta está matando.

Hemos escuchado al ministro de Transporte desde hace casi medio año declarando la importancia que tiene para este gobierno la seguridad vial, la protección de las vidas en las vías, y dijo en el congreso del sector asegurador que dicha ley sería reglamentada al cumplir los 100 días de gobierno, pero han pasado ya 189 días, y en esos días hemos deplorado cerca de 3 mil 500 vidas. No solamente cerramos el año 2022 como el más mortífero de la historia de Colombia y claro, si bien el gobierno anterior nos dejó 5 mil muertos, recordar que acabamos de cerrar tan solo el mes de enero del 2023 con casi 600 vidas deploradas.

600 vidas que están demostrando que el mes de enero más mortífero de los últimos 5 años en Colombia ha sido este el de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Del dicho al hecho hay mucho trecho y no dudo de la legitimidad y la buena intención del ministro Reyes, pero este no es un tema de buenas intenciones, es un asunto de acciones y no se ha reglamentado porque no hay voluntad política, mientras las vías se están desangrando silenciosamente por cuenta de las muertes y lesiones en siniestros viales”.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Córdoba se apagaron 312 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. La mayoría de esas muertes se hubieran podido evitar solo bajando la velocidad. De esas 312 personas que murieron en las carreteras, 100 corresponden a siniestros ocurridos en Montería.

La violencia vial en el departamento no para, y este año ya han muerto 34 personas en siniestros viales. El sueño de la paz total en las vías no se puede seguir aplazando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector: Universidad de Córdoba

 

El pasado 6 de febrero, el Gobierno del presidente Petro radicó ante el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. De acuerdo con el Artículo 341 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, “que establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” a través de la cual, el Gobierno elaboró dicho Plan; trazando la línea estratégica de las políticas públicas para el cumplimiento del Plan de Gobierno centrado en las reformas y cambios que el país demanda.

La importancia de este instrumento de planeación, que incidirá en la transformación de la vida de los colombianos; la Constitución ordena que, en su construcción participen las diferentes autoridades de planeación, entidades territoriales, actores institucionales y la sociedad civil organizada. Permitiendo disponer de una herramienta para el seguimiento y control social.

Estos lineamientos legales y constitucionales, con la participación de las comunidades en todo el territorio nacional; a través de la metodología de diálogos regionales vinculantes, se realizaron 51 encuentros en los que colaboraron más de 250 mil personas. Donde poblaciones y comunidades expresaron sus necesidades y demandas en materia de: vías terciarias, ordenamiento territorial, calidad de vida, acceso y apoyo a la educación; sobre todo, la universitaria, agua potable, saneamiento básico, justicia social, seguridad, vivienda, salud mental, conflicto armado, atención a las víctimas, apoyo al adulto mayor y a las personas con discapacidad, seguridad alimentaria, estímulo a los proyectos productivos, cambio climático, energía limpia, desarrollo económico, medio ambiente y oferta de servicios públicos para las zonas rurales.

El propósito del PND es convertir a Colombia en líder de la protección de la vida, a partir de la elaboración de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias, la garantía de derechos, la justicia social, la dignidad humana y la paz; de igual manera, la no repetición del conflicto y una transformación productiva sustentada con el conocimiento en armonía con la naturaleza. El fundamento esencial del PND es la paz en los territorios; para ello, se deben hacer los cambios y las reformas que la hagan posible.

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin
*Alcalde de Montería

La premisa fundamental de nuestro gobierno siempre ha sido estar del lado de la gente, porque entendemos que la ciudadanía es el actor principal de la democracia y, como gobernantes, nos debemos a su bienestar, procurando que sus clamores de progreso y desarrollo social sean atendidos y colmados sin pausa.

No podemos estar bien si todos no estamos bien. La inequidad del precio del kilovatio hora que pagamos, con relación al interior del país, pone en serias dificultades la calidad de vida de los casi 12 millones de habitantes del Caribe Colombiano, de los que más de 8 millones pertenecen a los estratos 1 y 2. Esta situación no la podemos seguir permitiendo, porque el Caribe es una región estratégica del país, que merece un trato digno y una mayor inversión para su desarrollo, industrialización y competitividad.

De manera constante, con todos los equipos de trabajo de la administración, articulamos acciones y ponemos sobre la mesa proyectos de corto y mediano plazo, encaminados a resolver esta dificultad que vienen padeciendo los habitantes de los 199 municipios del Caribe, donde se concentran poco más de 2.900.000 hogares, atendidos por Afinia y Air-e.

Uno de los factores que impactan negativamente la tarifa tiene que ver con las pérdidas no técnicas, las que se registran en gran proporción por conexiones ilegales. Acción frecuente en aproximadamente 1.700 barrios del Caribe, que se encuentran en la subnormalidad y en los que hay un registro de unos 354.000 hogares, de los cuales hacen parte más de 2 millones de personas, que no están conectadas al servicio de energía eléctrica.

Teniendo en cuenta la transición energética propuesta por el Gobierno Nacional, incluida como uno de los puntos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, desde el Gobierno de la Gente le planteamos al nivel central iniciar esta transición con la instalación de paneles solares en los sectores subnormales; con el objetivo de lograr una solución integral en la que estos hogares podrían gozar del servicio de energía, no se arriesgarían las vidas de los integrantes de los núcleos familiares que habitan en lugares con conexiones fraudulentas y se reduciría más del 90% el porcentaje de pérdidas no técnicas, que en la actualidad oscila entre el 20% y el 25%.

Estimamos que esta iniciativa puede tener un costo de poco más de $5 billones, teniendo en cuenta que los paneles solares por unidad familiar oscilan entre $10 millones y $25 millones. Sin duda, la transición energética que se plantea debe contemplar la eliminación de esa pesada carga que hoy lleva a cuestas la Costa Caribe por los elevados costos de la energía. Nuestra iniciativa le apunta a ese cambio, porque estamos convencidos de que los ciudadanos del Caribe, en especial los que hacen parte de los hogares más vulnerables, merecen que se destinen recursos importantes del Plan Nacional de Desarrollo para aliviar sus economías familiares.

En el corto plazo continuaremos articulando acciones con los demás gobernantes del Caribe, así como con los congresistas de la región, para que el Gobierno incluya las propuestas que hemos venido planteando, como asumir pérdidas e inversiones, la creación de una prima de clima y la creación de un fondo de recursos públicos para estabilizar las tarifas.

La lucha que hemos emprendido desde el Gobierno de la Gente por lograr tarifas de energía justas no cesará. Seguiremos alzando la voz, las veces que sea necesario, por todas las comunidades. Nuestro propósito siempre ha sido claro y está enfocado en hacer el llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y dé una solución definitiva, que conlleve a la disminución del excesivo costo de este servicio público esencial, sobre todo para la región Caribe, donde las familias, industrias y empresas tienen una mayor dependencia energética.

 

Por: Aura Patricia Benedetty González.

«En el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen a Córdoba»

Con un panorama que no es el más alentador, cada vez son más las personas que se animan a utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte, incluyéndola en su día a día y logrando con ello un aporte positivo a la problemática de movilidad que tenemos en nuestras ciudades, y que sin lugar a dudas afecta la calidad de vida de los individuos ¿Ahora bien, estamos preparados en nuestros territorios para enfrentar el reto que trae consigo el uso alternativo de la bicicleta, o es simplemente un plan irrealizable?

En nuestro país, Colombia confluyen diversos climas, que están predispuestos por aspectos geográficos y atmosféricos, no siendo lo mismo tomar la bicicleta como medio de transporte a la una de la tarde en una ciudad como Bogotá, que en la capital del departamento de Córdoba donde las temperaturas oscilan entre los 30 y los 40 grados centígrados, sin dejar de lado el factor cultural que permea nuestras costumbres, y con ello la toma de decisiones al momento de movilizarnos.

Si nos detenemos a revisar las cifras que nos arroja el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, nos encontramos con que en el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen al Departamento de Córdoba, mostrando un aumento en el departamento de más del 100% con relación al mismo periodo de 2021 donde cinco usuarios de la bicicleta perdieron la vida, cifras éstas que no sólo nos indican que estamos rajados en la seguridad vial de nuestros amantes de la bicicleta, sino también nos refleja que los esfuerzos que se han venido realizando a través de campañas pedagógicas, impulsos legislativos y controles no han dado resultado, no se les ha realizado el seguimiento adecuado, o no responden a las necesidades de los actores viales.

En cuanto a la regulación vigente, es importante señalar que el Código Nacional de Tránsito expedido en el 2002, nos define la bicicleta como: “Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales”. Ya en el año 2016, con la ley pro bici, se dio un gran salto en la materia, teniendo ésta un objeto bastante ambicioso: “Incentivar el uso de la bicicleta como medio principal en todo el país, incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental y la mejoría de la movilidad urbana”, y trajo consigo una serie de incentivos a quienes se animaran a usar la bicicleta como medio de transporte. En el caso de los funcionarios públicos, recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen llegar al trabajo en bicicleta, hasta tanto sean completados ochos medios días remunerados al año y con relación a los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado, podrán también adoptar el mismo esquema de incentivos diseñado para el sector público, y atendiendo sus necesidades.

¿Ahora bien, vamos por buen camino? O por el contrario, ¿se hace necesario replantear acciones?

Aterrizando lo dicho en el párrafo anterior al ambiente en el que me desenvuelvo puedo manifestar que sólo he conocido dos o tres personas que regularmente asisten al trabajo en bicicleta y que a la vez han hecho uso de los incentivos por llegar en ese medio de transporte al trabajo, refiriéndome con ello claro está a quienes ostentan empleos formales. De igual forma, es sabido que en la informalidad hay muchas más personas cuyo único medio de transporte u opción es movilizarse en bicicleta, y a estas lastimosamente no les asiste ningún incentivo en este sentido por parte de la ley pro bici.

Entre tanto, hace un par de días se virilizó un video en twitter donde un grupo de ciclistas son grabados por un conductor, en determinada vía y que a juicio de quien graba el video, los ciclistas estaban siendo imprudentes, pues según éste se encontraban ocupando todo el carril, y evidentemente si revisamos el video los ciclistas se encuentran ocupando la totalidad del carril. En el video es claro que el conductor que graba a los ciclistas desconoce que estos se encuentran amparados legalmente para ocupar todo el carril de la vía, incluso si transitan en grupo, pero ojo, esto no significa que no estén obligados a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito, no adelantar a otros vehículos por la derecha, llevar las luces y cumplir con la premisa principal de la seguridad vial: “Ver y ser visto”, denotándose con esto la falta de conocimiento y promulgación de los derechos y deberes que les asisten a nuestros ciclistas.

Evidentemente con este video no estamos ante un asunto aislado, se hace indispensable capacitar en seguridad vial y autorregulación a estos importantes actores de la vía, desestimular el uso de medios motorizados, educar desde la niñez, poner en práctica la cátedra de educación vial, establecida en nuestro país desde el año 2011, así como también articular entre las diferentes dependencias del estado acciones conjuntas, en pro de la preservación de la vida del ciclista, e implementar incentivos atractivos y verdaderos a quienes se desplacen en las vías a través de la bicicleta, como también incentivar a aquellas empresas que usan en el giro ordinario de sus negocios, la bicicleta como medio de transporte, no sin antes precisar que el primer cambio debe venir por cada uno de nosotros.

¡Que no se nos vuelva paisaje cuidar el don preciado de la vida!

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el inicio del año nuevo, caracterizado por la celebración de fiestas patronales en municipios del Caribe y Córdoba; es necesario hacer una reflexión sobre estas tradiciones que representan las manifestaciones culturales; en particular, las fiestas de corraleja. Los municipios de Córdoba realizan estas fiestas.

Dicho festejo se centra en soltar al ruedo, toros a la plaza para que estos persigan a quienes los enfrentan. Es un escenario acompañado de bandas folclóricas que entonan la popular música de porro y miles de personas abarrotadas en las improvisadas y frágiles graderías de madera.

En esto consiste el festejo, suceso que representa el enfrentamiento humano-animal; donde ambos se vulneran a través del dolor y muerte. Estas fiestas de corralejas representan la cultura del consumismo, que no genera conciencia social, como ejercicio racional.

Asistir a un espectáculo donde se transgreden los derechos de los animales, expone la vida humana en presencia de un tumulto de personas que con furor celebran este acontecimiento.

Esta acción brutal e inhumana es un claro ejemplo de un culto que hace apología a la barbarie; legitimado en nombre de la cultura. El contexto social donde se ha sostenido esta tradición cultural es comparable en gran medida, con el Circo romano; recordemos que, este era uno de los espacios recreativos que brindaban para el entretenimiento del pueblo; no como un lujo, sino como un derecho de los ciudadanos de Roma; pero a la vez, era la forma como los mantenían distraídos y al margen de los asuntos esenciales del Estado; escenario, donde los políticos poderosos competían para evidenciar poder a través de todo tipo de excesos y extravagancias.

Aunque, en las corralejas compiten las ganaderías para ver quién tiene los toros más bravos; lo que se mide con el número de muertes que deja la fiesta. En este orden, para los mandatarios romanos, esta era una buena estrategia con el fin de mantener a la población conforme, domesticada e irreflexiva; como bien lo expresó el poeta satírico, Juvenal “Pan y circo”; que nos indica, que gran parte de la población solo necesita cubrir sus necesidades primarias y divertirse. Las fiestas de corraleja no pueden seguir repitiendo, la lógica del Circo romano; utilizada para control y adormecimiento social.

Necesitamos la cultura como cultivo de pensamiento, progreso, desarrollo y bienestar social.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), radicado por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, como hoja de ruta durante su cuatrienio, se convierte en un documento indispensable, en el cual se condensa la visión política del Gobierno Nacional en materia social y de desarrollo estructural y financiero, además de establecer los lineamientos para el crecimiento y el desarrollo del país.

Para tal efecto, contempla un presupuesto de $1.154 billones para invertir en ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social y la paz total. Ejes del plan, que debemos alinear, entonces, con nuestro Plan de Desarrollo, concebido desde el Gobierno de la Gente con las comunidades.

Hacemos ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones. Por este propósito en Montería reforzamos la lucha contra la criminalidad, lo que se ve reflejado en las cifras que nos ubican como la capital del Caribe más segura. Resultados logrados gracias al trabajo mancomunado entre nuestro gobierno, la Policía Metropolitana, la Brigada XI del Ejército y la Fiscalía, además de la inversión sin precedentes que hemos realizado para una mejor operatividad de nuestra Fuerza Pública.

En materia de seguridad ciudadana, transitamos en la misma dirección con el Gobierno Nacional, por lo que se hace necesario dar continuidad a los procesos de diálogo permanente entre las diferentes instituciones, para de esta manera conseguir la apropiación de recursos que contribuyan a la adquisición de más tecnología, para reforzar patrullajes y operativos direccionados a reducir el rango de acción de la delincuencia común y la organizada.

Fundamental resultó el diálogo vinculante realizado en Montería para la construcción de este PND, en el que varias de nuestras iniciativas planteadas fueron de buen recibo y están incluidas a lo largo de los diferentes componentes transversales y líneas estratégicas de inversión, que se harán en el Caribe.

Proyectos y propuestas que, además de incluirse como modelos para las demás regiones, estamos trabajando conjuntamente con el nivel central y en los que se han logrado avances significativos. Es el caso de la estructuración de proyectos de acueductos rurales y programas de autoconstrucción de vivienda.

Coincidimos con el Gobierno Nacional en esa visión que le apunta a la educación como herramienta fundamental para fortalecer los cimientos de un mejor futuro. En el Gobierno de la Gente lo tenemos claro y le hemos apostado a una gran revolución educativa, durante 2023, iniciando con ese gran sueño que hoy estamos volviendo una realidad, la Universidad del Sur.

La seguridad alimentaria es otro de los componentes trascendentales del PND, por lo que se ha hecho especial énfasis en el derecho humano a la alimentación. Es aquí donde Montería jugará un papel indispensable en la puesta en marcha de la propuesta Hambre Cero, con la que buscamos que el municipio sea una de las más importantes despensas del Caribe y el país. Además de convertirse en un programa de apoyo a nuestros campesinos, con el objetivo de garantizarles la comercialización de sus productos a precios justos y estables.

Debemos hacer énfasis en que, con nuestro Plan de Desarrollo, tuvimos la voluntad política y presupuestal para tener un nuevo POT tras 22 años sin ser actualizado. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades para atraer inversionistas y para desarrollar proyectos de espacios verdes y sostenibles, acordes con el impulso de territorios más humanos con hábitats integrales; en lo que también hemos avanzado significativamente, con la visión de Ciudades de 15 Minutos y la intervención de 140.309 m2 de parques, 21 de esos parques son nuevos y 25, mejorados.

Una de las grandes preocupaciones del Caribe tiene que ver con la justicia tarifaria del servicio de energía. Observamos que en el componente de Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática hay una destinación de $114 billones. Insistimos en la necesidad de que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y de ese rubro destine un porcentaje con el que se asuman varias inversiones y el componente de las pérdidas técnicas y no técnicas.

El compromiso con los monterianos no tiene límite. Estamos en la obligación de hacer lo necesario para seguir consolidando la Montería Grande que construimos para todos, por lo que es de suma importancia alinear nuestro plan de desarrollo, que tiene como foco la gente, con el PND, que también tiene un alto componente dirigido a la humanización. Unificación pertinente y conveniente para la región, en la que desarrollaremos los puntos en común de ambos planes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los monterianos.

 

La literatura del fallo se presta para varias interpretaciones, pero en realidad lo que ordena es que la medida de ingeniería que se utilice en la construcción de la variante sea la menos impactante.

 

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, para algunos expertos queda claro que la variante Lorica se debe construir por la margen izquierda debido a que significaría menor daño ambiental, menor costo y tiempo, y mayor desarrollo socioeconómico.

 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

 

@marchenojob

 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acaba de emitir un fallo referente a la variante de Lorica. De esos pronunciamientos que acaparan la atención de toda una región, porque el mismo definía la suerte de un trazado que impacta de manera preponderante el tránsito por Lorica y el bajo Sinú. La movilidad de vehículos pesados por Lorica tiene colapsada su precaria infraestructura vial y de paso afecta la calidad de vida de sus habitantes.

 

Tras conocerse el fallo hay muchas interpretaciones jurídicas que no terminan de destrabar la construcción y trazado de la variante.

 

¿Qué estudió el Consejo de estado?

 

La Sala decidió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA contra la sentencia del 12 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados, tras una Acción Popular, presentada por el ciudadano Manuel Salvador Nule Rhenals, ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano presuntamente vulnerados por la ANLA, La Agencia Nacional de Infraestructura, La CVS, el municipio de Lorica y la Concesión Ruta al Mar-CORUMAR S.A.S.-8.

 

¿Qué ordena la sentencia del Consejo de Estado?

 

La literatura del fallo se presta para varias interpretaciones, pero en realidad lo que ordena es que la medida de ingeniería que se utilice en la construcción de la variante sea la menos impactante. En su análisis los magistrados no se meten con el trazado, y por eso no destraban la discusión si la misma debe ir por la margen derecha o izquierda, debido a que solo se refieren al método constructivo de ingeniería.

 

Hay algo bien importante que se debe tener presente, y es que ordena que cualquier figura que se utilice (método constructivo), se de bajo una nueva solicitud de sustracción de área protegida o licencia ambiental, respectivamente.

 

Cuando el fallo hace referencia a menos impactante, se refiere seguramente a un diseño de ingeniería que intervenga lo menos posible el humedal y en la medida de esas posibilidades sin uso de terraplenes. En otras palabras, ahí lo que procede, en caso de insistir en el trazado por la margen derecha (Propuesta Oriental Mejorada) es con la construcción de un viaducto, solo que el Consejo de Estado en su fallo, no se compromete a decir directamente que tiene que ser un viaducto, pero cuando se revisa la recomendación desde el punto de vista de ingeniería y dicen prácticamente que no se pueden usar terraplenes, entonces aplica un viaducto.

 

Para algunos el fallo revive el trazado de la variante por la margen izquierda.

 

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, para algunos expertos queda claro que la variante Lorica se debe construir por la margen izquierda debido a que significaría menor daño ambiental, menor costo y tiempo, y mayor desarrollo socioeconómico.

 

Aclaración del fallo.

 

Debido a que el fallo no se refiere al trazado, seguramente algunas de las partes van a pedir aclaración, porque tiene una ambigüedad en ese sentido, porque si el Consejo de Estado hubiese tomado posición sobre el trazado, entonces no habría más dudas técnicas, sin embrago el problema es que no lo hizo y entonces se presta para diferentes interpretaciones.

 

El Fallo.

 

“[…] SEGUNDO: En consecuencia, y en aras de evitar que se materialice la amenaza a los derechos colectivos involucrados ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en calidad de concedente del contrato de concesión 016 de 2015, y al concesionario, Concesión Ruta al Mar SAS CORUMAR SAS, para que en el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada construcción Variante Lorica, se empleen tecnologías y técnicas de construcción que garanticen que el impacto ambiental a generar sea el mínimo posible, garantizando la preservación de los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de terraplenes, y que se implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte considerativa de esta providencia […]”.

 

“[…] TERCERO: Ordénese a la Corporación Autónoma de los Valle del Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que para otorgar la sustracción definitiva del DMRI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como de la licencia ambiental, a su cargo, se cercioren que el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada, como construcción Variante Lorica sea el que cause el menor impacto ambiental permitido sobre los recursos naturales del ecosistema a intervenir, garantizando la preservación de los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte considerativa de esta providencia. En todo caso, el cumplimiento de la presente orden está supeditado a la presentación de nuevas solicitudes de sustracción de área protegida o licencia ambiental, respectivamente […].

 

QUINTO: ORDENAR la conformación de un comité integrado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, quien lo presidirá, un representante de la parte demandante, el Defensor Regional del Pueblo, de la Concesión Ruta al Mar SAS – CORUMAR SAS, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y San Jorge – CVS, del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el Ministerio Público, el cual iniciará una vez quede ejecutoriada la presencia providencia, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la aquí órdenes dadas y una vez se tenga conocimiento de la culminación de la obra, para verificar que se adelantaron las obras de mitigación y reversión de los posibles daños ambientales que pudieron ocasionarse con la construcción de la variante Lorica […]”.

 

 

 

“Crónica de un SETP anunciado y aplazado”.

Por:  Bernardo Grandett Durango.

Consultor en Transporte.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 denominado “Estado Comunitario: desarrollo para todos” dio vida a la estrategia de «Ciudades Inteligentes» con la cual se buscaba mejorar la prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias. Mientras esa estrategia se materializaba en 2009 en un Decreto Reglamentario,  se desarrollaron los comicios electorales de 2007 para Alcaldía, y un nuevo grupo de interés se hacía visible,  los «mototaxistas», y encontraron espacio en las campañas, dónde les prometían «no ser excluyentes y dejarlos trabajar», por otra parte, otro gremio, los transportadores del servicio público colectivo, tocaban puertas en el gobierno nacional para que se tuviera a Montería como una de las ciudades beneficiarias de la implementación de los SETP.

Una vez dieron luz verde a la ciudad, el gremio transportador inició la labor de persuadir al gobierno local, recién elegido, para que se alineara con el nacional y aprobara los recursos, que correspondían al 30% de lo presupuestado para darle vida a la estrategia. Hubo que prenderle velas a la virgen del Carmen, pero una vez comprendieron que se trataban de grandes inversiones, se apropiaron del proyecto, tal vez motivados por que el mayor componente de la implementación del SETP correspondía a obras civiles en vías, andenes, paraderos y sedes, que   cambiarían la cara a la cuidad, y así fue. Muchas obras de pavimentación se realizaron dentro de las infraestructuras requeridas para el SETP, se renovaron vías céntricas, de barrios populares y se inauguraron tramos nuevos que ampliaron la red vial urbana.

Un componente no contó con la misma dinámica, el de la «restructuración del servicio».

Los transportadores realizaron esfuerzos para procurar estar a punto con los nuevos requerimientos que les traería el SETP, sistemas de recaudo centralizado con medio de pago electrónico, sistemas de gestión de flota que programan técnicamente el servicio de rutas y permite seguimiento en línea con GPS, realizaron reorganización de las empresas para formalizar la vinculación de empleados y unificar la gestión de la prestación del servicio y el mantenimiento de la flota. Toda una apuesta empresarial y de confianza en la ciudad.

Los estudios técnicos se actualizaron en 2019, y los resultados decían que la sostenibilidad de la operación del servicio de transporte bajo condiciones SETP, significaba un esfuerzo financiero importante para la administración local, ¿por qué? Sencillamente porque durante los ya 10 años que se dejaron pasar para la restructuración del servicio de transporte, se profundizaron las problemáticas de movilidad que se pretenden mitigar con el SETP, la informalidad, la falta de cobertura, y la mejora de la calidad en la oferta del servicio. Entonces había que tomarse otro tiempito, para ver de dónde se podían obtener los recursos.

Y se vino la pandemia, y el servicio de transporte público fue una de las actividades más afectadas por las restricciones que se establecieron para el distanciamiento y la movilidad de las personas, disminuyendo la demanda del servicio a niveles jamás considerados en cualquier escenario previsto. ¿Y el SEPT?  ¿Y la Alcaldía como garante del servicio?, ¿Y el gobierno nacional? Todos se cobijaron con la conmoción que generó el covid-19, mientras las finanzas de las empresas de transporte público tocaron fondo.

Hoy, la administración municipal actual ha dado anuncios de querer dar los pasos que hacen falta para la reorganización del servicio e iniciar la operación bajo el modelo SETP.  Hoy las condiciones de movilidad de la ciudad volvieron a cambiar, la dinámica económica vuelve a niveles prepandemia, y en la ciudad urge el fortalecimiento del servicio público de transporte, debido a que la informalidad tomó ventajas, porque entre otros aspectos hay zonas sin servicio y la movilidad de la ciudad colapsa en múltiples puntos en horas pico.

La ciudad necesita que los anuncios se concreten, que no se dé más largas, que la voluntad política se materialice en los actos administrativos que faltan para la reorganización e inicio de operación del SETP, que se replanteen rutas ampliando la cobertura, que se mejoren los tiempos de desplazamiento y frecuencia de la oferta de servicio, se renueve la flota y, ¿por qué no?, que se mejoren las condiciones de acceso para aquellas comunidades que requieren el apoyo de la administración municipal y hasta departamental: estudiantes, adultos mayores o personas de escasos recursos. La virgen interceda nuevamente para que así sea.

 

 

Por: Giovanni Argel Fuentes

El Fondo Monetario  Internacional (FMI), presentó recientemente las tasas de crecimiento interanual a nivel mundial. Para el caso de América Latina y el Caribe, el PIB, caerá al pasar de 3.9% en 2022 al 1.8% en 2023. Igualmente, se experimentará un leve crecimiento hasta ubicarse en 2.1% para 2024.

Colombia, que tuvo un crecimiento del PIB para 2022 ubicándose en 3.8%, para 2023, se estima cerrará en 2.7%, con desaceleracones de 1 3%.

Se estima que el PIB del país se recuperaría en 2,8%, para 2024.

Lo anterior responde al ciclo recesivo que se vivirá durante 2023 y parte de 2024. Por ello, una elevada inflación, tasas de interés crecientes, reducción de la inversión e interrupciones causadas por la invasión rusa de Ucrania, la volatilidad de los precios del petróleo y las variaciones interdependientes de la tasa de cambio en la región y el país (Colombia); provocarán la extensión de la recesión económica, para el segundo semestre de 2023.

A prepararse para el desahorro, la contracción de la demanda y la inestabilidad social que se avecina.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado lunes 30 de enero del presente año, en la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba y con presencia de los principales lideres del partido político Unión Patriótica (UP), en esta región del país; sobrevivientes de su exterminio; y defensores de los Derechos Humanos, que simbolizan la resistencia, dignidad y perseverancia; en busca de la justica y verdad; que tarde, pero llegó. Por medio virtuales, escucharon como la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) hizo lectura del fallo sobre casos de integrantes y militantes de la Unión Patriótica y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes de la (UP) a partir de 1984 y por más de veinte años.

La comisión calificó estos hechos como un exterminio y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantías, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado y tentativas de homicidio. Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas. Además, concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el móvil de las alegadas violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las presuntas víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. También, estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la (UP) puesto que estos habrían sido estigmatizados
tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Del mismo modo, determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y, protección judicial, y el deber de investigar las alegadas graves violaciones de derechos humanos ocurridas.

Este fallo de la justicia internacional contra el estado colombiano, evidencia la responsabilidad por acción y/o omisión estatal; por no garantizar sus fines esenciales y fundamentales; y con ello, convirtieron la democracia en una especie de campo de concentración; donde se asesinaba y desaparecía a los militantes de un partido político de izquierda; de distintas formas y métodos; era una herejía que se pagaba con la propia vida; pensar y tener militancia en una concepción política distinta a la dominante; todo un genocidio político, frente a la indiferencia del estado y la sociedad; todo un régimen del terror, fundamentado en la doctrina de la seguridad nacional y su concepción del enemigo interno.

Este fallo de la CIDH, representa verdad, justicia y reparación para un partido político exterminado; que durante 30 años, busco a través de la justicia internacional el reconocimiento y responsabilidad del estado colombiano. Pero el contenido del fallo de la CIDH, debe ser conocido por la sociedad colombiana y especialmente por las presentes generaciones; alrededor de los que no puede volver a pasar en Colombia. Con el exterminio de la UP, se extinguió una generación de hombres y mujeres; en su mayoría jóvenes que soñaban y lideraban la construcción de una sociedad justa; lo intentaron hacer desde el escenario democrático y el debate político; pero enfrentados a un sistema político rígido, piramidal y excluyente; que ha hecho de
la violencia y la muerte su mecanismo de exclusión y negación de la diferencia.

El mensaje de este fallo es justicia y no repetición; necesitamos un sistema democrático centrado en la convivencia plural y diversa, donde la única violencia permitida sea la del mejor argumento.