Consejo de estado decide que CVS es la autoridad competente frente al relleno sanitario Loma Grande

El día de hoy, el Honorable Consejo de Estado, publicó fallo que resuelve el Conflicto de Competencia Negativo relacionado con el seguimiento ambiental del proyecto «Construcción y operación del relleno sanitario Loma Grande» de la ciudad de Montería, Córdoba.
En su providencia, el Alto Tribunal DECLARA competente a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge para asumir la función administrativa de evaluación, control y seguimiento ambiental del proyecto denominado «construcción y operación del relleno sanitario Loma Grande», “hasta que se cumpla el término de vida útil establecido en la licencia ambiental”.
De igual forma, en la parte resolutiva del fallo, señala que los términos legales a que está sujeta la actuación administrativa en referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique dicha decisión; y ordena REMITIR el expediente a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para poder ejercer el seguimiento ambiental de la licencia.
No obstante, se recuerda, que la CAR CVS en oportunidad anterior, recibió los expedientes por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y previo al referido fallo, inició la revisión del estado de la licencia, las acciones ejecutadas y los procesos administrativos adelantados por la ANLA desde febrero de 2015 (cuando asumió la competencia) hasta la fecha, con la finalidad de poder ejercer control, evaluación y seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones legales y las establecidas en la licencia ambiental y sus modificaciones, por parte del operador.
Se reitera que la CAR CVS siempre continuó con la facultad de vigilancia a prevención del proyecto, frente a lo cual, elaboró informes de visita, que fueron comunicados en su momento, a las autoridades competentes.
Así las cosas, la CVS mantendrá informada a la comunidad, municipalidad, y órganos de control de las actuaciones que se adelanten a partir de la asignación de competencia.
Foto Defensoría del Pueblo

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