Procuraduría cierra el caso contra Bairon Ávila: Destituido y fuera de la política hasta 2038.

En un fallo que sienta un precedente sobre la transparencia administrativa en el San Jorge cordobés, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 12 años contra Bairon Yovany Ávila Bernal, funcionario de la Alcaldía de La Apartada.

La decisión, que ya es cosa juzgada en el ámbito disciplinario, ratifica que los hechos denunciados no solo fueron reales, sino que revistieron la gravedad suficiente para apartar al implicado de cualquier cargo público por más de una década. Pese a los intentos de la defensa por descalificar la denuncia inicial, el Ministerio Público concluyó que las pruebas eran contundentes y la responsabilidad del funcionario, indiscutible.

Durante el proceso, la defensa técnica de Ávila Bernal intentó argumentar que la denuncia carecía de sustento jurídico. Sin embargo, el análisis de la Procuraduría en esta segunda etapa fue tajante: el proceso no solo fue sólido desde su origen, sino que superó todos los filtros legales sin que los argumentos defensivos lograran desvirtuar el pliego de cargos.

«No es habitual que una sanción de esta magnitud sea confirmada en segunda instancia sin reparos. Esto demuestra la solidez de la investigación”, destaca el fallo, cerrando definitivamente la puerta a cualquier recurso adicional para el funcionario.

Este caso, impulsado por las denuncias del abogado Mairon David Mesa, parece ser apenas la «punta del iceberg» en la administración municipal. La Procuraduría confirmó que mantiene abiertas otras líneas de investigación que involucran a más funcionarios y diversos contratos públicos también señalados por Mesa.

Con la ratificación del fallo, la Alcaldía de La Apartada deberá proceder con la notificación formal y el retiro inmediato del sancionado de su estructura administrativa. La decisión envía un mensaje claro a los servidores públicos de la región: la desestimación ligera de denuncias no garantiza impunidad cuando los hechos están debidamente soportados.