“Está advertido”: De La Espriella apunta al gobernador de Nariño por contactos no autorizados con grupos armados

Durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Santa Cruz de Mompox (Bolívar) y convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), el presidente Abelardo De La Espriella fijó una postura contundente frente a la política de seguridad y el control del orden público territorial. En el marco de un encuentro destinado a debatir asuntos clave como la descentralización, las finanzas y la salud, el primer mandatario dirigió un vehemente llamado a los gobernantes locales y departamentales para frenar cualquier acercamiento no autorizado con estructuras al margen de la ley.

En medio de su intervención, De La Espriella dejó en claro que la conducción de los acercamientos de paz y la gestión de la seguridad son potestad exclusiva del Ejecutivo central. “En este punto quiero hacer una advertencia muy clara. Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, afirmó categóricamente el jefe de Estado, enfatizando que no se tolerarán pactos paralelos al margen de la línea gubernamental.

La contundencia de sus palabras aumentó al abordar las implicaciones éticas y legales que conllevaría quebrantar esta directriz nacional. “Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia. No voy a tolerar, bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, algún una autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, sostuvo el presidente. Acto seguido, dirigió un mensaje directo y personalizado al mandatario departamental de Nariño: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.

Con estas declaraciones, el Gobierno Nacional dejó asentado que la política integral de seguridad en los territorios se medirá por resultados y que las autoridades locales que pacten con organizaciones al margen de la ley deberán asumir responsabilidades penales.