Damnificados por el terremoto de agosto continúan en carpas casi tres meses después de la catástrofe.
A casi tres meses del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, miles de familias afectadas continúan viviendo en alojamientos temporales e improvisados, soportando la fuerte temporada invernal y exigiendo respuestas efectivas sobre los subsidios de arrendamiento y los programas de reconstrucción de vivienda. Las comunidades perjudicadas denuncian que las acciones estatales no han trascendido los kits iniciales de emergencia y los anuncios de inversión, dejando en la incertidumbre el restablecimiento digno de sus hogares.
La crisis asistencial se profundiza por la brecha presupuestal del Gobierno nacional: de un Plan de Acción Específico proyectado en $58,29 billones, la etapa inicial solo reportó la identificación de $8,21 billones de pesos. A este cuello de botella financiero se suman las advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre trabas burocráticas e ineficiencias en la focalización de las ayudas económicas, lo que ha generado severas disparidades en la atención territorial y protestas de las comunidades que exigen celeridad en la ejecución de los recursos.
