Gobierno impulsa la pequeña minería con política integral, formalización, financiación y reconversión productiva

El Gobierno de las Oportunidades dio un nuevo paso histórico en favor de la pequeña minería en el país, con la expedición de dos normas que convierten esta práctica en una política integral con financiación y formalización laboral, y alternativas económicas para las comunidades que deban transformar su actividad.

Se trata de los Decretos 0707 y 0708 de​ 2026, que crean las bases para una etapa de la pequeña minería que beneficiará a miles de familias poniendo a las comunidades que se dedican a este trabajo en el centro de la política pública.

El Decreto 0707 del 7 de julio de 2026 pone en funcionamiento el Fondo de Fomento Minero como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, capaz de movilizar recursos públicos, territoriales, financieros y de cooperación internacional para respaldar proyectos de formalización, innovación, tecnificación, seguridad minera y fortalecimiento empresarial de los pequeños productores.

Además, permitirá acompañar toda la cadena productiva, desde la capacitación hasta la transformación y comercialización de los minerales.

Por su parte, el Decreto 0708 del 7 de julio de 2026 reglamenta el Programa de Reconversión Productiva de Actividades Mineras, una herramienta que busca garantizar que ninguna comunidad quede atrás durante la transición.

Este programa ofrecerá rutas de emprendimiento, formación, certificación de competencias laborales, acceso a nuevas oportunidades de empleo y articulación con entidades como el SENA, Prosperidad Social y varios ministerios para construir alternativas económicas sostenibles desde los territorios.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, estas dos medidas representan uno de los avances institucionales más importantes de los últimos años para el sector, al establecer mecanismos permanentes para financiar la formalización, impulsar el desarrollo productivo, fortalecer la asistencia técnica y acompañar a las comunidades mineras en procesos de transición económica cuando las condiciones ambientales, sociales o económicas así lo requieran.

 “Estos decretos marcan un antes y un después para la minería colombiana. Por primera vez el Estado crea una institucionalidad robusta para respaldar al pequeño minero y, al mismo tiempo, garantiza que la transición minera sea verdaderamente justa, con oportunidades, financiación, formación y acompañamiento para las comunidades. La riqueza del subsuelo solo tiene sentido si se convierte en bienestar, dignidad y desarrollo para la gente», aseguró el funcionario.

El Gobierno nacional destacó que esta nueva arquitectura institucional permitirá consolidar una minería más productiva, formal, segura y sostenible, fortaleciendo la economía de los territorios y reconociendo el papel de miles de pequeños mineros que históricamente habían permanecido al margen de los instrumentos de fomento del Estado.

Con estas decisiones, el Ministerio de Minas y Energía reafirma que la transición energética y minera impulsada por el Gobierno del Cambio no consiste únicamente en transformar actividades productivas, sino en garantizar que las comunidades cuenten con el respaldo del Estado para construir nuevas oportunidades, proteger el ambiente y convertir la riqueza minera en prosperidad compartida.