La paradoja de la «quiebra»: cifras oficiales contradicen el discurso de crisis del gobierno entrante en Colombia
A menos de un mes de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia, la narrativa de la administración entrante sobre recibir un «país quebrado» choca de frente con las cifras oficiales del DANE. A pesar de las advertencias de austeridad del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, los indicadores económicos del cuatrienio que termina muestran un balance histórico: la pobreza monetaria se redujo drásticamente del 36,6% en 2022 al 28% en 2025, rescatando a cerca de 3,9 millones de personas de la vulnerabilidad, mientras que el desempleo se consolidó en un solo dígito, alcanzando un mínimo del 8% en mayo de 2026.
Este panorama de estabilidad se complementa con un incremento acumulado del 39% en el salario mínimo real —que se fijó en $1.750.905 nominales para 2026 bajo la tesis del «salario vital»—, una inflación controlada que ronda el 5,8% y la entrega o formalización de más de 2,1 millones de hectáreas a través de la reforma agraria.
La solidez de estos datos reaviva los cuestionamientos hacia el pasado de Restrepo como ministro de Hacienda en la era de Iván Duque, periodo en el que se adquirió una millonaria deuda con el FMI que el saliente gobierno de Gustavo Petro pagó en su totalidad. En medio de esta transición, analistas y sectores sociales se preguntan si la retórica de la «herencia envenenada» es solo una estrategia política para justificar un severo recorte fiscal que, al igual que en el pasado, termine castigando el bolsillo de la clase media y los trabajadores.
