Gobierno De La Espriella pone fin a 36 años de contrato de Fiduprevisora con el FOMAG y activa transición de un año.
Bogotá, 31 de octubre de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El acuerdo, vigente desde el 21 de junio de 1990, vence formalmente este 31 de octubre y pone fin a un esquema administrativo que se mantuvo durante 36 años.
La determinación se adoptó este viernes 30 de octubre en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG, con el respaldo de los ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito Público, así como de los representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). El Ministerio de Educación, como fideicomitente, sustentó la medida en revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión, hallazgos de organismos de control y la escucha a maestros y otros actores del sistema.
Entre los elementos que motivaron la no prórroga figuran 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo estimado en $3,2 billones y más de 109.000 quejas registradas desde 2024, principalmente por barreras de acceso a citas, medicamentos y tratamientos.
La Superintendencia Nacional de Salud ha reportado cuentas pendientes del sistema de salud de los docentes que superan los $2,4 billones.
“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El FOMAG no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia”, afirmó la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda. Añadió que se trata de “una decisión de carácter histórico, una decisión de Estado, para proteger los derechos fundamentales”.
Transición de un año, prorrogable
A partir del 1 de noviembre de 2026 comienza una etapa de transición de un año, que podrá prorrogarse por otro periodo igual. Durante este tiempo, Fiduprevisora continuará la administración del Fondo bajo las directrices del Gobierno, mientras se adoptan medidas para garantizar la continuidad de los servicios.
El Ejecutivo aseguró que no habrá interrupción de la atención en salud (incluyendo tratamientos en curso y acceso a medicamentos) ni del trámite y pago de las prestaciones económicas (pensiones, cesantías y demás beneficios). Se solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades para la transición y se contemplan estudios previos para una eventual licitación pública conforme a la Ley 91 de 1989, así como una posible auditoría forense y seguimiento especial de la Superintendencia Nacional de Salud a las IPS.
«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»
