Gobierno colombiano no ofreció pago de honorarios legales a exmilitares del caso Moïse, según presentación judicial en EE.UU.
El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de brindar asistencia jurídica y apoyo económico a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse no se tradujo en ayuda financiera para cubrir honorarios de abogados, según una exposición judicial presentada esta semana ante un tribunal federal de Miami.
En un documento radicado el 13 de octubre, uno de los abogados de los procesados afirmó que se reunieron con representantes del gobierno colombiano y que “no se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”. La revelación, difundida por el analista estadounidense Jake Johnston y amplificada en Colombia por el periodista Melquisedec Torres, generó debate sobre el alcance real del compromiso presidencial y sobre el riesgo de que los acusados pierdan la defensa de oficio que les asigna la justicia estadounidense a quienes no pueden costear un abogado privado.
El anuncio del 6 de octubre.
El 6 de octubre, de la Espriella instruyó a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, a ofrecer asistencia jurídica a los exuniformados detenidos en Estados Unidos y apoyo económico a sus familias. En un mensaje en X, el mandatario los calificó de “héroes”, afirmó que “no pueden pagar justos por pecadores” y aseguró: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos”.
El anuncio fue ampliamente reportado por medios internacionales y colombianos. Los 17 colombianos —parte de un grupo de al menos 22 veteranos contratados por una firma de seguridad de Florida— fueron trasladados de Haití a Miami el 20 de septiembre de 2026, tras años de detención en el país caribeño. Enfrentan cargos federales por conspiración relacionada con el magnicidio del 7 de julio de 2021, en el que Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe.
Un total de alrededor de 30 personas han sido acusadas en el caso; otro colombiano, Mario Antonio Palacios, ya había sido condenado previamente a cadena perpetua.
La aclaración judicial y las precisiones oficiales.
La presentación judicial contradice la interpretación de que el gobierno colombiano financiaría directamente la defensa privada de los acusados. Según el documento citado, no hubo oferta ni solicitud de recursos para honorarios legales.
Respuestas oficiales y de actores cercanos al proceso precisan que el apoyo se concentra en asistencia legal de coordinación —incluyendo la designación de un abogado que sirve de puente entre las familias y los defensores de oficio— y en ayuda económica a los núcleos familiares, tal como lo anunció el Ministerio de Defensa. Por normativa, el Estado colombiano no podría asumir el pago de abogados privados en un proceso extranjero en las condiciones planteadas.
El anuncio inicial generó preocupación porque, de interpretarse como una oferta de recursos externos, podía poner en riesgo la elegibilidad de los acusados para la defensa de oficio estadounidense, reservada a indigentes. En las primeras audiencias en Miami, los colombianos declararon depender de pensiones militares inferiores a 1.000 dólares mensuales.
«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»
