Petro deja “amarrados” 271 millones de dólares: el fondo que ejecutará obras de agua hasta el gobierno de De la Espriella
El Gobierno de Gustavo Petro transfirió 878.587 millones de pesos (unos 271 millones de dólares) al Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida mediante un convenio interadministrativo firmado por el Ministerio de Vivienda.
Los recursos, revelados en una investigación exclusiva de la revista Cambio, servirán para contratar y ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento básico en ocho departamentos golpeados por la ola invernal de 2026.
Los territorios priorizados son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, los mismos cubiertos por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.
El alcance no se limita a la atención inmediata de los daños: incluye recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura de acueducto y alcantarillado. La estrategia está diseñada para que las inversiones se extiendan hasta el final de la administración del presidente electo Abelardo De la Espriella.
El Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida es un patrimonio autónomo creado por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su objeto incluye la administración de recursos para proyectos estratégicos de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma agraria.
Al trasladar los recursos a este vehículo, el Gobierno saliente deja comprometida la ejecución de las obras a través de un esquema que opera de manera independiente del presupuesto ordinario de los próximos años.
Desde la Casa de Nariño se presentó el convenio como una respuesta a los efectos del fenómeno climático (referido oficialmente como El Niño en comunicados de Presidencia), con prioridad en obras de acueducto y alcantarillado en zonas de alto riesgo.
La decisión se produce en pleno proceso de empalme y genera debate sobre el margen de maniobra que tendrá el próximo gobierno frente a recursos ya “amarrados” en un fondo diseñado durante la administración Petro. Mientras el oficialismo lo defiende como continuidad de la política de hábitat y resiliencia climática, críticos lo interpretan como un mecanismo para proyectar la ejecución de obras más allá del 7 de agosto de 2026.
Los documentos del convenio, según Cambio, confirman que el Fondo administrará la contratación de los proyectos en los ocho departamentos afectados, con un horizonte que supera el actual cuatrienio.
