Presidente De la Espriella ordena operación integral contra el hurto de combustibles que alimenta el narcotráfico
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, alertó este domingo sobre una situación que calificó de “absolutamente alarmante” en el hurto de combustibles y crudo en Colombia, y ordenó una respuesta inmediata y contundente del Estado.
Según la información que está recibiendo el primer mandatario, cada mes estarían siendo hurtados cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta— importados o producidos por Ecopetrol.
El mayor volumen de estas pérdidas se concentraría en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, especialmente en los departamentos de Cesar y Magdalena.
De mantenerse este ritmo, el país enfrentaría el robo de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación.
El presidente advirtió que el problema va más allá del simple apoderamiento ilegal de hidrocarburos. “Estos combustibles son utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína”, señaló, y exigió determinar cuánto del combustible hurtado termina en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte.
De acuerdo con la información en poder del Gobierno, los delincuentes estarían utilizando las denominadas “caravanas de la muerte” para cargar, transportar y escoltar el combustible robado, llegando a movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo.
“Si confirmamos que gran parte de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos solamente frente a un gigantesco robo a Ecopetrol: estamos frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas”, afirmó De la Espriella.
El mandatario también se refirió a la crítica situación del apoderamiento ilegal de crudo en distintas regiones del país, con antecedentes graves como el Oleoducto Trasandino (OTA) y el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el Catatumbo, donde la acción criminal ha afectado severamente la operación.
En ese sentido, el presidente ordenó una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes, para atacar de manera integral esta economía criminal.
“No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa; y, especialmente, determinar qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales”, enfatizó.
De la Espriella pidió inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por estas organizaciones. Dirigió un llamado directo al ministro de Defensa para que coordine personalmente la operación y entregue informes periódicos de avances.
“Cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo. Eso no va a continuar”, concluyó el jefe de Estado.
