Cinco municipios de Córdoba serán el epicentro de un plan piloto de paz entre el Gobierno y el EGC
El sur del departamento de Córdoba se convertirá en el laboratorio inicial de un nuevo modelo de estabilización territorial. Los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta fueron formalmente seleccionados para la implementación de acciones piloto de construcción de paz, una iniciativa que se desprende directamente del Espacio de Conversación Sociojurídico que actualmente adelantan el Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Para coordinar la ejecución de esta estrategia en el plano local, se contempla la creación de los denominados Grupos de Trabajo Municipal. Estas instancias tendrán la compleja tarea de articular los esfuerzos entre las alcaldías, los líderes comunitarios y las diferentes entidades del Estado, con el objetivo de diseñar e implementar rutas de intervención social y de seguridad que respondan de manera exacta a las problemáticas particulares de cada territorio. Ricardo Giraldo, vocero jurídico del EGC, confirmó que las bases de este proceso ya comenzaron a ser socializadas con las autoridades locales y la población civil mediante reuniones informativas llevadas a cabo en Ayapel y en el municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia.
El plan piloto prioriza una agenda social y ambiental con compromisos de alto impacto para estas comunidades. En primer lugar, se estableció una línea roja para la protección integral de la infancia, enfocada en blindar a los niños, niñas y adolescentes y promover su desvinculación definitiva de cualquier dinámica de guerra o economía ilegal. Paralelamente, la estrategia contempla un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que buscará transformar las economías regionales ofreciendo asistencia técnica directa y alternativas productivas viables para las familias cultivadoras.
El eje ambiental y la recuperación institucional también serán determinantes en el éxito de las intervenciones. Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estructurarán frentes de trabajo enfocados en frenar la deforestación, ejercer un control estricto sobre la minería ilegal, proteger las cuencas hídricas del departamento y contener la frontera agrícola. Asimismo, carteras como Justicia, Interior y Defensa articularán acciones para fortalecer la presencia estatal, regular la convivencia ciudadana bajo parámetros pedagógicos y vigilar el cumplimiento de las normas. Los resultados y el impacto social evaluados en esta primera etapa serán llevados a la Mesa Nacional del proceso, donde se definirá si este esquema se replica en otras regiones críticas del país.
