Procuraduría suspende al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por presunta participación indebida en política
La Procuraduría General de la Nación dictó la suspensión provisional de Carlos Carrillo de su cargo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo cargos de presunta participación indebida en política.
La drástica determinación del órgano de control busca blindar la neutralidad de los recursos y las instituciones del Estado en medio de una álgida contienda electoral, recordando la estricta prohibición que cobija a los funcionarios públicos para intervenir en debates de carácter partidista o electoral.
La sanción del Ministerio Público coincidió de manera directa con unas controvertidas declaraciones en las que Carrillo salió en defensa pública del presidente Gustavo Petro, quien ha sido blanco de críticas por su activo rol a favor de la candidatura del senador Iván Cepeda. En su pronunciamiento, el ahora suspendido jefe de la UNGRD justificó el proceder del mandatario nacional argumentando que su intervención responde a un deseo genuino de justicia social y a una profunda preocupación por el avance de un proyecto político al que calificó abiertamente de «fascista».
En sus declaraciones, que terminaron acelerando la acción disciplinaria en su contra, Carrillo se refirió a los millones de ciudadanos que apoyan la propuesta de la oposición, señalando que es comprensible la alarma del jefe de Estado cuando una masa de votantes respalda una candidatura que, a su juicio, promete «destripar a la otra mitad» del país.
A pesar de que el propio funcionario matizó sus palabras asegurando que su intención era mantenerse dentro de los límites legales de la función pública, la Procuraduría consideró que sus juicios de valor vulneraron los principios de equidad institucional.
Con esta medida, las autoridades de control envían un mensaje contundente a la administración central sobre la necesidad de mantener el equilibrio democrático de cara a los próximos comicios. La suspensión de Carrillo abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los organismos de control, en momentos en que la campaña presidencial se radicaliza y la línea entre la opinión institucional y la militancia electoral se vuelve cada vez más delgada.
