“Levantar la suspensión del porte de armas no significa porte libre” : Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional, a través de su vocero Miller Soto, aclaró que la reciente decisión de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego no representa, en ninguna circunstancia, la instauración de un porte libre en el país. Con la expedición del Decreto 1368 del 8 de septiembre por parte de la administración del presidente Abelardo De la Espriella, lo que se establece es el retorno al régimen ordinario, restableciendo la eficacia de aquellas autorizaciones individuales que se encuentren vigentes y cumplan a cabalidad con la Constitución y la ley.

 

​Soto enfatizó que esta medida no crea un derecho nuevo ni otorga un permiso indiscriminado, recordando que el monopolio de las armas se mantiene de forma exclusiva en cabeza del Estado tal como lo dicta el artículo 223 constitucional. En consecuencia, los ciudadanos que ya posean un permiso válido emitido por la autoridad militar competente podrán volver a ejercerlo sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Asimismo, el portavoz del Gobierno advirtió que la directriz no elimina los controles ni beneficia a quienes tengan permisos vencidos, cancelados, suspendidos individualmente o limitados estrictamente a la tenencia, así como tampoco a personas con prohibiciones o medidas judiciales vigentes. Las autoridades militares conservan intactas sus facultades para expedir, suspender, revocar y revalidar las licencias, mientras que la Policía Nacional mantiene todas sus atribuciones de inspección, vigilancia, incautación y decomiso mediante los sistemas oficiales de trazabilidad.

 

​Finalmente, al abordar el panorama de seguridad en el territorio nacional, el Ejecutivo reveló que entre el primero de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública ha incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 están vinculadas a conductas delictivas y más de 12.900 fueron decomisadas directamente por la Policía. Con estas cifras, el Gobierno ratificó que el rigor estatal se concentra en perseguir las armas ilegales y desarticular las estructuras criminales, protegiendo al ciudadano cumplidor de la ley en su camino hacia la llamada Patria Milagro.