«Esa plata se la comieron con los indios”: Fiscalía revela interceptaciones contra capturados de Aremca.
Una frase lapidaria en una interceptación telefónica se ha convertido en el símbolo del desprecio por los recursos públicos en Colombia: “De ahí no se hizo absolutamente nada y esa plata, se la comieron con los indios”. La revelación, atribuida a Luis Soto Caraballo, uno de los primeros capturados por el escándalo de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), pone al descubierto el saqueo de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías.
Según la Fiscalía, esta red criminal operaba bajo la modalidad de “Los Contrata-dedos”, utilizando a Aremca como un vehículo para esquivar los controles legales y entregar más de cien contratos de forma directa. Entre las perlas de la investigación, destaca un proyecto de $6.759 millones destinado teóricamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena del Resguardo Caño Mochuelo, en Paz de Ariporo, cuya ejecución habría sido inexistente, terminando el dinero en los bolsillos de particulares.
La investigación de la Fiscalía detalla un entramado donde la lógica de la contratación fue reemplazada por el absurdo con tal de desviar recursos:
Ingenieros como «monitores de bus»: En Sabana de Torres (Santander), se suscribió un contrato por $5.060 millones para transporte escolar. Lo insólito, según el fiscal, es que la firma seleccionada era de ingenieros, a quienes pusieron a «verificar si subían niños o no a las rutas». El contrato apareció en el SECOP sin estudios previos firmados, sin informes de evaluación y sin resolución de adjudicación.
El Preicfes de los $15.000 millones:
En Santa Marta, bajo la administración de Carlos Pinedo Cuello, se celebró un convenio con Aremca para «fortalecimiento educativo». En términos coloquiales, se pagó una cifra astronómica de 15.684 millones de pesos para realizar un Preicfes, contrato que la Fiscalía señala como tramitado y celebrado de manera indebida.
Según Revelo la FM , el fiscal delegado advirtió que los implicados diseñaron un «manual de contratación prohibido», una estructura jurídica paralela para direccionar recursos a dedo. La red no solo afectó proyectos ambientales y educativos, sino que comprometió la confianza en el Sistema de Regalías, dejando obras fantasma y servicios precarios en las regiones más necesitadas del Caribe y el centro del país.
Por estos hechos, la justicia avanza en la judicialización de los responsables de Aremca y los mandatarios locales implicados, mientras que las interceptaciones siguen arrojando pruebas sobre la frialdad con la que se dilapidaron los fondos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.
