Categoría: Opinión

 

“Ya es hora que los políticos y mandatarios del caribe, bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción”

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El reporte del DANE para febrero sobre la variación anual del índice de Precios al Consumidor señala que la electricidad registró un aumento de precios anual del 19,51%. Dice, además, que en Sincelejo, Montería y Valledupar los incrementos superaron el 32%, mientras que, en Villavicencio la variación fue solo del 6,36%. Seguimos siendo los usuarios del caribe las victimas preferidas de los altos costos de los servicios de energía.

Las gestiones del actual gobierno para bajar las tarifas en el caribe han sufrido un fracaso estrepitoso y ello constituye un argumento irrefutable para apoyar la intención del presidente Gustavo Petro de asumir las funciones constitucionales para regular las tarifas de servicios públicos.

Mientras tanto los políticos y mandatarios costeños siguen haciendo bulla en redes sociales, pero no adelantan acciones contundentes que ayuden a disminuir las tarifas. Ya es hora que esos políticos y mandatarios bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción.

¿Por qué los congresistas y mandatarios que alzan la voz en el Twitter, no convocan a un plantón frente a las instalaciones de Afinia e invitan a los ciudadanos a una especie de operación tortuga en el pago de las tarifas? Ya es hora que estos políticos, alcaldes y gobernadores del caribe se sumen a los ciudadanos para armar un solo bloque de protesta contra Afinia.

¿Dónde está el comunicado de los alcaldes, gobernadores, y congresistas del caribe apoyando al presidente Gustavo Petro en su intención de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG? ¡No se atreven! Pero si trinan contenidos (pura retórica) rechazando el exagerado incremento de las tarifas. ¡Valientes para trinar, pero cobardes para actuar!

El alcalde de Medellín dio el ejemplo.

Uno que si pasó del dicho al hecho fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, en su calidad de presidente de la junta directiva de EPM, le solicitó al presidente Gustavo Petro, autorización para congelar la Tarifa de Servicios Públicos de EPM.

“Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres” señaló Quintero en su carta al presidente.

“En mi condición de alcalde de la ciudad de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM he recibido con optimismo el Decreto Presidencial No.0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la CREG”, aseguró Quintero en la citada misiva al presidente.

Sin embargo, la euforia por las nuevas reglas del juego en la regulación de las tarifas fue efímera ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que le permitía al presidente Gustavo Petro intervenir la CREG.

Ahora que se conoce el informe del DANE donde se confirma que el corrientazo de Afinia nos está quemando el bolsillo a los usuarios del caribe, es cuando se necesita el apoyo al presidente por parte de los políticos y mandatarios costeños.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

Por: Bernardo Grandett Durango.

Consultor en Transporte.

Para el análisis de la movilidad en la ciudad hay que colectar y registrar diversos hechos, llevar realidades a datos e indicadores, y de la calidad de esos datos dependerá también la toma de decisiones para transformar y mejorar la seguridad, tiempos de desplazamiento y contaminación, eso que desde la movilidad aporta a la calidad de vida de los ciudadanos.

Montería cuenta con un Centro Inteligente desde donde se gestionan servicios relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte Público, la movilidad y la seguridad ciudadana, cómo el centro semafórico, video vigilancia policial, atención de emergencias y monitoreo del tráfico en diversos puntos de la ciudad. Este centro debería ser el que encabece la generación de datos de la movilidad, al menos para ponerlos a disposición del gobierno local, la academia, las entidades que realizan planes de seguridad vial y comunidad en general.

La accidentalidad y los indicadores relacionados con esta, cómo la mortalidad y gravedad de lesiones y daños generados en los siniestros, son muy importantes para saber de la calidad de la cultura vial, infraestructura y demás factores que son causa de los accidentes. Y en este punto hay que ajustar el sistema de atención y registro de los eventos, pues situaciones como la no existencia temporal de convenio para el control del tránsito y oportuna atención de siniestros para el debido levantamiento de informes técnicos de los hechos dificulta conocer, a través de los datos, la realidad de las calles Monterianas.

Más allá de los datos, es una realidad que cuando no hay control del tránsito, la gran mayoría de choques simples no se registran oficialmente, igual que una importante porción de aquellos dónde hay lesiones menores, y se abre espacio a conductas peligrosas como la «justicia por propia mano» dónde los más violentos generalmente se imponen.

Con esto, el llamado a las autoridades locales es a ajustar el sistema de control y seguimiento de la movilidad, que además del seguimiento en tiempo real, se generen datos e indicadores de calidad. La academia puede aportar con el análisis y estudios, y todos los actores viales podríamos tener mayores herramientas para revisar nuestras conductas individuales y colectivas. Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde los albores del Gobierno de la Gente comenzamos a construir las sólidas bases de la Montería Grande, como ciudad de progreso social y sostenible a largo plazo. Cimentamos una convergencia social participativa y proactiva, y fomentamos una verdadera y sólida cultura ciudadana que, a través del diálogo, nos permitió visualizar un desarrollo urbano con equidad social; fomentando como premisas fundamentales, la legalidad, la solidaridad, la tolerancia, la confianza y la seguridad ciudadana. Sin este entrelazamiento del Gobierno de la Gente y la ciudadanía, no habría sido posible alcanzar la consolidación de esta era de progreso de nuestro municipio.

Son los deseos y las esperanzas de los monterianos los que nos han inyectado toda la energía necesaria para llevar el bienestar a los lugares donde se requería mayor inversión. De esta manera, comenzamos a cerrar brechas sociales y estamos logrando un crecimiento urbanístico, cultural, turístico y ambiental que día a día es más visible por propios y visitantes.

Mantenernos por tercer año consecutivo como un municipio de primera categoría nos pone al nivel de las capitales intermedias más importantes del país y nos abre mayores posibilidades para ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida en barrios y corregimientos; impulsar la economía y microeconomía de la ciudad; generar más ingresos para la inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad; mayor confianza del sector bancario y atraer a nuestra región más empresas privadas e industrias que generen empleo y dinamicen la economía.

Las proyecciones de nuestras inversiones son palpables y se han sentido positivamente en el progreso, no solo de Montería sino del departamento de Córdoba. Como ciudad capital, estamos abiertos a alianzas estratégicas con los demás municipios, en pro de brindar garantías a los cordobeses que ven a nuestra ciudad como ese punto de encuentro en el que tienen la posibilidad de acceder a una gran oferta, que hace 10 o 15 años no había y los obligaba a viajar a Bogotá o Medellín.

Resaltamos el compromiso de nuestros empresarios, de las industrias y comerciantes con la construcción de una mejor ciudad para todos. Sus contribuciones han sido determinantes para los procesos que adelantamos desde el Gobierno de la Gente, encaminados al bienestar y la felicidad de niños, niñas, jóvenes, adultos y, por supuesto, de la población de la tercera edad.

Es de resaltar que tan solo seis municipios fueron categorizados como especiales y que Montería hace parte de los 27 municipios que fueron incluidos en primera categoría, de los 1.152 municipios categorizados en el país. Al margen de que cumplimos con los parámetros de población e ingresos corrientes anuales de libre destinación, tenemos que indicar que mantener esta categoría no habría sido posible sin la disciplina fiscal de nuestra administración municipal y sin la confianza de los monterianos en el Gobierno de la Gente, reflejada en sus contribuciones, fundamentales para las inversiones en las obras entregadas, las que se están ejecutando y las que están ad portas de iniciar.

Las cifras de las finanzas durante estos tres años son muy alentadoras. Los ingresos totales en 2022 llegaron a $1.2 billones, lo que significa un aumento del 31,5 % con relación a 2019, año anterior a la pandemia. En materia de ingresos tributarios se logró un crecimiento del 30 % con relación a 2019; en la vigencia 2022, los monterianos hicieron una contribución de $170.939 millones. Y ni qué hablar del impuesto de industria y comercio, que en la vigencia anterior llegó a una cifra nunca antes vista de $51.679 millones, para un alza del 35 % con relación a 2019.

El esfuerzo compartido nos ha fortalecido como sociedad, una sociedad próspera con una proyección de crecimiento estupenda. Este es un gobierno que ha sentado unas bases sólidas de lo que se debe tener en cuenta en los próximos 50 años. Ver a los monterianos orgullosos de su ciudad nos impulsa a seguirles cumpliendo y a continuar construyendo de manera asertiva ese gran camino de desarrollo que merecen trasegar todas nuestras comunidades.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, soportado en cuatro pilares: 1. Educación superior de calidad; pertinente y gratuita con una apuesta de ampliación de cobertura. 2. Educación básica y media de calidad; que incluye formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reforma del SGP. 3. Plan de alimentación escolar que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas en el sistema escolar; la alimentación de los niños no puede seguir siendo la fuente de enriquecimiento de contratistas y politiqueros regionales. 4. Educación para la paz y convivencia. Estos pilares están bien definidos, trazan la hoja de ruta por donde debe avanzar la educación; define, qué se debe hacer; pero, no señala el cómo lo vamos a lograr.

El nuevo PND tiene como propósito la dignidad y justicia social de los jóvenes que históricamente han sido excluidos del acceso a este derecho. Por ello, para la educación superior, el enfoque concebido en el PND es fortalecer la universidad pública centrada en la ampliación de cobertura; 500 mil nuevos cupos en condiciones de gratuidad para avanzar en cierre de brechas sociales y regionales. Desde el Sistema Universitario Estatal – SUE, hemos insistido, en que, la ampliación de cobertura implica un modelo de regionalización de la universidad pública con enfoque territorial; es decir, las regiones del país donde el indicador de cobertura está por debajo de la media nacional; lo que exige un plan de infraestructura física y tecnológica que modernice y amplíe los campus universitarios; además, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera del SUE.

En relación con lo anterior, la ampliación de nuevos cupos como compromiso del Gobierno es un paso en la progresividad de un derecho fundamental en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad. Además, se requiere avanzar en una gratuidad de la educación superior pública integral, que incluya, matrícula, alimentación y transporte.

 

¿Por qué no se ha reglamentado la ley de seguridad vial en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas?

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob.

Mientras las vías del país se volvieron un campo santo por la cantidad de muertos que a diario dejan los siniestros viales, la ley de seguridad vial que da herramientas para frenar esa mortandad en las carreteras del país sigue en las oficinas del Ministerio de Transporte esperando su reglamentación.

Es algo parecido al paciente que el médico le recetó un medicamento para superar su enfermedad, pero no tiene acceso al mismo debido a los tramites que se deben surtir entre la EPS y la IPS que entrega la medicina (mientras eso sucede la salud del paciente se sigue deteriorando).

Los expertos consideran que todas las muertes en siniestros viales se pueden evitar, y que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo. Debido a ello, la academia, algunas ONG, organizaciones internacionales y sectores políticos lograron que en el Congreso de la República se aprobara en junio de 2022 la Ley 2251 “Julián Esteban”, en homenaje al niño ciclista que murió arrollado por un vehículo en una vía de Zipaquirá (Cundinamarca), cuando practicaba ese deporte.

La Ley Julián Esteban que busca reducir los siniestros viales señala en el eje central de su contenido que en Colombia la velocidad máxima permitida en vías urbanas será de 50 km/h, excepto zonas escolares y residenciales que tendrán un límite de 30 km/h. En carreteras intermunicipales (en algunos corredores estaba permitido hasta 100 km/h, ahora será de 90km/h.)

¿Qué hace falta para implementar en Colombia la Ley de seguridad vial o Ley Julián Esteban?

Le hice la pregunta a la experta en estos temas, Mari Bottagissio, directora de la Fundación Liga Contra la Violencia Vial, y esto me respondió, “Yo formularía mejor la pregunta: ¿Por qué no se ha reglamentado la ley Julián Esteban en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas? Como bien lo dijo el señor presidente, Gustavo Petro, hay políticas públicas que matan y otras que hacen vivir y al tenor de los resultados esta está matando.

Hemos escuchado al ministro de Transporte desde hace casi medio año declarando la importancia que tiene para este gobierno la seguridad vial, la protección de las vidas en las vías, y dijo en el congreso del sector asegurador que dicha ley sería reglamentada al cumplir los 100 días de gobierno, pero han pasado ya 189 días, y en esos días hemos deplorado cerca de 3 mil 500 vidas. No solamente cerramos el año 2022 como el más mortífero de la historia de Colombia y claro, si bien el gobierno anterior nos dejó 5 mil muertos, recordar que acabamos de cerrar tan solo el mes de enero del 2023 con casi 600 vidas deploradas.

600 vidas que están demostrando que el mes de enero más mortífero de los últimos 5 años en Colombia ha sido este el de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Del dicho al hecho hay mucho trecho y no dudo de la legitimidad y la buena intención del ministro Reyes, pero este no es un tema de buenas intenciones, es un asunto de acciones y no se ha reglamentado porque no hay voluntad política, mientras las vías se están desangrando silenciosamente por cuenta de las muertes y lesiones en siniestros viales”.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Córdoba se apagaron 312 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. La mayoría de esas muertes se hubieran podido evitar solo bajando la velocidad. De esas 312 personas que murieron en las carreteras, 100 corresponden a siniestros ocurridos en Montería.

La violencia vial en el departamento no para, y este año ya han muerto 34 personas en siniestros viales. El sueño de la paz total en las vías no se puede seguir aplazando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector: Universidad de Córdoba

 

El pasado 6 de febrero, el Gobierno del presidente Petro radicó ante el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. De acuerdo con el Artículo 341 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, “que establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” a través de la cual, el Gobierno elaboró dicho Plan; trazando la línea estratégica de las políticas públicas para el cumplimiento del Plan de Gobierno centrado en las reformas y cambios que el país demanda.

La importancia de este instrumento de planeación, que incidirá en la transformación de la vida de los colombianos; la Constitución ordena que, en su construcción participen las diferentes autoridades de planeación, entidades territoriales, actores institucionales y la sociedad civil organizada. Permitiendo disponer de una herramienta para el seguimiento y control social.

Estos lineamientos legales y constitucionales, con la participación de las comunidades en todo el territorio nacional; a través de la metodología de diálogos regionales vinculantes, se realizaron 51 encuentros en los que colaboraron más de 250 mil personas. Donde poblaciones y comunidades expresaron sus necesidades y demandas en materia de: vías terciarias, ordenamiento territorial, calidad de vida, acceso y apoyo a la educación; sobre todo, la universitaria, agua potable, saneamiento básico, justicia social, seguridad, vivienda, salud mental, conflicto armado, atención a las víctimas, apoyo al adulto mayor y a las personas con discapacidad, seguridad alimentaria, estímulo a los proyectos productivos, cambio climático, energía limpia, desarrollo económico, medio ambiente y oferta de servicios públicos para las zonas rurales.

El propósito del PND es convertir a Colombia en líder de la protección de la vida, a partir de la elaboración de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias, la garantía de derechos, la justicia social, la dignidad humana y la paz; de igual manera, la no repetición del conflicto y una transformación productiva sustentada con el conocimiento en armonía con la naturaleza. El fundamento esencial del PND es la paz en los territorios; para ello, se deben hacer los cambios y las reformas que la hagan posible.

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin
*Alcalde de Montería

La premisa fundamental de nuestro gobierno siempre ha sido estar del lado de la gente, porque entendemos que la ciudadanía es el actor principal de la democracia y, como gobernantes, nos debemos a su bienestar, procurando que sus clamores de progreso y desarrollo social sean atendidos y colmados sin pausa.

No podemos estar bien si todos no estamos bien. La inequidad del precio del kilovatio hora que pagamos, con relación al interior del país, pone en serias dificultades la calidad de vida de los casi 12 millones de habitantes del Caribe Colombiano, de los que más de 8 millones pertenecen a los estratos 1 y 2. Esta situación no la podemos seguir permitiendo, porque el Caribe es una región estratégica del país, que merece un trato digno y una mayor inversión para su desarrollo, industrialización y competitividad.

De manera constante, con todos los equipos de trabajo de la administración, articulamos acciones y ponemos sobre la mesa proyectos de corto y mediano plazo, encaminados a resolver esta dificultad que vienen padeciendo los habitantes de los 199 municipios del Caribe, donde se concentran poco más de 2.900.000 hogares, atendidos por Afinia y Air-e.

Uno de los factores que impactan negativamente la tarifa tiene que ver con las pérdidas no técnicas, las que se registran en gran proporción por conexiones ilegales. Acción frecuente en aproximadamente 1.700 barrios del Caribe, que se encuentran en la subnormalidad y en los que hay un registro de unos 354.000 hogares, de los cuales hacen parte más de 2 millones de personas, que no están conectadas al servicio de energía eléctrica.

Teniendo en cuenta la transición energética propuesta por el Gobierno Nacional, incluida como uno de los puntos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, desde el Gobierno de la Gente le planteamos al nivel central iniciar esta transición con la instalación de paneles solares en los sectores subnormales; con el objetivo de lograr una solución integral en la que estos hogares podrían gozar del servicio de energía, no se arriesgarían las vidas de los integrantes de los núcleos familiares que habitan en lugares con conexiones fraudulentas y se reduciría más del 90% el porcentaje de pérdidas no técnicas, que en la actualidad oscila entre el 20% y el 25%.

Estimamos que esta iniciativa puede tener un costo de poco más de $5 billones, teniendo en cuenta que los paneles solares por unidad familiar oscilan entre $10 millones y $25 millones. Sin duda, la transición energética que se plantea debe contemplar la eliminación de esa pesada carga que hoy lleva a cuestas la Costa Caribe por los elevados costos de la energía. Nuestra iniciativa le apunta a ese cambio, porque estamos convencidos de que los ciudadanos del Caribe, en especial los que hacen parte de los hogares más vulnerables, merecen que se destinen recursos importantes del Plan Nacional de Desarrollo para aliviar sus economías familiares.

En el corto plazo continuaremos articulando acciones con los demás gobernantes del Caribe, así como con los congresistas de la región, para que el Gobierno incluya las propuestas que hemos venido planteando, como asumir pérdidas e inversiones, la creación de una prima de clima y la creación de un fondo de recursos públicos para estabilizar las tarifas.

La lucha que hemos emprendido desde el Gobierno de la Gente por lograr tarifas de energía justas no cesará. Seguiremos alzando la voz, las veces que sea necesario, por todas las comunidades. Nuestro propósito siempre ha sido claro y está enfocado en hacer el llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y dé una solución definitiva, que conlleve a la disminución del excesivo costo de este servicio público esencial, sobre todo para la región Caribe, donde las familias, industrias y empresas tienen una mayor dependencia energética.

 

Por: Aura Patricia Benedetty González.

«En el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen a Córdoba»

Con un panorama que no es el más alentador, cada vez son más las personas que se animan a utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte, incluyéndola en su día a día y logrando con ello un aporte positivo a la problemática de movilidad que tenemos en nuestras ciudades, y que sin lugar a dudas afecta la calidad de vida de los individuos ¿Ahora bien, estamos preparados en nuestros territorios para enfrentar el reto que trae consigo el uso alternativo de la bicicleta, o es simplemente un plan irrealizable?

En nuestro país, Colombia confluyen diversos climas, que están predispuestos por aspectos geográficos y atmosféricos, no siendo lo mismo tomar la bicicleta como medio de transporte a la una de la tarde en una ciudad como Bogotá, que en la capital del departamento de Córdoba donde las temperaturas oscilan entre los 30 y los 40 grados centígrados, sin dejar de lado el factor cultural que permea nuestras costumbres, y con ello la toma de decisiones al momento de movilizarnos.

Si nos detenemos a revisar las cifras que nos arroja el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, nos encontramos con que en el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen al Departamento de Córdoba, mostrando un aumento en el departamento de más del 100% con relación al mismo periodo de 2021 donde cinco usuarios de la bicicleta perdieron la vida, cifras éstas que no sólo nos indican que estamos rajados en la seguridad vial de nuestros amantes de la bicicleta, sino también nos refleja que los esfuerzos que se han venido realizando a través de campañas pedagógicas, impulsos legislativos y controles no han dado resultado, no se les ha realizado el seguimiento adecuado, o no responden a las necesidades de los actores viales.

En cuanto a la regulación vigente, es importante señalar que el Código Nacional de Tránsito expedido en el 2002, nos define la bicicleta como: “Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales”. Ya en el año 2016, con la ley pro bici, se dio un gran salto en la materia, teniendo ésta un objeto bastante ambicioso: “Incentivar el uso de la bicicleta como medio principal en todo el país, incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental y la mejoría de la movilidad urbana”, y trajo consigo una serie de incentivos a quienes se animaran a usar la bicicleta como medio de transporte. En el caso de los funcionarios públicos, recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen llegar al trabajo en bicicleta, hasta tanto sean completados ochos medios días remunerados al año y con relación a los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado, podrán también adoptar el mismo esquema de incentivos diseñado para el sector público, y atendiendo sus necesidades.

¿Ahora bien, vamos por buen camino? O por el contrario, ¿se hace necesario replantear acciones?

Aterrizando lo dicho en el párrafo anterior al ambiente en el que me desenvuelvo puedo manifestar que sólo he conocido dos o tres personas que regularmente asisten al trabajo en bicicleta y que a la vez han hecho uso de los incentivos por llegar en ese medio de transporte al trabajo, refiriéndome con ello claro está a quienes ostentan empleos formales. De igual forma, es sabido que en la informalidad hay muchas más personas cuyo único medio de transporte u opción es movilizarse en bicicleta, y a estas lastimosamente no les asiste ningún incentivo en este sentido por parte de la ley pro bici.

Entre tanto, hace un par de días se virilizó un video en twitter donde un grupo de ciclistas son grabados por un conductor, en determinada vía y que a juicio de quien graba el video, los ciclistas estaban siendo imprudentes, pues según éste se encontraban ocupando todo el carril, y evidentemente si revisamos el video los ciclistas se encuentran ocupando la totalidad del carril. En el video es claro que el conductor que graba a los ciclistas desconoce que estos se encuentran amparados legalmente para ocupar todo el carril de la vía, incluso si transitan en grupo, pero ojo, esto no significa que no estén obligados a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito, no adelantar a otros vehículos por la derecha, llevar las luces y cumplir con la premisa principal de la seguridad vial: “Ver y ser visto”, denotándose con esto la falta de conocimiento y promulgación de los derechos y deberes que les asisten a nuestros ciclistas.

Evidentemente con este video no estamos ante un asunto aislado, se hace indispensable capacitar en seguridad vial y autorregulación a estos importantes actores de la vía, desestimular el uso de medios motorizados, educar desde la niñez, poner en práctica la cátedra de educación vial, establecida en nuestro país desde el año 2011, así como también articular entre las diferentes dependencias del estado acciones conjuntas, en pro de la preservación de la vida del ciclista, e implementar incentivos atractivos y verdaderos a quienes se desplacen en las vías a través de la bicicleta, como también incentivar a aquellas empresas que usan en el giro ordinario de sus negocios, la bicicleta como medio de transporte, no sin antes precisar que el primer cambio debe venir por cada uno de nosotros.

¡Que no se nos vuelva paisaje cuidar el don preciado de la vida!

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el inicio del año nuevo, caracterizado por la celebración de fiestas patronales en municipios del Caribe y Córdoba; es necesario hacer una reflexión sobre estas tradiciones que representan las manifestaciones culturales; en particular, las fiestas de corraleja. Los municipios de Córdoba realizan estas fiestas.

Dicho festejo se centra en soltar al ruedo, toros a la plaza para que estos persigan a quienes los enfrentan. Es un escenario acompañado de bandas folclóricas que entonan la popular música de porro y miles de personas abarrotadas en las improvisadas y frágiles graderías de madera.

En esto consiste el festejo, suceso que representa el enfrentamiento humano-animal; donde ambos se vulneran a través del dolor y muerte. Estas fiestas de corralejas representan la cultura del consumismo, que no genera conciencia social, como ejercicio racional.

Asistir a un espectáculo donde se transgreden los derechos de los animales, expone la vida humana en presencia de un tumulto de personas que con furor celebran este acontecimiento.

Esta acción brutal e inhumana es un claro ejemplo de un culto que hace apología a la barbarie; legitimado en nombre de la cultura. El contexto social donde se ha sostenido esta tradición cultural es comparable en gran medida, con el Circo romano; recordemos que, este era uno de los espacios recreativos que brindaban para el entretenimiento del pueblo; no como un lujo, sino como un derecho de los ciudadanos de Roma; pero a la vez, era la forma como los mantenían distraídos y al margen de los asuntos esenciales del Estado; escenario, donde los políticos poderosos competían para evidenciar poder a través de todo tipo de excesos y extravagancias.

Aunque, en las corralejas compiten las ganaderías para ver quién tiene los toros más bravos; lo que se mide con el número de muertes que deja la fiesta. En este orden, para los mandatarios romanos, esta era una buena estrategia con el fin de mantener a la población conforme, domesticada e irreflexiva; como bien lo expresó el poeta satírico, Juvenal “Pan y circo”; que nos indica, que gran parte de la población solo necesita cubrir sus necesidades primarias y divertirse. Las fiestas de corraleja no pueden seguir repitiendo, la lógica del Circo romano; utilizada para control y adormecimiento social.

Necesitamos la cultura como cultivo de pensamiento, progreso, desarrollo y bienestar social.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), radicado por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, como hoja de ruta durante su cuatrienio, se convierte en un documento indispensable, en el cual se condensa la visión política del Gobierno Nacional en materia social y de desarrollo estructural y financiero, además de establecer los lineamientos para el crecimiento y el desarrollo del país.

Para tal efecto, contempla un presupuesto de $1.154 billones para invertir en ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social y la paz total. Ejes del plan, que debemos alinear, entonces, con nuestro Plan de Desarrollo, concebido desde el Gobierno de la Gente con las comunidades.

Hacemos ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones. Por este propósito en Montería reforzamos la lucha contra la criminalidad, lo que se ve reflejado en las cifras que nos ubican como la capital del Caribe más segura. Resultados logrados gracias al trabajo mancomunado entre nuestro gobierno, la Policía Metropolitana, la Brigada XI del Ejército y la Fiscalía, además de la inversión sin precedentes que hemos realizado para una mejor operatividad de nuestra Fuerza Pública.

En materia de seguridad ciudadana, transitamos en la misma dirección con el Gobierno Nacional, por lo que se hace necesario dar continuidad a los procesos de diálogo permanente entre las diferentes instituciones, para de esta manera conseguir la apropiación de recursos que contribuyan a la adquisición de más tecnología, para reforzar patrullajes y operativos direccionados a reducir el rango de acción de la delincuencia común y la organizada.

Fundamental resultó el diálogo vinculante realizado en Montería para la construcción de este PND, en el que varias de nuestras iniciativas planteadas fueron de buen recibo y están incluidas a lo largo de los diferentes componentes transversales y líneas estratégicas de inversión, que se harán en el Caribe.

Proyectos y propuestas que, además de incluirse como modelos para las demás regiones, estamos trabajando conjuntamente con el nivel central y en los que se han logrado avances significativos. Es el caso de la estructuración de proyectos de acueductos rurales y programas de autoconstrucción de vivienda.

Coincidimos con el Gobierno Nacional en esa visión que le apunta a la educación como herramienta fundamental para fortalecer los cimientos de un mejor futuro. En el Gobierno de la Gente lo tenemos claro y le hemos apostado a una gran revolución educativa, durante 2023, iniciando con ese gran sueño que hoy estamos volviendo una realidad, la Universidad del Sur.

La seguridad alimentaria es otro de los componentes trascendentales del PND, por lo que se ha hecho especial énfasis en el derecho humano a la alimentación. Es aquí donde Montería jugará un papel indispensable en la puesta en marcha de la propuesta Hambre Cero, con la que buscamos que el municipio sea una de las más importantes despensas del Caribe y el país. Además de convertirse en un programa de apoyo a nuestros campesinos, con el objetivo de garantizarles la comercialización de sus productos a precios justos y estables.

Debemos hacer énfasis en que, con nuestro Plan de Desarrollo, tuvimos la voluntad política y presupuestal para tener un nuevo POT tras 22 años sin ser actualizado. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades para atraer inversionistas y para desarrollar proyectos de espacios verdes y sostenibles, acordes con el impulso de territorios más humanos con hábitats integrales; en lo que también hemos avanzado significativamente, con la visión de Ciudades de 15 Minutos y la intervención de 140.309 m2 de parques, 21 de esos parques son nuevos y 25, mejorados.

Una de las grandes preocupaciones del Caribe tiene que ver con la justicia tarifaria del servicio de energía. Observamos que en el componente de Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática hay una destinación de $114 billones. Insistimos en la necesidad de que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y de ese rubro destine un porcentaje con el que se asuman varias inversiones y el componente de las pérdidas técnicas y no técnicas.

El compromiso con los monterianos no tiene límite. Estamos en la obligación de hacer lo necesario para seguir consolidando la Montería Grande que construimos para todos, por lo que es de suma importancia alinear nuestro plan de desarrollo, que tiene como foco la gente, con el PND, que también tiene un alto componente dirigido a la humanización. Unificación pertinente y conveniente para la región, en la que desarrollaremos los puntos en común de ambos planes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los monterianos.