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Concejo de Cereté y Asamblea de Córdoba exigirán soluciones a Aqualia por crisis en el servicio de agua

Ante la persistente deficiencia en la prestación del servicio de agua por parte de Aqualia, el Concejo Municipal de Cereté anunció un debate de control político que se realizará en el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de mayo.

La iniciativa, liderada por el concejal Víctor Daguer, surge tras varios llamados a la empresa sin respuestas de fondo, mientras la comunidad enfrenta un servicio irregular y de baja calidad.

Para fortalecer esta gestión, se invitó a la Asamblea Departamental de Córdoba, en cabeza del diputado Gabriel Moreno, con el fin de trabajar de manera articulada y exigir soluciones rápidas y efectivas.

Este ejercicio busca respuestas claras y compromisos concretos que permitan mejorar un servicio esencial que hoy tiene a los cereteanos atravesando una situación difícil y cada vez más insostenible.

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Fin al proceso de pérdida de investidura: Consejo de Estado ratifica a tres diputados de Córdoba

En un fallo definitivo de segunda instancia, el Consejo de Estado puso fin a la incertidumbre jurídica que rodeaba a los diputados Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Calle Aguas. El alto tribunal confirmó la decisión de negar la pérdida de investidura de los asambleístas, quienes eran señalados por presuntas irregularidades en la elección de la secretaria general de la corporación para el periodo 2024.

El proceso judicial se centró en la polémica modificación de las reglas de juego durante la convocatoria pública, donde la mesa directiva de aquel entonces decidió eliminar la prueba de conocimientos. Aunque esta irregularidad administrativa llevó a la anulación posterior del nombramiento de la secretaria, el Consejo de Estado determinó que dicha falta no se traduce automáticamente en una sanción de «muerte política» para los diputados.

Tras analizar las pruebas, el tribunal concluyó que no hubo dolo ni intereses personales en la actuación de los tres implicados. En su tesis, el fallo destaca:

Ausencia de beneficio propio: No se demostró que los diputados buscaran favorecer a terceros de manera indebida.

Sin tráfico de influencias: Se descartó el uso de cargos para presionar la elección o el uso indebido de recursos públicos.

Actuación funcional: Las decisiones se tomaron dentro del ejercicio de sus roles como miembros de la mesa directiva, sin cruzar la línea de la ilegalidad sancionable con pérdida de investidura.

Durante el proceso, cada diputado presentó argumentos que el tribunal validó. Gabriel Calle subrayó que, lejos de favorecer la elección, presentó objeciones al proceso. Juan Antonio Flórez desestimó los señalamientos de «amistad íntima» con la elegida por falta de evidencia, mientras que Carolina Zapata, representada por el jurista William Quintero Villareal, sostuvo con éxito que su conducta nunca se apartó del marco legal.

Con este veredicto, los tres líderes políticos aseguran su permanencia en la Asamblea de Córdoba, cerrando uno de los episodios jurídicos más seguidos del último año en la política departamental.

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Gobierno Petro declaró en Córdoba el área de producción de alimentos más grande de Colombia

En el parque Los Jiménez, de Tierralta (Córdoba), se reunieron campesinos de distintos municipios de Córdoba, junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para materializar la declaratoria en su departamento de 667.034 hectáreas como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la más grande del país.

Esta declaratoria representa un compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro para proteger el modo de vida del campesinado colombiano, que produce más del 70% de los alimentos que se consumen en nuestro país.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que con la APPA de Córdoba se promueve un modelo alternativo de desarrollo que protege la vida y los territorios.

“La Reforma Agraria comenzó y no se puede detener. Es el momento de la unidad para trabajar por un objetivo común y recuperar la tierra. Que nadie se atreva a pensar que le puede quitar la tierra al campesinado”.

Yadira Zavala, campesina y lideresa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), resaltó que el Gobierno ha escuchado las problemáticas del campesinado para hacer desde el campo la Revolución por la Vida, de manera incluyente.

“Aquí estamos en representación de los campesinos y campesinas, a quienes, por el conflicto, les han sido violados sus derechos. Con esta participación reconstruimos nuestro tejido social y familiar”, manifestó.

Por su parte, Juan Pablo Sandoval, director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), indicó: “Debemos proteger el suelo rural por la seguridad alimentaria de nuestro país, y debemos proteger a nuestros campesinos y campesinas para garantizar lo que está contemplado en los artículos 64 y 65 de la Constitución, los derechos del campesinado y el Derecho Humano a la Alimentación”.

Destacó que con la declaratoria de las APPA en Córdoba ya son 48 los municipios del país que cuentan con hectáreas declaradas como APPA. Están ubicadas en los departamentos de Tolima, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca (Sabana Centro) y Córdoba, y en total suman 864.753 hectáreas.

Se fortalece la Reforma Agraria

Además, esta medida de ordenamiento territorial profundiza la Reforma Agraria que adelanta el Gobierno, aproximándose a 1 millón de hectáreas declaradas como APPA, construidas con los conocimientos del campesinado, con participación de representantes del Gobierno nacional y las administraciones locales.

El director de la UPRA agregó que con esta APPA en Córdoba se abre una etapa de autonomía territorial en el valle de los ríos Sinú y San Jorge, lo que implica cooperación técnica territorial, consolidación de información para la toma de decisiones, formalización de la propiedad y fortalecimiento productivo.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 40% del territorio nacional presenta algún grado de degradación de suelos y el 60% de los municipios colombianos reportan degradación agrícola. Cada año se pierden aproximadamente 200 millones de toneladas de suelo fértil.

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Naufragio en la Ciénaga de Ayapel cobra la vida de un campesino ; otras dos personas sobrevivieron

La oscuridad y el mal tiempo se confabularon para desencadenar una tragedia en aguas de la Ciénaga de Ayapel. En la noche del domingo, un accidente fluvial segó la vida de Julio Bracamonte, un reconocido trabajador del campo de 52 años, quien falleció por inmersión tras el volcamiento de la canoa en la que se desplazaba.

El siniestro se registró cerca de la medianoche en el sector conocido como Boca del Pacal. Bracamonte, residente de la vereda Santa Rosa, viajaba con destino al corregimiento de Cecilia en compañía de Ingrid Moreno y Over Munera. Según las primeras versiones, la embarcación habría colisionado contra un montículo de tierra, provocando que todos los ocupantes cayeran a las aguas en medio de una fuerte lluvia.

Mientras que Moreno y Munera lograron ser auxiliados y rescatados con vida por pescadores de la zona que reaccionaron de inmediato, el destino de Bracamonte fue distinto. Pese a los esfuerzos de sus acompañantes por socorrerlo, la nula visibilidad y el estado del tiempo impidieron su rescate en el momento del impacto.

Debido a las condiciones climáticas adversas, las labores de búsqueda iniciales tuvieron que ser suspendidas durante la madrugada. Sin embargo, desde las primeras horas de hoy, se activó un bloque de búsqueda liderado por las autoridades competentes, al cual se sumaron valientemente campesinos y pescadores de la región en sus propias embarcaciones.

La comunidad de Ayapel lamenta profundamente la partida de Julio, a quien describen como un hombre laborioso y entregado a las faenas del campo. A esta hora, la región permanece a la espera de la recuperación del cuerpo para brindarle el último adiós.

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Legado ambiental: Alcalde Hugo Kerguelén puso la primera piedra del Parque Botánico Las Lagunas; Montería empieza a construir un nuevo pulmón verde

 El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio un paso histórico hacia la transformación ambiental y urbana de Montería con la colocación de la primera piedra del Parque Botánico Las Lagunas, un proyecto que se convertirá en el nuevo pulmón verde de la ciudad y en un referente de sostenibilidad en Colombia.

“Hoy no estamos iniciando una obra. Hoy estamos tomando una decisión de ciudad. Una decisión que habla de quiénes somos hoy y, sobre todo, de quiénes queremos ser mañana”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García durante el acto de inicio del proyecto.

La iniciativa se desarrollará en un área de 120.000 metros cuadrados y generará 233 empleos, entre directos e indirectos, contribuyendo a la dinamización económica de la ciudad.

Kerguelén García destacó el enfoque de largo plazo de esta obra, señalando que “gobernar no es pensar solo en el corto plazo ni en el aplauso inmediato. Gobernar es tomar decisiones que construyan ciudad, incluso cuando no son fáciles ni políticamente rentables”.

El Parque Las Lagunas se construirá en un espacio que durante años fue un pasivo ambiental para Montería, donde funcionaban antiguas lagunas de oxidación. “Este proyecto es la decisión de transformar un problema histórico en una oportunidad para la vida, la sostenibilidad y el desarrollo”, afirmó el alcalde.

El diseño del parque integra naturaleza, urbanismo y comunidad a través de una distribución en nueve cápsulas temáticas, que incluyen zonas de acceso, eventos, jardín botánico, espacios deportivos, vivero, santuario de fauna, áreas de protección ecológica y un sistema de lagunas que será el eje estructurante del paisaje.

“Con este proyecto no solo diseñamos un parque, sino una visión: un espacio más verde, más vivo y más humano; con agua, biodiversidad, cultura, deporte y lugares para el encuentro ciudadano”, explicó el mandatario.

Además, el parque contará con una completa infraestructura que incluye 13 tipos de edificaciones, un mariposario, un puente peatonal elevado y un mirador, concebidos para promover la educación ambiental, la recreación y la contemplación de la biodiversidad.

El componente ambiental será uno de los pilares del proyecto, con acciones orientadas a la recuperación del suelo, la consolidación de áreas verdes, la protección de la fauna y la integración ecológica del parque con su entorno urbano.

En ese sentido, el alcalde hizo énfasis en los desafíos climáticos que enfrentan las ciudades: “Si las ciudades no ponen la naturaleza en el centro, están condenadas al fracaso. Más aún ciudades como la nuestra, con altas temperaturas y retos crecientes del cambio climático”.

Entre las obras a ejecutar se destacan la construcción de senderos peatonales, plazoletas, zonas de encuentro, instalación de redes eléctricas e iluminación, así como procesos de paisajismo, arborización y estabilización de terrenos, garantizando un espacio sostenible y de alto valor ambiental.

El proyecto también marca el inicio de un modelo de desarrollo urbano que prioriza la sostenibilidad. “Hoy iniciamos un nuevo hito de urbanismo en Montería, un modelo donde el desarrollo ocurre con la naturaleza en el centro”, puntualizó el alcalde.

Asimismo, resaltó el carácter colectivo de esta obra: “Este proyecto no es de un alcalde, es de una ciudad. Como la Ronda del Sinú, construida por distintas administraciones. Porque cuando una idea es poderosa, se pone por encima de cualquier interés”.

La construcción del Parque Botánico Las Lagunas marca el inicio de una nueva etapa para Montería, en la que el desarrollo urbano avanza de la mano con la sostenibilidad, consolidando espacios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecen la relación de la ciudad con su entorno natural.

“Hoy no solo iniciamos un parque. Hoy sembramos futuro, protegemos a Montería y construimos una ciudad más humana que convive con la naturaleza”, concluyó el alcalde.

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Alcaldías de Ciénaga de Oro y Chimá se refieren al polémico contrato de la vía que las conecta con Tuchín

En una respuesta coordinada ante la creciente presión ciudadana y los hallazgos de la Contraloría General de la República, las alcaldías de Ciénaga de Oro y Chimá han emitido pronunciamientos oficiales para clarificar su postura frente al polémico contrato de mejoramiento vial que une a ambos municipios con Tuchín.

A través de comunicados de prensa, las administraciones locales han buscado desmarcarse de las irregularidades señaladas por los entes de control, enfocando su estrategia en la ejecución de cláusulas penales y demandas contra los contratistas responsables, en un intento por salvaguardar el patrimonio público que hoy se encuentra bajo un proceso de responsabilidad fiscal.

​La Alcaldía de Ciénaga de Oro, bajo la administración de Alejandro Mejía Castaño, fue enfática al informar que el municipio ha agotado las acciones legales correspondientes ante el incumplimiento del contratista. Según el reporte oficial, se ha ordenado hacer efectiva la cláusula penal pactada por un monto superior a los 11 mil millones de pesos. Además, la administración municipal ha escalado el conflicto al ámbito judicial, radicando una demanda para obtener el reconocimiento de perjuicios que, según estimaciones de la alcaldía, superan los 30 mil millones de pesos. Con el fin de socializar estos soportes documentales, el gobierno local ha convocado a la comunidad a una audiencia pública de rendición de cuentas, reafirmando su compromiso de transparencia frente a los cuestionamientos por la mala planeación de la obra.

​Por su parte, la Alcaldía de Chimá, liderada por Felipe Rafael Coronado Guerra, confirmó que recibió una respuesta formal de su homóloga en Ciénaga de Oro sobre el estado del contrato LP-003-2018, ratificando que la obra no fue recibida a satisfacción. El comunicado oficial de Chimá detalla que el proceso administrativo sancionatorio culminó en junio de 2025, estableciendo una multa de 11.046 millones de pesos contra el Consorcio CDO. No obstante, la administración advirtió que la ejecución de este cobro se encuentra actualmente frenada debido a una solicitud de suspensión presentada por el contratista ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. Mientras el tribunal no emita un fallo definitivo, los recursos permanecen bloqueados, dejando la situación en un limbo jurídico que impide la reanudación inmediata de los trabajos o la recuperación efectiva del dinero.

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Política Córdoba

Según la CGR el daño fiscal por mala planeación y ejecución de la vía Ciénaga de Oro-Chimá- Tuchín, es de $29.233.543 millones.

La exalcaldesa de Ciénaga de Oro, Ana Luz Bedoya Usta, el actual alcalde, Alejandro Mejía Castaño, Fray Fernando Fuentes, secretario de Obras Públicas del municipio y un grupo de contratistas, son presuntos responsables del daño fiscal por mala planeación y ejecución de la vía Ciénaga de Oro-Chimá-Tuchín.

Burbuja Política tuvo acceso al Auto 0826 del 18 de mayo del 2023 de la Contraloría General de la República, por medio del cual se ordenó cerrar la indagación preliminar y dio apertura a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, donde la entidad afectada es el Sistema General de Regalías/Departamento de Córdoba y el municipio de Ciénaga de Oro, por presuntas irregularidades en el contrato de obra número 0011 del 25 de mayo del 2018 para el “Mejoramiento de vía entre los municipios Ciénaga de Oro-Chima- Tuchín por valor de $102.548.945.171”.

Es oportuno señalar que la citada obra tuvo una adición por valor de $7.919.660.741, el pasado 28 de septiembre de 2021.

La obra fue contratada por el Consorcio CDO Vial el 25 de mayo del 2018, del cual hacen parte las empresas INTEC DE LA COSTA, Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, Obras Maquinaria y Equipos Tres SAS, Miguel Camilo Castillo Baute y DBD Ingeniería SAS.

La Interventoría fue contratada por el Consorcio Interciénaga, del cual hicieron parte, Armando Rafael Bula Otero, B YC Constructores SAS, y Cayena Consultores e Interventores SAS.

En el citado Auto señala la CGR “De la valoración se logró acreditar la existencia de daño patrimonial al Estado consistente en el menoscabo de recursos públicos, producido por una gestión antieconómica, ineficaz, e ineficiente. Lo cual no se aplicó al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Abandono injustificado de las obras, a pesar que el proyecto fue objeto de adiciones presupuestales, además de las diversas prorrogas y adiciones en tiempo dejando evidenciar el deterioro de las obras ya realizadas y del sobrecosto de la misma”

La cuantía estimada por la CGR por el daño fiscal es de $29.233.543.516, producto de la mala planeación y ejecución de la vía.

El proceso en la CGR

El 15 de octubre del 2021 se dio apertura a una indagación preliminar y el 8 de junio del 2022 la jefe de Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción asignó el conocimiento de la indagación a la delegada Intersectorial.

El interrogante que surge es ¿Qué ha pasado con este proceso ordinario de responsabilidad fiscal? ¿Hay otros autos posteriores a este del 18 de mayo del 2023? ¿Qué información tiene sobre este proceso la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba de la Contraloría General de la República?

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Procuraduría archiva proceso contra Gabriel Calle Demoya por presunta participación en política

El panorama político en el sur de Córdoba se despeja de manera definitiva. La Viceprocuraduría General de la Nación ordenó este 23 de abril el archivo total de la investigación disciplinaria que pesaba sobre el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, vinculada a una presunta participación indebida en política durante un evento en mayo de 2025.

Tras un exhaustivo análisis, el Ministerio Público concluyó que las pruebas no permitieron configurar una falta disciplinaria, determinando que no hubo méritos suficientes para sancionar al mandatario. Cabe recordar que, debido a este proceso, Calle Demoya fue apartado de su cargo bajo una medida cautelar de tres meses, tiempo durante el cual la administración municipal permaneció a la espera de un fallo que finalmente le favoreció.

Con esta decisión, el ente de control ratifica la legitimidad del alcalde para culminar su periodo constitucional sin la sombra de este proceso. Por su parte, la Alcaldía de Montelíbano recibió la notificación con beneplácito, asegurando que el fallo brinda la seguridad jurídica necesaria para dar continuidad a los proyectos de desarrollo y bienestar social que se adelantan en el municipio.

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Política Córdoba

Contraloría pide cuentas al Invías por vía Santa Lucía – Moñitos

La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Instituto Nacional de Vías (Invías) un informe detallado sobre la licitación para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Santa Lucía – Moñitos, en el departamento de Córdoba.

​Esta solicitud surge tras las alertas emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, las cuales señalan posibles irregularidades en el proceso de contratación enmarcado en el programa «Vías para la Paz».

​El organismo de control busca conocer la gestión real que ha realizado el Invías para atender dichas advertencias y garantizar la transparencia en la adjudicación de este importante proyecto de infraestructura regional.

​La entidad dirigida por Juan Guillermo Jiménez dispone de un plazo máximo de cinco días hábiles para remitir la información de manera clara, organizada y completa a los correos institucionales de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.

​Con este requerimiento, las autoridades buscan asegurar que los recursos destinados a la conectividad del departamento de Córdoba se ejecuten bajo estrictos estándares legales y sin riesgos de corrupción que afecten a la comunidad

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Política Córdoba

Policía de Córdoba reporta reducción del 40% en homicidios, pese a alertas de organizaciones sociales

En respuesta a las recientes denuncias publicadas en redes sociales por organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertaban sobre una posible ola de violencia en el departamento, el Departamento de Policía Córdoba emitió un balance oficial sobre la situación de orden público, destacando una tendencia a la baja en la criminalidad durante lo corrido del 2026.

Cifras en descenso

​Según el informe institucional, entre el 1 de enero y el 20 de abril de este año, el departamento ha registrado 21 homicidios, frente a los 35 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra representa una reducción del 40%, resultado que la Policía atribuye a la efectividad de los despliegues operativos y preventivos en el territorio.

Sin embargo, las autoridades admiten que la situación no es uniforme en toda la región. El reporte identifica «nodos críticos» de violencia en zonas rurales de Puerto Libertador, Planeta Rica y Sahagún, donde estructuras criminales mantienen disputas por el control territorial.

Situación de líderes sociales

​Frente a las alarmas por posibles ataques a defensores de derechos humanos, la Policía fue enfática en aclarar que, hasta la fecha, no se tiene registro de homicidios contra líderes sociales en el departamento durante 2026.

​»Las víctimas registradas corresponden, en su mayoría, a hombres adultos, algunos con antecedentes o presuntas vinculaciones a economías ilegales», precisó el comunicado oficial.

En cuanto a las amenazas, el Sistema Integrado de Derechos Humanos (SIDEH) confirmó que:

​23 líderes cuentan actualmente con medidas preventivas y esquemas de seguridad activos.

​2 líderes han decidido abandonar el territorio de manera voluntaria para salvaguardar su integridad física.

El Grupo de Derechos Humanos de la Policía de Córdoba aseguró mantener canales de comunicación permanentes con los líderes que permanecen en las zonas rurales para monitorear su situación de riesgo. Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad a utilizar las líneas de denuncia bajo reserva para anticiparse a posibles hechos delictivos que alteren la tranquilidad en el sur del departamento.

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